El Ararteko reclama al Gobierno que anule los recortes en ayudas sociales

En uno de los momentos más duros de la crisis, con unas 114.000 personas en situación de pobreza real, según datos oficiales, el Ararteko se pronuncia sobre los cambios realizado en la herramienta más potente de que dispone Euskadi para combatir la pobreza: el sistema de ayudas sociales, el más relevante de toda España. El Defensor del Pueblo vasco considera, tras realizar un análisis de oficio, que el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales debe desandar el camino iniciado hace ahora dos años por la entonces consejera Gemma Zabaleta sobre las Ayudas de Emergencia Social (AES), modificaciones que “han dejado fuera de la cobertura a numerosas personas en una situación precaria”, según el Ararteko.

En su recomendación, la institución que encabeza Iñigo Lamarca pide a los responsables del departamento, que ahora encabeza Juan María Aburto, que no apliquen en 2013 unas medidas, que, a su juicio, suponen un “endurecimiento de los requisitos patrimoniales” con la intención de “restringir el acceso” a las ayudas.

Eudel, la asociación que agrupa a los 251 Ayuntamientos vascos, ya advirtió en 2011 que los cambios aprobados por el Gobierno socialista dejarían fuera al 35% de las personas que habían pedido la ayuda en años anteriores, en torno a 6.700 personas, según datos de 2010.

Fuentes de la consejería explicaron que hasta que no haya nuevos presupuestos o una prórroga de los actuales no podrán aprobar otra orden distinta.

Zabaleta rebajó el patrimonio máximo para poder pedir las AES

El Ararteko plantea una dura crítica a la orden publicada en 2011 por el Gobierno socialista —un calco de la orden del año anterior—, que fijaba la concesión de las AES para 2012. Estas ayudas puntuales para familias que no pueden afrontar un gasto concreto, como la factura de la luz o la compra de un frigorífico, son gestionadas por los Ayuntamientos con dinero del Gobierno, que fija año a año las cantidades que destina a las mismas a través de una orden de la consejería.

Las otras dos principales ayudas sociales que se conceden en Euskadi —la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), de mayores cuantías— se hallan en manos de Lanbide desde hace un año.

Lamarca considera que el departamento de Zabaleta solo podía en su orden hacer cambios en los presupuestos globales y en las cantidades máximas por cada concepto. Por ejemplo, en 2012 el máximo para pagar facturas del hogar, como el agua, el alcantarillado o el IBI, bajó de los 1.110 euros del año anterior a 555.

En cambio, Zabaleta cambió los requisitos de acceso, lo que el Defensor considera que no podía hacer. La razón que esgrime el Ararteko es que variarlos requisitos de patrimonio para acceder a las ayudas supone modificar lo establecido por una ley, con la de Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, de 2008, usando una norma de rango menor, algo prohibido por la Constitución. La ley de ayudas sociales establece criterios más amplios de acceso y a los que se podrían acoger más personas que la orden que ha estado en vigor todo el último año.

La normativa “no le facultaría [al departamento] para modificar, de manera además restrictiva, los criterios de acceso” a las ayudas, insiste el Ararteko. De hecho, la consejería socialista pactó con el PP en 2011 restricciones en el acceso a la Renta de Garantía y a la prestación de vivienda, pero esta vez sí reformó la ley.

Lamarca indica que muchas personas han quedado en “situación precaria”

Los cambios son de calado. Los límites máximos de patrimonio que fija la ley para pedir una de estas ayudas se sitúan entre 29.400 y 41.700 euros en función del número de miembros de la familia. Sin embargo, para 2011 y 2012 Zabaleta ordenó que solo pudiesen pedir las AES quienes tuviesen un patrimonio máximo de 8.000 euros. Además, se eliminó la variable del tipo de familia, detalla el Defensor en su informe.

La consecuencia es que “no se aseguraría la libre concurrencia de las personas que efectivamente reúnen los requisitos establecidos por la normativa reguladora, impidiendo así el acceso a las mencionadas ayudas en un plano de igualdad”, razona el Ararteko. El cambio ha motivado “numerosas quejas” a su institución.

El departamento de Zabaleta replicó al Defensor que tenía que tomar medidas para que los 17,3 millones destinados a esta partida se emplearan para “hacer frente a las necesidades más acuciantes”. Las AES no son un derecho subjetivo, como la Renta de Garantía o la Prestación de Vivienda. Estas dos últimas ayudas obligan al Gobierno a ampliar el dinero destinado a las mismas siempre que haya personas que las soliciten y cumplan los requisitos, aunque el presupuesto inicial se hubiese acabado. De hecho, en diciembre se amplió en casi 60 millones de euros más. En cambio, las AES cuentan con un presupuesto fijo que se reparte entre los Ayuntamientos.

Los consistorios deciden qué hacer cuando se acaba el dinero: en algunos casos se dejan de conceder las AES; en otros, los Ayuntamientos echan mano de fondos propios.

La falta de dinero obligó en 2010 al Gobierno socialista a ampliar la partida. Al finales de ese año, planteó su solución: en lugar de destinar más recursos, entrecerró la puerta de entrada a las ayudas a través de la orden que ahora critica el Ararteko. La medida funcionó: en diciembre de 2011, de los 17,3 millones previstos solo se habían gastado 13,4.