Gisa adeuda tres meses a las contructoras y no asegura el pago de septiembre

Los contratistas de obra pública no cobran los contratos firmados con la Generalitat desde mayo. Acumulan tres meses de impagos por los problemas de liquidez de la Administración autonómica y la semana pasada el presidente de Gisa, Joan Lluís Quer, les comunicó que no estaba claro que pudieran cobrar las facturas de septiembre. Las compañías sobreviven como pueden.

No es la primera vez que las constructoras topan con facturas impagadas por parte de la Generalitat. Les sucedió en abril, si bien el Departamento de Economía se puso al día de en mayo. Ahora no ha sucedido lo mismo. La Administración autonómica les adeuda tres meses y está por ver si tampoco podrá asumir los cargos de septiembre. “Estamos buscando la fórmula para pagar este mes”, señalaron ayer fuentes de la consejería, que admitieron que la obra pública no es ajena a los problemas de tesorería que padece la Generalitat, que en julio dejó también de pagar los conciertos comprometidos con entidades sociales, educativas y sanitarias.

Fuentes del sector señalan que tantos meses sin cobrar está abocando al sector, que ya ha sufrido la purga por la caída de la licitación pública, a un callejón sin salida. “Hay empresarios que están aguantando las empresas con su propio patrimonio”, señalaba ayer un empresario. Otras fuentes aseguran que otras compañías están aplicando expedientes de regulación de empleo para rebajar las plantillas y en los casos más graves se preparan concursos de acreedores para llevar a cabo cierres ordenados.

La Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña considera que el actual no es un caso aislado y cuantifica en 500 millones de euros el dinero que el conjunto de las administraciones adeudan a las constructoras por obras realizadas en Cataluña. El enfado es mayor porque el responsable de Gisa, Joan Lluís Quer, explicó ante un nutrido número de empresarios la semana pasada que el Gobierno catalán sí que ha resuelto el pago de las obras que se habían financiado por el sistema alemán, según el cual se empieza a pagar la construcción de la infraestructura una vez esta ya está finalizada y entregada.

Las cifras de licitación de obra pública han caído en picado en los últimos cinco años. En 2007 se alcanzó la cifra de 7.156 millones; el año pasado cayó hasta los 1.371 millones de euros. Y en ese contexto, Gisa no ha sido menos. La principal adjudicadora de obra de la Generalitat contrató trabajos por un total de 850 millones y se ha visto inmersa en un proceso de fusión con otras empresas públicas: Regsa, Regessa, cuyo resultado ha sido Infraestructures.cat. En ese contexto de racionalización de gastos se añadirá también ICF Equipaments, tras el fracaso del Gobierno catalán para privatizar sus edificios públicos.

Los problemas de liquidez de la Generalitat han conllevado también dos procesos distintos de regulación de empleo en la compañía pública. Primero, durante el año pasado, Gisa despidió a 45 personas. y en julio pasado la compañía cerró una cuerdo con el comité de empresa para poner en marcha una suspensión temporal de empleo sobre 78 de sus 218 trabajadores.