Hacienda dejará que los funcionarios cobren la extra antes de recurrir

El Ministerio de Hacienda, que encabeza Cristóbal Montoro, va a dejar que los 70.000 funcionarios vascos cobren la paga extra de Navidad, para inmediatamente después plantearse si recurre a los tribunales lo que considera una “clara vulneración del orden constitucional”.

La cúpula del ministerio tiene abierto el debate sobre el mecanismo que utilizará para exigir al Gobierno vasco que cumpla el decreto ley que ordenó en julio retirar la extra de Navidad a los funcionarios de todas las Administraciones españolas. Sin embargo, todas las opciones que se manejan pasan por esperar a que se concrete el pago, que supondrá un total de 208 millones de euros, para después llevarlo a los tribunales.

El Gobierno central no tiene ninguna duda de que el Real Decreto Ley resulta de obligado cumplimiento para la Administración vasca al ser normativa básica de aplicación directa.

Pero, a falta de un acuerdo firmado en el Consejo de Gobierno para abonar la extra, el ministerio echará mano de los TC2 —los documentos contables con la relación nominal de trabajadores afiliados a una cuenta de cotización— en que figure el abono de la extra. Al recurso contra el pago unirá, en su caso, la exigencia de responsabilidades penales a todos los responsables de la cadena de decisión del abono, tanto políticos como funcionarios.

El ministerio acusa al

Hacienda entiende que los responsables del pago no serán solo los miembros del Gobierno autónomo con responsabilidad orgánica sobre ese asunto, sino también los funcionarios que firmen el libramiento de las partidas para los 70.000 empleados públicos.

“Adoptar una decisión de estas características supone una clara vulneración del orden constitucional”, recalcó Hacienda en un comunicado oficial que difundió a media tarde de ayer. Un portavoz del Gobierno foral navarro también calificó ayer la decisión vasca como “una temeridad” con el mismo argumento que esgrime el ministerio, es decir, que el decreto ley es legislación básica que prevalece sobre todas las normas autonómicas que resulten contrarias.

El Ejecutivo vasco, sin embargo, cree que la ley le ampara plenamente porque sin una modificación legislativa de sus presupuestos no puede aplicar el recorte. El informe de sus servicios jurídicos en que se ha amparado concluye que “está obligado” a abonar la extra al no haberse podido legislar —por las vacaciones parlamentarias y la posterior disolución de la Cámara— la adaptación al real decreto.

Hacienda apostilla en su nota que, tanto si se dictase una resolución para dar cobertura a “esta infracción del orden constitucional”, como si se acordase el acto de abono de la paga, “con o sin orden expresa superior”, se podría incurrir en un delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución arbitraria o injusta), tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

Bilbao: “Ha dicho que va a pagar la extra, ya veremos si lo hace”

El Gobierno autónomo recordó anteayer, después de que su portavoz en funciones, Idoia Mendia, anunciase la decisión, que no va a existir una resolución como tal del Ejecutivo que ordene el abono de la paga, ya que se trata solo de cumplir lo estipulado en los presupuestos del presente ejercicio. Es decir, no hay una orden específica como no la hay para pagar las nóminas mensuales.

La Delegación del Gobierno ya advirtió de que abonar la paga tendría consecuencias jurídicas y citaba la inhabilitación como una de las más probables en caso de que la instancia judicial apelada diera la razón a la Administración central.

Quizás por esa razón el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, dudó ayer de que el Gobierno vasco vaya a librar definitivamente ese dinero a sus funcionarios. “Ha dicho que va a pagar la extra, ya veremos si lo hace”, sostuvo al presentar la nueva batería de medidas forales contra el fraude fiscal.

Aunque Bilbao no aclaró el porqué de sus dudas, todo parece indicar que se trata precisamente de esas posibles consecuencias que el abono de la extra puede acarrear a quienes firmen su libramiento, que en cada Administración pueden ser dos o tres funcionarios, dependiendo de los controles, además de su responsable político.

Hacienda sabe que pedir al Constitucional la suspensión cautelar del abono no tendrá efectos una vez que cada trabajador ha cobrado, pero al menos ello constaría para exigir su devolución en caso de que el alto tribunal fallase a favor del Estado. El Gabinete de López ya planteó el pasado julio una cuestión de inconstitucionalidad contra el citado decreto ley al entender que el Gobierno popular invadía sus competencias. Falta saber si una causa parará la otra hasta que se resuelva el fondo.