La ‘línea roja’ del Estado del bienestar

Parecía intocable, pero en los últimos meses ha demostrado que no lo es. La sanidad, uno de los pilares determinantes del Estado del bienestar, afronta una legislatura en la que Euskadi sabrá si puede evitar aplicar el copago farmacéutico —se espera una primera respuesta del Constitucional antes de que finalice enero— y en la que el servicio público corre el riesgo de ser adelgazado con nuevas medidas del Gobierno central.

Los principales partidos repiten prácticamente con los mismos lemas su intención de salvaguardar la sanidad pública vasca y mantener su universalidad. Unos, como el PSE, lo hacen echando mano de la gestión realizada en los últimos meses, en los que el Ejecutivo autónomo se ha convertido en un insumiso ante las órdenes del Ministerio de Sanidad. Otros, como el PNV, que no menciona el copago farmacéutico en su programa, subrayando que Osakidetza “ha retrocedido muchas posiciones” en los últimos tres años.

Gestionar el enfrentamiento con el Gobierno central en las bases del sistema sanitario público seguirá siendo uno de los principales cometidos del Gabinete que surja de las urnas del 21-O. Al tiempo, deberá decidir si mantiene la senda iniciada por el equipo de Rafael Bengoa de enfocar el funcionamiento de Osakidetza a los pacientes crónicos y a quienes padecen varias enfermedades, en una de las sociedades más envejecidas del mundo, una tendencia demográfica que va a ir a más en los próximos años.

El PNV plantea informar al paciente del coste de su atención

Otras comunidades autónomas ya han empezado a seguir la senda de Euskadi para mejorar la calidad asistencial y hacer que el sistema sea sostenible a medio y largo plazo.

En casa, de entrada, algunos de los proyectos de la estrategia de crónicos, como la extensión de la telemedicina, el servicio de atención a distancia o la apuesta por formar pacientes crónicos, se repiten en la mayoría de los programas electorales. Además, los partidos coinciden en que debe reforzarse el centro de salud —EH Bildu propone que solo se acceda al hospital a través de un volante del Punto de Atención Continuada—, y el papel de las enfermeras.

Todo ello en un momento en que se han reducido drásticamente las derivaciones a la sanidad privada —un 40% menos de derivaciones quirúrgicas en 2011 frente a 2010—, lo que ha obligado a realizar muchas más actuaciones en el seno del Servicio Vasco de Salud. Es una Osakidetza con fuertes restricciones en la sustitución del personal, pero que, pese a todo, ha logrado que el inevitable aumento de las listas de espera no sea desbocado: de media se espera 48 días para ser operado, uno más que en 2011. Los socialistas se comprometen a “mantener” los niveles actuales, el PNV plantea que los especialistas pasen consulta también en horario de tarde y establecer un “sistema de prioridades” en la gestión de estas listas en función de la gravedad y el PP anuncia un plan específico de listas de espera.

Si se cumplen los resultados de las encuestas y el PNV vuelve a Ajuria Enea, asumirán la cartera de Sanidad en una situación que desconocieron durante las décadas seguidas en que la gestionaron: el presupuesto de este año, 3.403 millones de euros, un 0,5% menos que el ejercicio precedente, contrasta con los incrementos de hasta un 10% anual vividos en épocas de gestión nacionalista. El PNV busca hacer partícipe al paciente del coste que tiene su atención y plantea en su programa establecer sistemas para informarle de esas cantidades, lo que coloquialmente se denomina factura sombra.

Pese al escaso margen de maniobra, la necesidad de mejoras sigue aflorando: por un lado, los partidos hoy en la oposición apuestan por desarrollar más el sistema de receta electrónica implantado por los socialistas. EH Bildu y PNV defienden impulsar la euskaldunización de los profesionales, mientras el PP plantea flexibilizar esta cuestión en las oposiciones. Por otro lado, todos aprecian carencias en la atención al final de la vida. Las cuatro formaciones ofrecen mejoras en cuidados paliativos y los socialistas piden una ley de derechos al final de la vida.

El Gobierno vasco afrontará además una nueva etapa en la definición de los servicios sociales, con el desarrollo de la ley que los regula, aprobada en 2008, pero aún sin aplicar en toda su extensión.

La normativa recoge servicios que afectan a los 150.000 dependientes que viven en Euskadi, un colectivo sumido en la incertidumbre ante los recortes del Ejecutivo popular. Por el momento, las Diputaciones tratan de paliarlos con recursos propios, pero el PSE ya ha propuesto medidas fiscales para garantizar que la dependencia no se queda sin recursos. El resto de partidos se limitan a defender una financiación “suficiente”.