La privatización sanitaria de González incendia los hospitales

“Yo tengo mi plaza. Supongo que me reubicarán, o me ofrecerán trabajar para la empresa privada que venga, pero no sé en qué condiciones. Nadie sabe nada”. Precisamente porque su futuro está en el aire, esta enfermera del hospital Infanta Leonor, en Vallecas (Madrid), prefiere que su nombre no salga en el periódico. Trabaja en uno de los seis centros que el Gobierno regional que preside Ignacio González ha decidido privatizar.

Ya lo estaban en parte, puesto que todo lo no sanitario (administración, limpieza, restauración...) lo gestionan actualmente las concesionarias que construyeron el edificio a cambio de un canon anual y que serán sus propietarias durante los 30 años que dura esa concesión. Son hospitales, por tanto, que nacieron con gestión mixta público privada: médicos, enfermeras y demás personal sanitario aún dependen de la Administración. En cuestión de meses ya no será así. Madrid disolverá las empresas públicas del hospital Infanta Leonor, Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez) y sacará a concurso la gestión sanitaria.

Los puestos de trabajo de 5.500 trabajadores (médicos, enfermeros, auxiliares, técnicos...), según cifras sindicales, quedan pendientes de reubicaciones, en el caso de los funcionarios, o de que las empresas quieran volver a contratar a los interinos. Y no se sabe con qué condiciones. El anuncio de González, que se produjo el miércoles pasado, antes de un puente, junto con una serie de medidas muy polémicas como el euro por receta, y coincidiendo con los Presupuestos de 2013, empezó a calar ayer en los hospitales que serán privatizados. Los trabajadores decidieron en asambleas, algunas espontáneas, iniciar protestas diarias y, en el caso del hospital Infanta Leonor y el del Henares, encierros indefinidos.

Carteles de “se vende tu hospital” y “se vende tu sanidad” decoraban ayer por la tarde muchos pasillos del hospital de Vallecas. Medio centenar de trabajadores, buena parte enfermeras, pintaban hacia las siete y media de la tarde sábanas con mensajes reivindicativos y recortaban folios para hacerse cofias: “Sanidad pública, se vende”, escribían en ellas. Su intención era permanecer en el salón de actos de forma indefinida. “Los pacientes tienen que saber lo que significa que nos privaticen: habrá menos personal y menos medios”, sentencia la enfermera con la que empieza esta crónica.

Los nuevos hospitales, llamados así porque se inauguraron, junto con el nuevo Puerta de Hierro, el mismo año (2008) y bajo el mismo tipo de gestión semiprivada, se suman así al encierro que desde el viernes mantienen los trabajadores del hospital de La Princesa, en el centro de la capital. La reivindicación aquí es distinta: protestan por el “desmantelamiento” de un centro puntero en investigación y docencia para convertirlo en “un geriátrico”. Lo llamativo de esta oleada de protestas es que los sindicatos están jugando un rol secundario: las apoyan y ofrecen ayuda logística, pero se dirigen en asambleas y comités organizados por los propios trabajadores.

La privatización de seis hospitales supone una jugosa oportunidad de negocio para las empresas que prestan servicios sanitarios. Algunas de ellas, como Ribera Salud o HM Hospitales, ya se han mostrado interesadas. El director general de la primera, Alberto de Rosa, ofrece en su blog su “reconocimiento y apoyo a la valentía” del Gobierno madrileño. La empresa “estará atenta” a las condiciones que fije la Comunidad, añade una portavoz. Desde HM, inmersa en el proyecto de un nuevo hospital privado en Móstoles, aseguraron ayer que están abiertos a “estudiar otras fórmulas”: actualmente no tienen concesiones.

Capio, propietario de cuatro hospitales de la red pública (Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos de Móstoles, Infanta Elena de Valdemoro y, aún en construcción, Collado Villalba) asegura que espera a conocer las condiciones de los pliegos. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Gobierno regional, están en juego contratos por valor de unos 500 millones anuales. Los seis hospitales tienen asignada una población de 1,1 millones. Basta multiplicar por los 441 euros por habitante que, según Sanidad, le cuestan los hospitales enteramente privados.

“No pongo en duda que la calidad siga siendo la misma. Como ciudadano, voy a estar atendido y no me van a cobrar. Pero debo saber que la gestión se la conceden a una empresa, y que yo sepa no hay ninguna que no tenga ánimo de lucro, cosa que no sucede con la Administración pública”, opina el secretario general del sindicato de enfermería SATSE, José Manuel Freire. Según sus datos, en los seis hospitales hay 2.000 enfermeras y solo la mitad están fijas. “Nos preocupa el ajuste de plantillas, que a misma población haya menos personal”, abunda Julián Ezquerra, del sindicato médico Amyts. Hay 449 médicos fijos y un millar entre interinos y eventuales, según sus cálculos.