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CRC se quedó con 145.000 euros donados por la Marató de TV-3

La empresa también desvió otros 200.000 euros de la Pompeu Fabra y el Instituto Carlos III Las deudas de la compañía que llevaron a la quiebra a la fundación IAT superan los 5,3 millones La televisión catalana asegura que "es la primera vez" que sus subvenciones sufren un fraude

Oriol Güell
Edificio del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, sede de IAT.
Edificio del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, sede de IAT.VICENÇ GIMÉNEZ

La quiebra de la fundación Instituto de Alta Tecnología (IAT) esconde episodios sonrojantes para la que fue una de las empresas más mimadas por las Administraciones en la sanidad catalana, el grupo CRC. El holding desvió en 2010 y 2011 casi 350.000 euros recibidos por IAT desde varias instituciones para programas de investigación. El dinero supuestamente fue usado para cubrir necesidades de las empresas de CRC.

El administrador concursal, en un informe entregado al juzgado que lleva el caso —Primera Instancia 46 de Barcelona—, destaca que CRC se aprovechó del control que tenía sobre IAT para “solicitar, tramitar y obtener sendas subvenciones”, cuyos importes acabaron por tener “otro destino pues, en definitiva, el dinero ni está [en la fundación] ni se le espera”.

La mayor de las subvenciones desviadas por CRC tiene una elevada carga simbólica en Cataluña, ya que fue concedida por la fundación de la Marató de TV-3, iniciativa en la que decenas de miles de catalanes aportan dinero para alguna causa. Se trata de 145.485,61 euros, que el 19 de marzo de 2010 la Marató decidió conceder al proyecto de uno de los investigadores del IAT como primera anualidad de las tres previstas. Aunque la Marató apoya proyectos e investigadores concretos, tuvo que pagar la subvención a través de IAT, momento en el que el dinero fue desviado.

Un portavoz de la Marató confirmó ayer que la organización ha buscado fórmulas y “ha hecho gestiones ante el administrador concursal” para desbloquear la situación e intentar que el dinero llegue al investigador becado.

La Marató informó de que el dinero desviado por CRC procede de la edición de 2008 de la colecta y que lo ocurrido ha causado un hondo malestar en la organización: “En los últimos años hemos apoyado más de 600 proyectos de investigación y es la primera vez que ocurre algo parecido”. Pese a ello, añade la organización, “la voluntad de todas las partes es seguir con el proyecto adelante, ya que fue elegido en su momento entre los mejores que se presentaron al concurso”.

También la Universidad Pompeu Fabra se ha visto atrapada por las prácticas de CRC, a quien el administrador concursal atribuye unas deudas de 5,3 millones con la fundación IAT. De ellos, según una auditoría pericial encargada por el juez, 3,27 millones corresponden a todo tipo de servicios y materiales que CRC cargó a IAT cuando en realidad eran para uso propio.

Según la documentación en poder del juez, la universidad adjudicó 75.122,74 euros a IAT en octubre de 2010 y otros 17.633,77 en enero de 2011. Un portavoz de la Pompeu Fabra asegura que el dinero iba destinado a un grupo de investigación dentro del proyecto europeo PHECOMP, aunque admite que no puede confirmar el destino final de los fondos, informa Ivanna Vallespín.

La tercera institución afectada es el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, dependiente del Ministerio de Sanidad. En sendas subvenciones concedidas en enero y diciembre de 2010, el Instituto adjudicó a IAT un total de 105.572,5 euros, dinero que como en los otros casos fueron destinados a otros fines. Un portavoz de este organismo declinó ayer ofrecer su versión sobre lo ocurrido.

Lo ocurrido con las subvenciones desviadas ilustra bien lo sucedido con IAT entre 2008 y 2010, cuando la fundación fue manejada a su antojo por los directivos de CRC ante la aparente displicencia de los patronos de los tres hospitales que también formaban parte de la fundación: Clínic, Vall d’Hebron y Mar. Cada uno de estos tres centros ha perdido con la quiebra de IAT los 160.000 euros de aportación fundacional.

Las maniobras de CRC en la fundación —entidad que dirigía pese a aportar solo una cuarta parte de los fondos fundacionales gracias a un acuerdo con los tres hospitales— podrían acarrear responsabilidades para los dos principales gestores del holding: Carlos Sanpons y Norberto Galindo, ya que el administrador cree que existen “motivos para fundamentar la calificación culpable del concurso de acreedores”. CRC, que gestiona el servicio de diagnóstico por imagen de una veintena de hospitales tras sucesivas privatizaciones, presentó asimismo suspensión de pagos el pasado mes de septiembre.

PSC, PPC, ICV y C’s registran la petición de la comisión sanitaria

Los grupos del PSC, PPC, ICV-EUiA y Ciutadans registraron ayer en el Parlament la solicitud de reapertura de las dos comisiones de investigación que quedaron en suspenso la pasada legislatura, la de entidades financieras por la crisis de las cajas y la de los escándalos sanitarios. Las cuatro formaciones confían en que ERC no se alíe con CiU para rechazarlas. La convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas propició que las comisiones de investigación sobre las entidades financieras y las participaciones preferentes, así como la que abordaba las presuntas irregularidades en la sanidad pública, quedasen paralizadas, por lo que estos cuatro grupos se comprometieron a retomar las investigaciones en el nuevo Parlament.

Según explicaron sus portavoces parlamentarios, la comisión sobre las entidades financieras se convocará de forma automática, mientras que la de salud deberá ser debatida y votada en un pleno. En este contexto, tanto PPC como Ciutadans han sido tajantes a la hora de apelar a ERC para que se sume y vote a favor de la reanudación de la comisión de sanidad. “Hay que ver ahora el papel que asume la mayoría parlamentaria y los que quieren tener el papel de principal partido de la oposición (ERC), si realmente son el primero de la oposición o el segundo del Gobierno”, subrayó el portavoz de PPC, Santi Rodríguez.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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