La Generalitat y Acciona formalizan la privatización de Aguas Ter-Llobregat

Todo está a punto para que Aguas Ter-Llobregat empiece el año 2013 gestionada por la iniciativa privada. La Generalitat y Acciona Agua han firmado esta mañana el contrato de concesión de la empresa pública, cuya gestión quedará privatizada durante los próximos 50 años a cambio de un canon cercano a los 1.000 millones de euros.

Con la rúbrica del acuerdo, la Administración catalana se aseguró el cobro del primer tramo del canon, que asciende a 298,65 millones de euros y en el que ha participado Banco Santander, según informaron fuentes del sector. Acciona Agua lidera el consorcio que se adjudicó el concurso frente a la oferta liderada por Agbar. Junto a la constructora madrileña, que controla el 39% de la sociedad ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, figura el banco brasileño BTG Pactual (que tiene también un 39%) y otros inversores.

El acto protocolario se produjo a tres días del cierre del ejercicio 2012, pero garantiza a la Generalitat unos recursos con los que ya contaba para enjugar el déficit de este ejercicio y evitar así desviarse excesivamente del objetivo del 1,5% fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno catalán prevé poder apuntarse este año no solo los 298,6 millones ingresados ayer, sino el total de la operación.

Lo mismo ocurre con la otra privatización en ciernes, la de las vías de peaje de las antiguas Tabasa y Cadí, los túneles de Vallvidrera y del Cadí. Abertis se la ha adjudicado por un importe de 430 millones de euros, pero la operación está pendiente de su formalización.

En el caso de Aguas Ter-Llobregat, la nueva concesionaria se encargará de la gestión del agua en alta. Esto es la captación del agua desde las cuencas de los ríos Ter y Llobregat y de las desalinizadoras de El Prat y de La Tordera y su canalización hasta los depósitos municipales. Para ello, ATLL también se encarga del tratamiento, que realiza a través de dos plantas potabilizadoras.

La privatización de Aguas Ter-Llobregat, así como la creación de una sociedad mixta entre el Área Metropolitana de Barcelona y Agbar para gestionar el agua en baja (hasta los hogares), ha suscitado polémica en el sector y entre las plataformas vecinales y ecologistas. Estas últimas sopesan lanzar una campaña de desobediencia civil para que los hogares barceloneses no paguen el recibo del agua en protesta por lo que consideran que ha derivado en un encarecimiento del agua.

Agbar ha impugnado la adjudicación a Acciona y ha denunciado a la Generalitat por "trato de favor" en su decisión.