El presidente del Tribunal Superior vasco cree que el recurso no frenará la extra

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, cree que el Gobierno central y el Tribunal Constitucional llegarán tarde en su intento de frenar el abono de la paga extra a los 70.000 funcionarios vascos, si el Gabinete socialista de Patxi López ya ha dado —como dice que ha hecho— la orden de pago.

Celaá reitera su "firme voluntad" de liberar la paga de navidad

Según aseguró este jueves el jurista, “si ya se ha ejecutado, no hay nada que hacer” por parte del Tribunal Constitucional. Eso sí, “si no se ha dado la orden de pago”, la paga de Navidad de los funcionarios estaría en el aire.

El Gobierno vasco sostiene, que, al menos por su parte, el proceso ya es imparable. Fuentes oficiales del departamento de Administración Pública aseguraron el pasado día 28 de noviembre que la orden para librar los 207 millones que supone la extra “había sido dada” —es decir firmada— aquella misma mañana por el responsable, en este caso la directora de Función Pública, como se hace todos los años por estas fechas.

El Consejo de Estado considera suficiente que el Gobierno vasco haya expresado su voluntad para que el central presente un recurso

La suspensión cautelar del Tribunal Constitucional (TC) “solo se puede proyectar sobre actuaciones que estén por ejecutar, no sobre aquellas que ya se hayan ejecutado”, señaló Juan Luis Ibarra durante la celebración en Vitoria del Día de la Constitución.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha impugnado ante el Constitucional la decisión de abonar la paga, porque entiende que incumple el decreto ley de julio pasado de medidas adicionales en el que eliminaba la extra de Navidad para todos los funcionarios españoles. Por tratarse de legislación básica, es de aplicación para todas las Administraciones.

El Gobierno vasco, sin embargo, tomó la decisión de abonarla después de encargar un estudio jurídico que no solo le autorizaba a pagar la extra sino que lo consideraba obligatorio. Según este informe, el decreto ley y los presupuestos vascos en los que figura la extra son leyes encadenadas: para cumplir la primera hay que modificar legislativamente la segunda. En el caso de Euskadi no ha habido plazo en el Parlamento para legislar desde julio, debido al adelanto electoral. La consejera en funciones de Administración Pública y portavoz, Idoia Mendia, criticó este jueves al Gobierno del PP al asegurar que “ha descubierto el conflicto de competencias preventivo”. Según dijo, “no soporta que le lleven la contraria y recurre hasta las meras intenciones. El Ejecutivo central ha superado todos los límites”, criticó. El Tribunal Constitucional se reúne a partir del día 11 para analizar, entre otros asuntos, la petición del Gobierno popular, con el aval del Consejo de Estado, para frenar a la única comunidad que va a abonar la extra.