ERC aspira a mitigar un 25% los recortes previstos en 2013

Esquerra ha asumido sin problemas los cálculos de CiU que aseguran que el próximo ejercicio la Generalitat deberá reducir 4.000 millones de euros de déficit para hacer creíble el cumplimiento del objetivo del 0,7% fijado por Madrid. Ninguna de las dos formaciones desea entrar en una batalla derivada de ese incumplimiento y es ahí donde ERC ha querido dejar su impronta, presionando al alza sobre la base de ingresos con una mayor presión impositiva para intentar reducir un 25% el recorte e intentar modular los recortes. Los republicanos asumen la política presupuestaria llevada a cabo por los nacionalistas en los dos últimos años, pero intentan matizarla.

Así, CiU contará los próximos cuatro años con el apoyo republicano para seguir por la senda de las privatizaciones, iniciada por el consejero Andreu Mas-Colell este año tras adjudicar Aguas Ter-Llobregat o Tabasa. A cambio, asume la creación de nuevos impuestos o la recuperación de otros que el Gobierno de Artur Mas modificó hasta hacerlos casi inapreciables, como es el caso del impuesto de sucesiones. También subirá el de transmisiones patrimoniales, que se actualizará para equipararlo a la subida del IVA e igualar así los impuestos que se pagan por una vivienda o un vehículo nuevo que uno de segunda mano. También se rebajará el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio.

La impronta de ERC es evidente también en posibles gravámenes sobre la emisión de gases contaminantes —los que emiten los aviones cuando despegan— o la producción de residuos nucleares, así como el tributo sobre las bebidas de refresco con exceso de azúcar o sobre los pisos vacíos, como ayer enumeró Mas en el Parlamento.

El impacto de la nueva tributación, según cálculos de ERC no confirmados por CiU, podría suponer una recaudación anual para la Generalitat de 1.000 millones de euros, a los que se tendrán que sumar los que lleguen de las posibles privatizaciones. ¿Cómo contribuirá ERC para llegar hasta 4.000 millones?

Siguiendo y ahondando en los recortes que en los dos últimos años han diezmado los Presupuestos de la Generalitat. El pacto suscrito por Artur Mas y Oriol Junqueras incluso asume que se tendrá que mantener el plan de “racionalización y ahorro” en la función pública, en la que el actual Ejecutivo ha introducido diferentes recortes salariales además de reducir la plantilla en más de 5.000 trabajadores eventuales.

Una de las novedades del acuerdo de legislatura es el “contrato-programa” que asegurará que determinados recortes sean reversibles en caso de que los ingresos de la Generalitat vuelvan a recuperarse. Asimismo, el acuerdo exige excepciones para determinados recortes, especialmente cuando tengan repercusión directa sobre colectivos en peligro de exclusión o que pongan en peligro la inyección de recursos económicos en la economía productiva, frenando las posibilidades de reactivar la economía catalana.

En el caso del euro por receta, CiU se compromete a excluir a determinados colectivos y lo mismo sucede en el caso del copago judicial cuando se trate de la prestación de servicios personales y materiales para garantizar “la tutela judicial efectiva”.

El pacto también incluye una de las denuncias sistemáticas que ha realizado Mas en los últimos meses: la deslealtad del Gobierno central en el reparto del cumplimiento del déficit. Bruselas ha fijado en el 4,5% el déficit máximo en que podrán incurrir todas las estructuras de la Administración española en 2013. El Gobierno central se reserva el 3,8%, mientras que obliga a las autonomías a cumplir un restrictivo 0,7%. El Ejecutivo catalán exige que ese límite crezca hasta el 1,5% que, a su juicio, sería el porcentaje que les correspondería de acuerdo con su nivel de gasto.

Las cosas han cambiado mucho en un año: Cataluña aprobó su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria anticipándose a la que se promulgó en el Congreso. Con las finanzas ahora ahogadas, CiU y ERC han pactado una modificación de esa ley que recogerá la injusticia de la distribución del déficit y una cláusula adicional que contempla que el Ejecutivo se comprometerá a revertir los ajustes aplicados en los servicios públicos básicos en cuanto mejore la situación económica.