El Gobierno de Fabra heredó prácticas que propiciaron el saqueo de Emarsa

La Generalitat Valenciana gestiona la red de depuradoras a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que financia los costes de explotación de las estaciones de depuración de forma ordinaria o mediante convenios. Ese último fue el mecanismo que se utilizó entre 2005 y 2010 en el saqueo de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), una sociedad pública encargada de la estación depuradora del área de Valencia, una de las más grandes de Europa. Según la investigación judicial, en la que ya están imputadas 40 personas, entre ellas el exgerente de Epsar, José Juan Morenilla, y su exjefe de explotación, Ignacio Bernácer, los responables de Emarsa y de Epsar se concertaron para defraudar varios millones de euros (la cifra está por establecer) sobrevalorando el coste de los tratamientos de lodos y facturando trabajos que no se llevaron a cabo.

Eso fue posible, según el juez Vicente Ríos, que instruye el caso, porque la comisión creada para el seguimiento del convenio con la depuradora metropolitana ubicada en la pedanía valenciana de Pinedo estableció precios de 42 euros por tonelada de lodos tratados cuando su coste real no superaba los 18 euros por tonelada. En las reuniones de la comisión de seguimiento no participaron los técnicos que preveía el convenio, de manera que, supuestamente, el que fue presidente de Emarsa, Enrique Crespo, y el gerente, Esteban Cuesta, también imputados, pudieron concertar los precios sin problemas con Morenilla y Bernácer.

El informe de la Sindicatura de Comptes de 2011, en el apartado dedicado a las empresas públicas, revela que la Epsar mantenía ese año, cuando ya había estallado el escándalo y había sido relevado Francisco Camps por Alberto Fabra en la presidencia de la Generalitat, las prácticas que propiciaron el saqueo de la depuradora de Pinedo. “La mayoría de los convenios revisados”, se lee en el informe, “prevén la constitución de una comisión mixta de seguimiento que debe reunirse anualmente (...) Los convenios revisados establecen que para que la constitución de dicha comisión mixta sea válida es necesaria la presencia de todos sus miembros. La revisión de las actas anuales de las referidas comisiones pone de manifiesto diversas incidencias relativas a las asistencia de sus componentes, lo que cuestiona la validez de dichas reuniones y los acuerdos adoptados”.

Por otra parte, al fiscalizar la contratación general, la Sindicatura destaca que el Registro de Contratos no incluye la información de las entidades públicas a las que se considera “medio propio” como Vaersa, Tragsa o el IVVSA. El informe apunta que en 2011 se ejecutaron 129 contratos de este tipo por un importe de 66,7 millones. La utilización de entidades como Vaersa está actualmente en entredicho porque su personal ejerce responsabilidades que corresponden a funcionarios.