Una Generalitat menguante

La que ahora finaliza pasará a la historia como la legislatura de los recortes en los servicios públicos. También por que la Generalitat puso en marcha un proceso privatizador que se prolongará en los próximos años. El Gobierno de Artur Mas se ha escudado en la necesidad de conseguir liquidez para sostener los presupuestos autonómicos y poner freno al déficit. Pero también ha tirado de los principios de CiU, materializados en la declaración que el presidente de la Generalitat lanzó ya en su discurso de investidura, cuando afirmó que su ejecutivo nacía con vocación business friendly.

Desde entonces no ha habido tregua. Además de la cesión implícita de negocio a la empresa privada que puede conllevar la degradación de la sanidad y la educación públicas a golpe de tijeretazos, el Departamento de Economía ha iniciado un ambicioso proceso de liquidación de activos. Su objetivo: cerrar la legislatura con unos ingresos por desinversiones por valor de 1.850 millones de euros.

No lo ha logrado, pero no por falta de voluntad. La crisis, su mejor argumento para privatizar, se ha convertido también en el peor enemigo para conseguirlo. Las dificultades para encontrar financiación y la valoración de los activos han dificultado la venta de patrimonio.

No ha sido hasta el último suspiro del mandato, una vez convocadas ya las elecciones anticipadas, que el ejecutivo ha conseguido cerrar la que partía como la mayor operación. La privatización de la gestión de Aguas Ter-Llobregat es el símbolo del camino emprendido por el ejecutivo nacionalista. Durante los próximos 50 años será Acciona la compañía encargada de gestionar la empresa pública responsable de la gestión y el saneamiento del agua que consumen casi cinco millones de catalanes. La operación supondrá para los hogares un incremento de la tarifa de un 14%, mientras que la Generalitat se asegurará unos ingresos de 1.000 millones de euros mientras dure la concesión.

Pese a que esos recursos los ingresará en el próximo medio siglo, la Generalitat podrá contabilizarlos en su conjunto durante este año, lo que supone reducir de un plumazo casi medio punto de déficit. También contribuirá a ello la privatización de los túneles de Vallvidrera y Cadí, que aportarán otros 430 millones de euros a caja. Economía negocia con Abertis su adjudicación tras haber fracasado en el concurso abierto inicialmente. No era la primera vez que Mas-Colell se daba de bruces con la realidad: antes ya había quedado huérfana la venta de los activos de ICF Equipaments —comisarías y escuelas— y solo había conseguido colocar tres edificios del lote de 26 inmuebles de oficinas que son propiedad de la Administración.

En paralelo a las privatizaciones, el Ejecutivo también ha puesto en marcha un plan de racionalización del sector público de la Generalitat, con el objetivo de reducir entre un 20% y un 25% su gasto. Hasta el momento solo han desaparecido siete entidades y la concentración más importante se ha producido en torno a las empresas que se encargaban de construir edificios públicos. Infraestructures.cat se ha comido las antiguas Gisa, Regsa y Regsega.

La peor parte de esa reestructuración se la llevarán los empleados de esos entes y empresas públicos. Los planes del gobierno cuentan con desprenderse de 1.500 trabajadores en 2012 y hasta ahora solo se han materializado 173 despidos en el Incasòl. Algunas sentencias han paralizado extinciones de contratos pero la reforma laboral está ahora del lado de Mas.