“Mi prioridad es evitar que los recortes afecten a derechos sociales”

A José Cholbi (Xàbia, 1938) se le encoje el estómago al analizar las situaciones dramáticas y desesperantes que la actual crisis económica está causando en decenas de hogares. El Síndic de Greuges insta a las administraciones a “dedicar todos sus esfuerzos” a dar respuesta a los más necesitados. Como consecuencia de la actual situación, el número de quejas que recibe el Defensor del Pueblo de los valencianos ha aumentado un 20%.

Pregunta. ¿En qué medida la crisis económica ha provocado un aumento de las quejas que usted tramita?

Respuesta. La crisis económica ha condicionado la labor de la Sindicatura durante los últimos años. Las quejas por el retraso en el pago a los proveedores o en las ayudas y subvenciones han generado un aumento del 20% de las protestas respecto del año anterior.

P. ¿Cómo está actuando la Administración ante la actual crisis en la atención a los desfavorecidos?

R. La institución es consciente de la dimensión y las consecuencias de la crisis económica y del estrecho margen con que cuentan las instituciones públicas. No obstante, es mi obligación recordar a los poderes públicos la necesidad de ser cuidadosos en las reducciones presupuestarias, y sobre todo, a la hora de establecer prioridades para evitar que los recortes afecten a los derechos sociales de los más desfavorecidos. La Administración pone interés, pero tiene escasez de medios.

“Las quejas por el retraso en el pago han subido el 20%”

P. ¿La crisis ha modificado el tipo de quejas que llegan a la Sindicatura?

R. Sí. Durante los años de bonanza el mayor número de queja versaba sobre temas de urbanismo, pero en la actualidad han aumentado considerablemente las quejas sobre servicios sociales, subvenciones, empleo, pagos a proveedores y acceso a la vivienda. No obstante, quiero subrayar que las quejas contra la Administración local, sobre todo aquellas que se refieren a los silencios de algunos Ayuntamientos ante peticiones de información no han disminuido.

P. ¿Los recortes cuestionan el Estado de bienestar?

R. Estamos atravesando una situación de crisis económica impensable hace tan solo unos años y que está provocando demasiados estragos en nuestra sociedad. Mi prioridad es evitar que los recortes que se están adoptando para reducir el gasto público mermen o afecten a los derechos sociales de las personas (sanidad, educación y servicios sociales)

“El 84% de las recomendaciones fueron aceptadas en la Administración”

P. ¿Son útiles las reclamaciones al Síndic?

R. Estoy convencido de que sí. Daré un dato: de 1.413 recomendaciones emitidas por el Síndic durante el año pasado, 1187 fueron aceptadas por la administración, el 84%. Otro dato: de un total de 5.241 quejas cerradas durante el año 2011, el problema denunciado se ha solucionado de forma favorable para los ciudadanos en 4.549 casos

P. La atención sanitaria de los extranjeros también está en peligro. ¿Ha llegado alguna queja al respecto?

R. El derecho a la asistencia sanitaria es competencia del Defensor del Pueblo. No obstante, desde nuestra institución tenemos conocimiento de los problemas que tienen los extranjeros cuando intentan obtener su tarjeta sanitaria individual este problema de los extranjeros de la Agencia Valenciana de Salud y pueden <CF1000>tener la seguridad de que el Síndic de Greuges no va a dejar desamparado a ningún inmigrante sin documentación y, que hará todo lo posible para que reciba la asistencia sanitaria que necesite.

P. ¿Cuál es la situación del sistema de protección a la infancia de 0 a 6 años?

R. Las situaciones más dramáticas se producen en los casos de niños y niñas que, en demasiadas ocasiones, se ven sometidos a una desprotección familiar grave, lo que obliga a la Administración Pública a aplicar medidas de protección que suponen, en realidad, la separación de sus familiares, una veces de forma temporal y otras de forma definitiva. La Sindicatura apuesta por la mejora y ampliación de los programas de acogimiento familiar como la medida más adecuada para la atención de estos menores de 0 a 6 años que deban ser separados de sus familias.

P. Usted advirtió del efecto disuasorio que tienen las nuevas tasas judiciales.

R. Considero que algunas de las nuevas tasas judiciales son excesivas. Hay muchas personas que no cumplen con los requisitos para tener derecho a la justicia gratuita, por lo tanto, esta subida de tasas dificultará el acceso a la Justicia a muchos ciudadanos.

P. Una persona con su amplia trayectoria, qué piensa del descrédito de la clase política.

R. La sociedad debe exigir a sus mandatarios la máxima responsabilidad, reforzando el control ético, y sobre todo acentuando la transparencia y mecanismos de control en sus actuaciones. Los responsables políticos deben someterse al control público y rendir cuentas de sus actividades. Facilitar información y obtener un elevado nivel de transparencia forma parte de la legitimidad de toda Administración moderna.

P. Los defensores del pueblo de toda España se reunieron en Oviedo para hablar de los problemas de la vivienda y de los desahucios. ¿A qué conclusiones llegaron?

R. La situación es dramática y afecta a demasiadas personas, a muchísimas familias y a colectivos especialmente vulnerables. Los defensores estamos obligados a demandar a los poderes públicos las reformas normativas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda. Hay que tomar urgentemente medidas para la protección eficaz del derecho constitucional de la vivienda en un entorno de crisis económica. Como conclusiones definitivas yo destacaría la de ampliar los supuestos de los beneficiarios de las normas que han sido aprobadas recientemente para proteger a los deudores en riesgo de ejecución hipotecaria, promover el alquiler de las viviendas como alternativa al desahucio; incrementar los supuestos de acogimiento a las medidas de reestructuración de las deudas hipotecarias y poner en marcha de forma urgente el Fondo Social de Viviendas y dotarlo de los suficientes inmuebles para dar respuesta a los desahuciados por circunstancias sobrevenidas.