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La Generalitat gastó 38 millones más por retrasos en las obras del nuevo Sant Pau

La Sindicatura de Cuentas denuncia falta de transparencia y publicidad en la adjudicación

El hospital de Sant Pau vivió en 2012 su particular annus horribilis. A los pagos irregulares, las adjudicaciones sin concurso y los sobresueldos que percibían algunos exdirectivos, ahora se le suma la denuncia que hizo pública ayer la Sindicatura de Cuentas. Según un informe del organismo público, la Generalitat financió las obras del nuevo hospital, que estaban “faltas de transparencia y publicidad”. El texto revela también que 38,5 millones de euros, de los 217 que costó la construcción del edificio, fueron para pagar gastos derivados del retraso en las obras como liquidación de intereses e indemnizaciones. En el mismo informe, la Sindicatura no encuentra motivo “suficiente” que justifique el retraso de más de tres años con el que se terminó el edificio.

El año pasado EL PAIS publicó los sobrecostes del nuevo hospital que la Generalitat se había compremetido a financiar cuando entró a formar parte del consejo de administración del hospital de Sant Pau, la Muy Ilustre Administración, conocida por sus siglas: MIA. Según los informes internos del propio hospital a los que tuvo acceso este diario, el sobrecoste del nuevo hospital fue de 77 millones de euros, con lo que el valor toral de las obras ascendió a casi 300 millones.

A raíz de la información aparecida en este diario, la oposición, excepto el PSC, pidió a CiU una investigación que aclarara las cuentas de la nueva sede. La MIA, que gestiona el hospital de Sant Pau, y que gestionó unas obras que empezaron en 2001, está compuesta a partes iguales por miembros del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Arzobispado de Barcelona.

El proyecto se dividió en cuatro fases. La primera y la cuarta se adjudicaron en concurso publico en los años 2000 y 2006, mientras que las otras dos, cuyo coste ascendió a 70,9 millones de euros se concedieron “directamente” en el año 2002, revela el informe de la Sindicatura, órgano público encargado de supervisar los gastos de la Generalitat. Según los informes a los que tuvo acceso este diario, solo estas dos fases tuvieron un sobrecoste de más de 13 millones.

Con motivo del primer concurso, las empresas OHL, Emte y Guinovart formaron una unión temporal de empresas (UTE), a la que se le concedió las tres primeras fases de la obra. La cuarta fase lo ganó otro grupo liderado por Axioma-Dragados. Según el informe de la Sindicatura, el incremento del precio presupuestado con respecto al final fue de un 32% en la primera fase, un 23% en la segunda y un 44% en la última. Esta etapa fue especialmente ruinosa para las arcas públicas, ya que a los 58 millones de euros presupuestados se le tuvo que sumar otros 50 millones para finalizar la segunda fase que no había sido ejecutada en su totalidad por la primera UTE.