El número de pisos de protección oficial vacíos se duplica en tan solo seis meses
Las viviendas sociales crecen de 800 a 1.500 en medio año La crisis obliga a jóvenes en régimen de alquiler a volver a casa de sus padres
El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, anunció este miércoles que los pisos de protección oficial vacíos que dependen de la Generalitat han pasado de unos 800 a mediados del año pasado a unos 1.500 en enero de este año. La crisis ha provocado que muchos jóvenes que vivían en régimen de alquiler no pudieran pagar la cuota pactada y volvieran a casa de sus padres.
Santi Vila recordó que las familias que hayan sido desahuciadas pueden solicitar una ayuda por un máximo de 3.000 euros anuales. El Gobierno catalán calcula que la medida podrá beneficiar a unas 1.700 familias en esta situación. Según el Vila, en el último año la Generalitat sacó al mercado el 90% de las 3.264 viviendas protegidas vacías.
Para ello, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad agilizó las adjudicaciones de pisos, modificó el régimen de las viviendas de compra a alquiler y rebajó precios. Vila se ha comprometido a “blindar” las ayudas en materia de vivienda que se ofrecen a 32.000 familias.
Los datos contrastan con las cifras sobre Barcelona presentadas por el Partido Popular. Según los populares, el Ayuntamiento tiene vacíos 588 pisos de protección oficial. El líder del PP en la ciudad, Alberto Fernández Díaz, ha pedido la revisión del Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial ya que, de los 48.079 inscritos desde 2009, a 14.310 se les ha adjudicado un piso, pero el 64% ha renunciado (unos 10.000).
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) considera que el Ejecutivo no entiende la magnitud de la problemática y que se necesitan medidas valientes y estructurales. Según datos de la Plataforma, en Catalunya cada día se producen 100 desahucios y son 100.000 las familias con problemas para pagar la vivienda.
Uno de los portavoces de la PAH, Adrià Alemany, señala que la mayoría de los pisos de protección oficial eran de compra-venta y pide una intervención más directa en el mercado privado, con medidas como la aplicación de un alquiler suave que signifique tan sólo el 30% de los ingresos familiares.
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