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OPINIÓN

Inteligencia emocional

Partamos de lo que resulta inobjetable: desde hace unos meses, existen en Cataluña una mayoría política clara y una probable mayoría social —o, en todo caso, una minoría muy, muy amplia— dispuestas a explorar el ejercicio de aquello que, por ejemplo en el programa de la Assemblea de Catalunya, se denominaba “derecho de autodeterminación” y que ahora hemos dado en llamar “derecho a decidir”. Un ejercicio democrático que otras comunidades nacionales del mundo occidental y desarrollado han practicado o van a practicar a lo largo de los pasados o de los próximos lustros.

Frente a esta realidad, un Gobierno español provisto de astucia política y, sobre todo, dotado de inteligencia emocional, habría empezado a desplegar inmediatamente sus mejores artes de seducción. Si, en el origen del actual estado de la opinión catalana existe una sensación acumulativa de agravio económico, pero sobre todo de desprecio y de amenaza permanente hacia los rasgos y los sentimientos de identidad colectiva, lo inteligente sería rebajar esa tensión, calmar esos resquemores mediante gestos que sugiriesen empatía, respeto y comprensión.

Lejos de mostrarse conciliador, el PP no para de actuar de un modo que exacerba el sentimiento de agravio en Cataluña

Ya que corregir la injusticia en la financiación de la Generalitat —esa que reconoce hasta Alicia Sánchez-Camacho— no es posible a corto plazo, a La Moncloa le sería fácil mostrarse conciliadora en otros terrenos que no tienen impacto presupuestario, y sembrar así entre los catalanistas la duda de si merece la pena aventurarse por los caminos de la secesión; de si, después de todo, el Estado español no se estará dulcificando y volviendo al fin más amable con ellos.

No, no estoy sugiriendo que Rajoy imite a Aznar en aquellas ridículas declaraciones de la primavera de 1996: “El hecho diferencial catalán me produce una complacencia política y un entusiasmo intelectual bastante grande”. Pero lo cierto es que, desde antes incluso del 25-N, la offensive de charme lanzada por el Ejecutivo del PP sobre Cataluña está siendo escacharrante.

No insistiré en el efecto ígneo que tuvieron las intenciones del ministro Wert de “españolizar” a los escolares catalanes; ni en el cabreo que provocan los capitostes del PP cada vez que nos restriegan por la cara los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica, como si el dinero de dicho fondo procediese de sus ahorros, y no de los impuestos que pagamos todos, muy destacadamente los ciudadanos de Cataluña. Por comentar solamente las novedades de los últimos siete días, el pasado viernes se anunciaba el anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Y, aunque la vicepresidenta Sáenz de Santamaría tratase de quitarle hierro y de presentar la iniciativa gubernamental como algo puramente técnico, bastaba ver cómo la acogieron ciertos diarios madrileños para darse cuenta de que la futura ley será mucho más celosa de la unidad que del mercado.

El lunes siguiente, era EL PAÍS quien desvelaba otro anteproyecto del Gobierno de Rajoy, el de la Ley de Acción y Servicio Exterior. Y ahí ya no cabían disimulos sobre la voluntad del poder central de someter las relaciones internacionales de las comunidades autónomas —y singularmente las de la Generalitat— a una tutela humillante, a un férreo control de carácter ideológico-político, aunque use las coartadas del ahorro y la coordinación. O sea: cuando el Parlament acababa de aprobar la declaración soberanista, ¿qué mejor bálsamo que acentuar la sensación de un autogobierno de mentirijillas, enjaulado y con las alas cortadas?

Menos mal que en estas apareció la receta del PSOE para resolver el pleito catalán: primero, reformar la Constitución (lo que, si el PP se aviniese, requeriría una década y, si no, sería imposible); después, elaborar un nuevo Estatuto en Barcelona y someterlo al arbitrio de las Cortes Generales (otros dos años como mínimo); al fin, allá por 2025, ratificar ese Estatuto en un referéndum que supondría —¡tachán!— el ejercicio del famoso “derecho a decidir”. Me permito añadir que entonces, como en 2006, solo tendríamos que aguardar cuatro añitos más a que, recurrido por una UPyD que ya pisará los talones a PP y PSOE, el novísimo Estatuto fuese también declarado inconstitucional.