La Universidad Pablo de Olavide recorta 7,5 millones de su presupuesto
Granada rechaza los recortes del Gobierno y la Junta a la enseñanza superior
El Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha aprobado este viernes su plan de ajuste para 2012 y 2013. Según ha informado esta Universidad sevillana, el objetivo es ahorrar 7,5 millones de euros, sobre un presupuesto anual de 71,4 millones.
Este ahorro se distribuye, por un lado, "en 5,5 millones de euros en personal, motivado por la legislación estatal y autonómica de reducción de retribuciones de los empleados públicos, de la carga docente en relación a su potencial, así como la tasa de reposición de efectivos, y promociones y adaptaciones de plantilla". Todos estos ajustes se imponen en dos decretos aprobados por el Gobierno central.
La UPO también tiene previsto ahorrar otros dos millones de euros en gasto corriente y con la reprogramación de algunas partidas del plan de investigación. El objetivo es que las medidas "no afecten directamente a la docencia e investigación".
La mayoría de universidades andaluzas han ido aprobando planes de ajuste similares en los últimos meses. Los diez rectores y la Junta acordaron en mayo aplicar un plan de ahorro para el conjunto del sistema, que preveía un ahorro global de 130 millones.
Por otro lado, el claustro de la Universidad de Granada (UGR) ha aprobado este viernes por aclamación una declaración institucional en la que muestra su disconformidad con las medidas impuestas por el Gobierno central y contra el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de 2012-2014, donde se contemplaban, precisamente, esos 130 millones de euros de recorte.
La UGR cree que esas dos medidas implican "pérdidas en la calidad y en los resultados de las actividades docente e investigadora" y "dificultando el acceso en igualdad de oportunidades a la educación superior".
La Universidad de Granada ha criticado que las medidas "no han sido estudiadas ni negociadas en las distintas instancias de negociación, incluidas las sindicales". Además, también ha cargado contra el aumento de las tasas y el endurecimiento de los requisitos para acceder a las becas.
La UGR también ha decidido crear una comisión para ver cómo se regulan los paros académicos, una figura que utilizaron el curso pasado los estudiantes de la Universidad de Sevilla para paralizar las clases 15 días en protesta por las medidas del Gobierno central.
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