“La información que tiene el poder debe ser pública porque es de todos”

Emilio Guichot (Sevilla, 1971), doctor en Derecho Público y profesor de la Universidad de Sevilla, trabajó en 2009 y 2010 en la redacción de un proyecto de ley de transparencia con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquel texto quedó guardado en un cajón, pero ya contenía muchas de las bases que inspiran la ley que ahora impulsa el Ejecutivo de Mariano Rajoy. A ella tampoco es ajeno Guichot, que el pasado martes compareció como experto para aportar ideas ante la comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

“La palabra transparencia se ha convertido en un mantra. Sale en los discursos políticos todos los días”, advierte Guichot. “Aunque prefiero que se ponga de moda y eso lleve a leyes avanzadas que obliguen a las Administraciones a justificarse ante la opinión pública, que la desidia que ha habido en este tema durante años”, asegura el profesor. En su opinión, el debate está ahora centrado en la transparencia política por la repercusión de los últimos casos de corrupción, pero hay que extenderla a todos los ámbitos: “Desde los contratos de los Ayuntamientos, a las subvenciones que concede un Gobierno autónomo, el poder judicial y, por supuesto, los ingresos de los altos cargos”.

La ley andaluza debe  esperar la aprobación de la estatal para acabar de ser perfilada EMILIO GUICHOT

El concepto de transparencia, explica este experto, va unido al acceso a la información. “La información que tiene el poder debe ser pública porque es de todos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer en qué se gastan los fondos públicos”, afirma Guichot. No cree que la ley de transparencia sea el antídoto definitivo contra la corrupción, pero sí “un instrumento clave” para luchar contra ella. “Es una ley de profundización democrática, un paso adelante que da a los ciudadanos elementos para poder participar en el ejercicio del poder público”, afirma.

La ley de transparencia en sí misma, además de fomentar la participación ciudadana, suele generar una “dinámica virtuosa” por parte de la Administración. Algunos expertos consideran que sumar a la ley estatal una autonómica duplica esfuerzos y supone un peligro de solapamientos. Guichot no lo comparte. Vaticina que tras la ley estatal las normas autonómicas van a venir “en cascada” y, aunque la Junta pudiera regular con un decreto la adaptación de la ley nacional al ámbito autonómico, el hecho de que se legisle refuerza su contenido y dificulta que se cambie de espaldas al ciudadano.

Pero, ¿qué margen les queda a las Comunidades una vez que el Estado legisle? Por lo general, apunta Guichot, el papel de los Gobiernos regionales se podrá centrar en tres aspectos. El primero, garantizar la efectividad de ese derecho en el ámbito autonómico y local. “Pueden, por ejemplo, ampliar la lista de la información que tiene que ponerse a disposición del ciudadano sin necesidad de que lo pida”, señala el experto. La Junta podrá regular también la gestión de la información. “Hay que precisar cómo se le da al ciudadano para que sea accesible, cómo se le auxilia para que encuentre lo que busca e, incluso, elaborar guías para acercar el contenido jurídico de la ley a la comprensión de todos”, explica. Por ultimo, igual que el Estado, las Comunidades tendrán también que constituir, “un órgano independiente de control” que va a ser clave para que el ciudadano tenga garantías de que su derecho es efectivo.

Para este órgano, que en opinión de Guichot es “indispensable”, podría optarse en Andalucía por dos modelos: “Crear una nueva institución y aprovechar para entregarle también competencias en protección de datos. O atribuir esta función a los defensores del pueblo, que ya son órganos existentes y conocidos. Solo que los defensores solo dictan recomendaciones y esta ley obliga a que las decisiones sean vinculantes”, explica.

Algunas Comunidades como Galicia, Navarra o Baleares se han adelantado al Gobierno central y hace tiempo que aprobaron sus propias leyes de transparencia. ¿Son buenas experiencias de las que aprender? “Cada una de ellas responde a un momento”, afirma Guichot. La ley gallega, de 2005, fue “un buen ejemplo de publicidad activa”. “Estableció un listado de materias que debían ser publicitadas, como los contratos, las subvenciones y los nombramientos de los funcionarios. En esa materia fue una ley modélica y ha inspirado en parte al proyecto estatal”, señala Guichot. La ley navarra es “muy ambiciosa” porque no se refiere solo a la transparencia sino que apuesta por un “Gobierno abierto” en el que dialogan la Administración y el ciudadano para conseguir una mejor gestión.

“Una ley andaluza debería tener lo mejor de las autonómicas existentes, pero esperar la aprobación de la estatal para acabar de ser perfilada”, señala Guichot, que advierte que, aunque a los políticos les haya costado decidirse a impulsar estas leyes, ya no pueden mirar para otro lado. “La transparencia ha venido para quedarse”, asegura.