Médicos de Madrid convocan una huelga indefinida para finales de noviembre

La cita era a las cinco de la tarde del miércoles en el Colegio de Médicos de Madrid. Convocaba la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), una entidad de reciente creación sin sindicatos ni partidos políticos. Las 500 plazas del anfiteatro enseguida se revelaron escasas: muchos se quedaron fuera pese a mostrar su carné de colegiados. Finalmente, y tras varias intervenciones, tocó votar qué hacer para protestar por lo que esta asociación considera "el desmantelamiento de la sanidad pública" que traen consigo las últimas decisiones del Gobierno regional. Por unanimidad, según AFEM, los médicos decidieron iniciar una huelga indefinida en la última semana de noviembre.

"Las medidas anunciadas por el Gobierno regional pretenden desmantelar la sanidad pública madrileña y afectarán directamente a la atención sanitaria de cerca de 1,3 millones de ciudadanos y a la situación laboral de unos 8.000 profesionales", asegura la asociación en una nota divulgada ayer. El presidente de AFEM, Pedro González, afirmó durante la asamblea: "La situación es tan dramática que o hacemos algo, o dentro de unos años no tendremos sanidad pública para nuestros hijos o mayores". Añadió que la situación es "extremadamente grave, sobre todo porque detrás de todo ello hay intereses económicos más allá del ahorro de costes”.

También el miércoles la junta directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) manifestó su oposición rotunda a las medidas incluidas en el Plan de garantías para la sostenibilidad del sistema sanitario público, presentadas la semana pasada por el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, "por la forma en la que se han elaborado sin contar con la organización colegial, que demanda una participación activa en la toma de decisiones, ni con otras asociaciones profesionales y sociedades científicas".

Los médicos de AFEM manifestaron en la asamblea su "más absoluto rechazo" a las medidas que el Gobierno regional quiere aplicar en los Presupuestos de 2013, que incluyen el euro por receta, la privatización total de seis hospitales de la red pública, la externalización de la gestión del 10% de los centros de salud de la región y la transformación del hospital de La Princesa en un centro especializado en patologías de los mayores de 75 años y del Carlos III en un centro de media y larga estancia, entre otras.

Esas medidas son, según la asociación, "injustas y absurdas, pues carecen de fundamento técnico", además de haberse tomado con improvisación y oscurantismo, sin consultar a los profesionales ni a los ciudadanos afectados". La nota de AFEM explica que "la evidencia científica internacional demuestra que la privatización de la sanidad multiplica los gastos y empeora los resultados en salud. Algunas como la implantación del euro por receta afectarán fundamentalmente a los más vulnerables, como ancianos, enfermos crónicos o personas con escasos recursos económicos".

El Colegio de Médicos, aseguró en una nota de prensa, "se opone rotundamente a la transformación de los hospitales de La Princesa y el Carlos III porque va a suponer una reducción de la calidad asistencial a la población asistida, no se ha contado con los profesionales de los centros para esa transformación y no se ha previsto qué va a ocurrir con las unidades de referencia de dichos hospitales". El Colegio también se opone "a la externalización de la gestión del personal sanitario de los hospitales públicos, en tanto que, tal como se ha planteado, puede acarrear un deterioro en la calidad asistencial al producir una reducción de plantillas y una reordenación de los recursos humanos que va a suponer un despido encubierto de un gran número de médicos interinos y eventuales, así como una importante pérdida de potencial docente y de formación continuada".

Esta institución, que agrupa a cerca de 40.000 colegiados, se muestra "preocupada por la incertidumbre que genera el plan sobre la formación de los futuros médicos, exige que se garantice la calidad de la docencia de los servicios con residentes y de las unidades docentes en los hospitales que van a pasar a ser de gestión privada mediante auditorías, y advierte que una formación que no cumpla criterios de calidad lleva aparejado un deterioro de la calidad asistencial". "Asimismo, los residentes han manifestado a la Junta Directiva del Icomem su disposición a secundar cualquier tipo de movilización convocada por otras organizaciones profesionales", añade.

El Colegio rechaza también el euro por receta "porque puede afectar de forma negativa al cumplimiento terapéutico y porque existen otras medidas alternativas, como el desarrollo y la implantación de la receta electrónica". La única de las medidas con las que se muestra parcialmente de acuerdo es la externalización de la gestión del 10% de los centros de salud: "El Colegio de Médicos de Madrid apoya la autogestión de centros de salud, ahora bien desde el actual modelo de Área única, desarrollándolo y contando con los profesionales. Cualquier otro modelo de autogestión precisa de un desarrollo normativo previo y de tiempo suficiente para ser implantado", señala.

AFEM ha invitado a los representantes de otros colectivos sanitarios, como enfermeras y auxiliares, a sumarse a sus movilizaciones. También a los pacientes, dado que "los principales perjudicados del desmantelamiento del actual sistema sanitario son los pacientes, y pacientes somos todos". La asociación ha empezado a distribuir entre sus médicos, y éstos a repartir en las consultas, una hoja informativa para los pacientes. "Están desmantelando la sanidad: venden hospitales, cierran centros de especialidades, van a echar a miles de médicos y enfermeras, quizás a los tuyos", asegura. "La sanidad seguirá siendo gratis. No lo vas a pagar solo con tu dinero (impuestos). Lo vas a pagar con tu salud y la de los tuyos", añade. "Es urgente que nos unamos: ¿médico? ¿enfermera? ¿paciente? No importa lo que seas".

El Colegio de Médicos ha ofrecido su ayuda a la Consejería de Sanidad, pero también le ha pedido que "retire" las medidas anunciadas y señala que se reserva "la posibilidad de ejercer cualquier tipo de acción".