Miles de personas reclaman en Santiago la derogación del decreto del plurilingüismo
Carlos Callón: “La ley de la ‘wertgüenza’ pretende financiar la ignorancia”
Miles de personas, convocadas por la plataforma Queremos Galego, recorrieron ayer las calles de Santiago en defensa de la lengua gallega y contra la política lingüística llevada a cabo por los gobiernos del Partido Popular, tanto en la Xunta como en la Administración central. Bajo el lema Pola lingua que nos une y acompañada de una intensa lluvia, la manifestación partió pasado el mediodía de la Alameda con el objetivo de reclamar la derogación “del decretazo contra el gallego impuesto por Feijóo” así como para mostrar “total rechazo a la Ley Wert que pretende financiar con dinero público la ignorancia del gallego”, como apuntó el portavoz de Queremos Galego y presidente de A Mesa pola Normalización, Carlos Callón.
En la marcha, respaldada por todos los partidos de la oposición parlamentaria, se corearon consignas como Aínda que se molle o galego non se encolle, Nas aulas de Galiza, queremos galego o Manda carallo, nin galego nin traballo. Entre los participantes, además de representantes de los grupos políticos referidos, diversas asociaciones y entidades y numerosos rostros de la cultura gallega como el músico Xurxo Souto, el director teatral Quico Cadaval, la directora de cine Margarita Ledo o las cantantes Uxía y Ses animaron el acto final con sus voces en una Praza da Quintana llena.
Junto a ellos, los principales líderes de las tres fuerzas en la oposición. El secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, denunció la “persecución” del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo contra el gallego; Xosé Manuel Beiras (AGE) cargó contra los “nazinecios” del Partido Popular; y Francisco Jorquera (BNG) censuró la “política lengüicida” popular, al tiempo que reclamó más presupuestos de la Xunta para el idioma propio de Galicia.
El portavoz de Queremos Galego arrancó su intervención final asegurando que “el pueblo gallego sí puede contra los elementos”, en alusión a la lluvia persistente y en contraposición al “mito de la españolidad” de la Armada Española. Tras censurar la falta de ayudas al gallego del Gobierno de Núñez Feijóo, “cada vez más autoanémico”, criticó la medida del PP de pagar la enseñanza privada con fondos públicos a las familias que “no quieren oír hablar en gallego”. En esta línea, censuró que el 95% de los centros educativos de infantil en la Comunidad “no imparten nada” en esta lengua. Por ello, Callón llamó a la “unidad” de la sociedad gallega frente a los “ataques” a la lengua actuales y avisó de que van a “salir a la calle las veces que haga falta” en su defensa.
Finalmente, antes de la interpretación del Himno de Galicia, hubo un recuerdo a la figura del histórico galleguista fallecido Avelino Pousa Antelo, un incondicional de la manifestación en defensa del idioma hasta el final de su larguísima vida.
Momentos antes de partir la marcha, el portavoz de Queremos Galego explicó a los medios que esta protesta tenía como objetivos reclamar la derogación del “decretazo contra el gallego impuesto de forma unilateral” por la Xunta y cuya “ilegalidad” se ha “evidenciado” ya en varias sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Asimismo, mostró el rechazo a la “ley de la wertgüenza”, en referencia a la Ley Wert, que “pretende que se financie con dinero público la ignorancia del gallego”. En el manifiesto, leído por varios personajes públicos, se hizo hincapié en las sentencias que tumban la parte principal del “decretazo” del plurilingüismo y se abogó por una nueva norma de consenso basada en el Plan Xeral de Normalización, puesto que los tribunales “dan la razón a las personas que salen a la calle” en defensa de la lengua gallega.
Asimismo, se reclamó una enseñanza pública que tenga “como mínimo el 50%” de sus materias en gallego y un plan de formación integral para toda la ciudadanía. La intervención final se hizo en una pequeña carpa, después de que el Ayuntamiento reclamase “una fianza de 600 euros” para colocar un palco. Queremos Galego denunciará por la vía contencioso-administrativa esta decisión por “vulnerar” el derecho a la libertad de expresión.
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