Montero avisa de que dará prioridad con el rescate a los servicios sociales

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha advertido este viernes de que cuando llegue el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico su prioridad es pagar los atrasos en servicios sociales, “por delante de cualquier otro proveedor”. “Para nosotros es más urgente que se pague a las entidades sociales que a cualquier otro sector”, advirtió.

Hasta que Andalucía no pida oficialmente el rescate, la Junta no sabrá en qué orden debe gastarlo. Pero el Gobierno andaluz sí conoce ya las líneas que impone el Ejecutivo central: primero, pagar los vencimientos de deuda pública; segundo, saldar la deuda comercial en sanidad, conciertos educativos y con las universidades; y tercero, si se han cubierto los anteriores, pagar transferencias o subvenciones a entidades locales y universidades.

Montero ha insinuado este viernes que estas prioridades no coincide con las suyas. “Ya dijo el presidente Griñán que para nosotros es prioritario cumplir el déficit, pero también el sector social”, ha recordado. El segundo apartado del orden establecido por el Gobierno central contempla el pago de la deuda comercial en sanidad, como las deudas con los laboratorios farmacéuticos o los proveedores de tecnología sanitaria. Y el tercero, si sobra dinero, abonar las subvenciones con entidades locales, como los Ayuntamientos, que sustentan la ayuda a domicilio.

La Junta debe los dos últimos meses y medio a las entidades que gestionan los centros de día y acumula también deudas con los gobiernos municipales. “La industria ya ha cobrado los atrasos de ejercicios anteriores con el fondo de pago a proveedores. Era una necesidad perentoria y se ha satisfecho”, ha recordado la titular de Salud y Bienestar Social.

Montero presentó la campaña de vacunación de la gripe, que comienza este lunes y se prolongará hasta principios de diciembre. La consejera insistió en la conveniencia de que se vacunen todos los mayores de 65 años y las personas de cualquier edad con problemas crónicos de salud. La Junta ha comprado 1,5 millones de dosis, por las que ha pagado 6,5 millones de euros, lo que supone una rebaja importante respecto al año pasado, cuando compró 200.000 dosis menos y pagó 1,5 millones más. “La presión que hacemos a la industria es alta”, ha admitido Montero, que recordó que la negociación de costes con los proveedores es una de las políticas de ajuste de su departamento.