El coste de la privatización ‘express’

El conflicto judicial en torno a la privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) ha hecho saltar las alarmas. La judicializada adjudicación a Acciona de la empresa no solo condiciona la posibilidad de que la Generalitat se acerque al objetivo de déficit de 2012, necesitada de recursos como nunca antes. También ha dañado la imagen de la Administración catalana, amenazada por demandas por daños y perjuicios tanto por la —de momento— compañía vencedora como por la derrotada Agbar. Pero, sobre todo, ha lanzado una sombra de duda sobre los procedimientos privatizadores iniciados en 2012 para hacer caja con la que rebajar el déficit.

La venta de ATLL y la de los túneles del Tibidabo y del Cadí ha reportado, de momento, a la Administración catalana unos ingresos de 610 millones de euros, que computan en el ejercicio de 2012; de ahí la necesidad y las prisas de cerrar las dos operaciones de venta antes de acabar el pasado año para que estos ingresos computaran en aquel ejercicio económico y redujeran el déficit.

La mayoría de los expertos consultados por este diario consideran el problema creado en torno a la concesión de ATLL a Acciona, anulada por una resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC) de la Generalitat y que ha sido recurrida por la propia Administración, como una muestra de que el proceso se ha realizado con excesivas prisas por las necesidades financieras y sin tener en cuenta los problemas que podrían conllevar en un futuro contratos a muy largo plazo. “Cuando se hacen a toda prisa, las privatizaciones no se hacen suficientemente bien y las compañías se benefician”, explica Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y responsable del grupo de investigación sobre Gestión Pública de la universidad Pompeu Fabra. En su opinión, esas decisiones llevan aparejado “problemas éticos y morales, porque son contratos de centenares de millones de euros y a futuro pueden aparecer sospechas de corrupción o problemas con la ejecución de los contratos”.

Una posición similar asume Ferran Brunet, profesor de Economía Aplicada de la universidad Autònoma de Barcelona. A su parecer, “la historia absolutamente rocambolesca” de ATLL ha mermado “la confianza en las instituciones”. En su opinión, procesos como los de la empresa pública encargada de la gestión y saneamiento del agua en alta, un servicio esencial, se tendría que haber realizado mediante un “proceso de consensos, con lentitud y transparencia” y asegurando "un contexto de seguridad jurídica”.

Otras fuentes aseguran que justamente, esas bases garantistas han sido posibles gracias a la existencia del OARCC, si bien su resolución fue posterior a la firma del contrato, provocando un galimatías de final incierto. El OARCC fue creado hace dos años, a la sombra del entonces secretario del Gobierno y hoy consejero de Justicia, Germà Gordó, y a instancias de la Unión Europea, justamente para asegurar que los litigios por la adjudicación de contratos administrativos se pudieran lidiar de forma veloz y evitando los tribunales. No ha sido, no obstante, este el caso. Agbar intenta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la revocación inmediata de la adjudicación de ATLL a Acciona mientras que la Generalitat ha recurrido el recurso de su propio organismo, el OARCC.

Joaquim Triadú, profesor de IESE y abogado de PWC, es de los que consideran que el proceso ha durado lo justo, si bien en la situación de riesgo-país de España, conseguir inversiones internacionales era difícil, como se ha demostrado con la ausencia de los grandes fondos internacionales. Tanto en el caso de ATLL como en el de la privatización de Tabasa y Cadí, con la cesión de la explotación de los túneles del Cadí y de Vallvidrera a Abertis, el proceso se prolongó durante medio año.

 Los procesos de privatización de los túneles y de la compañía de aguas tuvieron que modificar las condiciones iniciales para dar más facilidades a las empresas interesadas. En el caso de los túneles de la Generalitat, el concurso quedó inicialmente desierto por falta de ofertas y solo en un procedimiento negociado que se prolongó un mes se adjudicó a Abertis, el grupo crecido a la sombra de La Caixa. Abertis pagará 430 millones de euros por la concesión de las vías, pero con plazos más flexibles.

La rapidez en el proceso, la crisis económica y la acuciante necesidad de las arcas de la Generalitat de conseguir recursos antes del cierre del ejercicio 2012 han contado con un vencedor claro: las compañías adjudicatarias, y entre ellas, una especialmente, el banco brasileño BTG Pactual, socio financiero de las dos alianzas empresariales vencedoras.

La Generalitat inicia la externalización del Centro de Telecomunicaciones

“La situación ha provocado poca concurrencia y, de hecho, que las tres empresas [Acciona, Agbar y Abertis] que han participado en ambos concursos sean españolas”, señala Triadú. Y, claro, a menos competencia, menor previsión de ingresos. Las compañías tenían unos problemas de partida que obligaron a la Generalitat a rebajar un precio que en otro momento podría haber sido superior. Según las fuentes consultadas, estos problemas fueron las dificultades de encontrar recursos en el mercado con los que financiar la operación por la crisis. Este último factor es relevante en el caso de Tabasa y Cadí, que han sido vendidas en su peor momento a causa de la caída del tráfico, si bien la duración de la concesión, 25 años en este caso, debería resolver ese problema. “Las empresas saben perfectamente cuándo la Administración está en situación de ahogo y, además, los precios que cobran los bancos por sus préstamos acaban siendo tenidos en cuenta en el precio de venta”, subraya Triadú.

La mayoría de los expertos consultados no cuestionan la privatización de un servicio esencial como el saneamiento del agua. Consideran que es un proceso de externalización que se está llevando a cabo con cierto éxito. La cuestión es si, en tiempos de crisis, ese proceso debe suponer un incremento del precio público del agua, en parte porque la compañía que la va explotar argumenta su interés en el negocio por un beneficio económico que en el caso de la Administración no existe.

Acciona aseguraba unas tarifas más económicas que, en el caso de que Agbar se acabara quedando cone el concurso, pueden subir el 8,5% más, según fuentes del sector. ¿Cómo podía Acciona, que no puede conseguir las economías de escala y sinergias que sí están al alcance de Agbar —con mucha presencia en el área metropolitana de Barcelona—, asegurar un agua más barata? Sigue siendo una incógnita y Agbar sostiene que la oferta de Acciona es inviable económicamente.

Otra pregunta la arroja Agustí Colom, profesor de Teoría Económica de la universidad de Barcelona. “¿Por qué se privatizan negocios rentables para la Generalitat y, a la vez, la Administración se queda pistas de esquí, que no lo son?” A lo que responde con una afirmación que se ha situado como máxima de la izquierda: “Socializar pérdidas y privatizar beneficios”. En el caso de Tabasa, sus beneficios servían para invertir en nuevos modelos de movilidad, como los carriles de alta ocupación o la construcción del túnel de maniobra de la estación de Ferrocarriles de la Generalitat en la plaza de Catalunya.

“La cuestión es no dar el poder a los otros”, subraya Ramió, muy crítico con el proceso de externalización que el Gobierno catalán también ha emprendido en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, y que supone la cesión de las redes por las que fluye toda la información de la Generalitat. “Ese es el sistema nervioso de la Administración y por donde una empresa te puede condicionar o coaccionar”, denuncia Ramió.