PSC y PP cargan contra la “gratificación extraordinaria” aprobada por Trias

La decisión del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, de aprobar sin pasar por el plenario una “gratificación extraordinaria” para los 10.000 empleados municipales ha dividido el pleno del Ayuntamiento. Los principales partidos de la oposición, PSC y PP, se oponen a la medida, que no se tendrá que votar porque se ha aprobado mediante un despacho de oficio, por lo que no tendrá que ser ratificado en el plenario del próximo viernes.

Los socialistas están a favor de avanzar la paga extra de verano, tal y como aprobaron los trabajadores, pero censuran la creación de la paga por “productividad” que se pagará antes de que concluya el año porque considera que Trias “compra la paz social en el Ayuntamiento”, en palabras de Jordi Martí, presidente del grupo socialista municipal. Javier Mulleras, del PP, sostiene en cambio que con su iniciativa “el alcalde abre una etapa de incertidumbre jurídica con algo tan sensible como los sueldos del personal del Ayuntamiento”.

El decreto de Alcaldía publicado el pasado martes da vía libre al acuerdo sindical que prorroga el convenio colectivo de la plantilla hasta 2015. Para ello los sindicatos se han asegurado que los trabajadores municipales se embolsen este año una “paga por productividad” que oscilará entre los 700 y los 900 euros (el PSC amplía este techo hasta los 1.000 euros) en plena etapa de recortes en las administraciones públicas. Ese pago tendrá un coste de alrededor de 7 millones de euros pero tiene un punto adicional, ya que a partir de enero de 2013 los funcionarios municipales verán como sus nóminas recuperan los complementos por carrera profesional que el exalcalde Jordi Hereu tuvo que suprimir por el decreto ley de aprobó el Ejecutivo central en mayo de 2010. Esa medida tendrá un efecto de otros siete millones de euros anuales.

Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) y Unitat per Barcelona defienden la medida justo por ese punto. Quim Mestre, de ICV, considera que la gratificación no hace otra cosa que “compensar el poder adquisitivo que han perdido los trabajadores en los últimos años” y que los informes elaborados por el Ayuntamiento aseguran su legalidad.

Nada que ver con la opinión de Martín, que acusa a Trias de haber cogido “el camino más fácil”, “huyendo del conflicto” y rompiendo lo que considera que fue un continuo durante los sucesivos gobiernos socialistas de la ciudad: “la defensa del dinero público” y “el equilibrio entre una retribución proporcionada y justa y el trabajo de los trabajadores municipales”.