Lasquetty no sabe cuánto ahorrará Madrid con el euro por receta

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty desconoce el ahorro que para la Comunidad supondrá implantar la tasa de un euro por receta. Una tasa que, en teoría, tiene un fin disuasorio. “No hemos querido ser tan aventurados como para reflejarlo en el presupuesto… Pero en Cataluña ha tenido un impacto importante”, ha apuntado Lasquetty. El euro se abonará en el momento en que se prescriba la receta, con lo que se prevé ingresar 83 millones de euros “pese a que no tiene un afán recaudatorio”, según el consejero, que no ha dado ninguna cifra sobre el ahorro que generaría. “No se lo puedo decir”, ha reconocido.

El consejero ha justificado la nueva tasa afirmando que "el objetivo es concienciar a los madrileños sobre el consumo racional de los fármacos. Que el número de recetas que se dispensan se ajusten a las necesidades reales, que no se expidan sin ser necesarias". "Tenemos la constatación de que la Comunidad está un 15% por encima de la media europea en la expedición de fármacos. No estamos más enfermos que los alemanes, franceses o italianos", ha asegurado. La tasa, que entrará en vigor el 1 de enero, tendrá un tope de 72 recetas al año. Es decir, seis recetas al mes. “A partir de ahí entendemos que una persona es polimedicada”, ha justificado Lasquetty.

La externalización del 10% de los centros de salud –Lasquetty ha hablado de 27 porque solo cuentan los 270 centros grandes, no los consultorios– también ha centrado la intervención. “Estarán bajo financiación pública y las mismas reglas, pero lo que pretendemos es que sean los profesionales de esos centros quienes decidan tomar las riendas de la gestión. Creemos que tiene muchas ventajas, como hemos comprobado en Cataluña. El modelo de la atención primaria de los grandes países europeos se parece más a esto más que al modelo actual español”, ha esgrimido. “Aparte, entendemos que es mucho más motivador para el enfermero y trabajadores de la atención primaria. Creemos que, bajo régimen funcionarial, se ha producido una altísima desmotivación”, ha defendido Lasquetty. El consejero ha asegurado que trabajar en este nuevo tipo de ambulatorios “será voluntario y compatible con la libertad de elección de médicos y enfermeras”.

Lasquetty ha insistido en que principios como el de la universalidad y gratuidad de la sanidad madrileña siguen inalterados después de que el presidente regional, Ignacio González, anunciase ayer la privatización total de seis hospitales de gestión mixta hasta ahora. "Esto no es el desmantelamiento de la sanidad pública, lo contrario, es asegurarla, porque no dar estos pasos sería letal para nuestra sanidad. La profecía de la oposición no se va a cumplir, como tampoco ha pasado anteriormente… Nosotros, al contrario de lo que hicieron anteriores gobiernos socialistas, no hemos querido cerrar hospitales”, ha afirmado.

“En 2003 el gobierno regional ya planteó la máxima optimización de los recursos con hospitales bajo cooperación publico-privada. Eso en 2003, cuando no había crisis. Después, en 2008, fuimos los primeros en tomar medidas… Tenemos experiencia en hacer reformas del sistema sanitario, que no perjudican en absoluto la asistencia”, ha defendido el cambio de sistema de la sanidad madrileña. Un cambio con un marcado acento liberal y que vuelve a hacer de Madrid el campo de ensayos de las políticas liberales que el Partido Popular exporta posteriormente a otras de las autonomías que gobierna. El Gobierno regional sostiene que la gestión privada de la sanidad es más eficiente, pero no aporta estudios independientes que lo apoyen. A preguntas sobre si maneja esos informes, ha afirmado que "están a disposición de cualquiera" y no ha ofrecido ninguna referencia.

El anuncio de que el hospital de La Princesa, en pleno centro de Madrid, va a transformarse en un centro especializado en patologías de las personas mayores -de al menos 75 años, según Lasquetty- ha provocado una oleada de indignación en el centro sanitario. Varias decenas de trabajadores han salido hoy a la calle de Diego de León, hacia las once de la mañana, para protestar por lo que consideran un "desmantelamiento" del centro. La indignación de los profesionales ha llegado hasta la sede principal de la Consejería de Sanidad, donde esta mañana, día festivo, el consejero ha ofrecido una rueda de prensa para explicar el vuelco en la sanidad madrileña que suponen las medidas que ha anunciado. Durante la comparecencia un alto cargo de la Consejería de Sanidad se ha ausentado. Después se ha sabido que una treintena de sanitarios, mayoritariamente médicos residentes, estaba  a las puertas de la sede oficial exigiendo explicaciones. Los vigilantes no les han permitido pasar más allá del arco de seguridad. El director general de Hospitales, Antonio Burgueño, ha bajado para hablar con ellos.

Lasquetty ha defendido el modelo Valdemoro, el sistema de gestión privada puesto en marcha en el hospital de Valdemoro: "Hemos comprobado que este modelo capitativo, además de dar muy buenos resultados, resulta mucho menos costoso para los ciudadanos". El modelo Valdemoro se extenderá a seis de los hospitales abiertos en 2008 y que eran de gestión semiprivada: Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo.

Lasquetty ha abordado además la “extinción” de determinadas categorías profesionales, como de personal de cocinas, lavandería, almacenes mantenimiento…. “No hablamos de los celadores, no les pensamos externalizar”. El consejero, durante años secretario general de FAES, el laboratorio de ideas de la derecha española auspiciado por el expresidente del Gobierno José María Aznar, ha puesto de ejemplo que “la cocina lleva externalizada desde sus inicios en el Severo Ochoa, Getafe, Fuenlabrada y Alcorcón. No vemos ninguna razón para que eso no pueda suceder en otros hospitales”.

El consejero de Sanidad también ha confirmado que la apertura del hospital de Collado Villalba se retrasará hasta finales de 2013. Su apertura ya se retrasó tras el recorte de 1.045 millones que aprobó el Gobierno regional el pasado julio. “La dotación prevista para Villalba es de 11,7 millones", ha precisado, y ha reconocido que, dado que la compañía adjudicataria firmó un acuerdo con unas fechas de obligado cumplimiento, y pondrá el hospital a disposición de la Comunidad a partir del 1 de enero, el Gobierno regional tendrá que pagarle a la empresa los gastos que genere el edificio: “Hasta que no se ponga en efectivo el servicio vamos a retribuir a la compañía con los gastos de tributos y un mínimo para el gasto de seguridad y el mantenimiento del edificio”, ha explicado el responsable de la sanidad autonómica.