Sanidad obliga a las familias de niños en acogida a pagar el 40% de la medicación

Desde el 1 de septiembre las familias con niños en acogida se están haciendo cargo del copago de cada receta, que ahora les cuesta un 40% del precio de mercado. Hasta el 31 de agosto los menores tutelados en acogimiento familiar figuraban en una situación similar a la consideración de “pensionistas” en su tarjeta sanitaria, con lo cual la medicación era gratuita. Desde la entrada en vigor del decreto de copago sanitario, esta situación ha cambiado y pasan a figurar en situación de activo, con lo cual deben financiar casi la mitad de la medicación. Las familias se han enterado al acudir al médico o a la farmacia.

Únicamente, quedarían cubiertos los gastos de muy pocos menores en situación de dependencia con un certificado de minusvalía igual o superior al 65%, incluidos en la LISMI (Ley de Integración Social de los Minusvalidos).

“Muchos de estos menores están en situación de tutela por abandonos familiares, conflictos de pareja y otras situaciones muy complicadas derivadas de la convivencia en sus familias de origen”, advierte la federación de Enseñanza de CC OO en el País Valenciano, que sostiene que “bastantes menores en esta situación tienen problemas de salud o discapacidades”.

El sindicato denuncia a "situación de vulnerabilidad"en la que se han quedado muchos sectores de población en toda España

El sindicato denuncia la situación de “vulnerabilidad en la que se han quedado muchos sectores de población”, no solo en la Comunidad Valenciana sino en el resto de España, según fuentes de CC OO, que consideran que el Gobierno ha cruzado la línea de la “dejadez y la inoperancia”, ya que “los menores acogidos por familias que prestan un servicio voluntario, sensibilizadas con dichas situaciones y cuya contraprestación es básicamente, ninguna".

Estas familias solo reciben una cantidad para los gastos de mantenimiento de cada menor, que difícilmente asume todos los gastos generados. Y, en concreto, en la Comunidad Valenciana, “esta cantidad ha sufrido retrasos de muchos meses y las familias han de adelantar y completar los costes económicos de su mantenimiento”.

CC OO considera que “es inexplicable la imprevisión por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Generalitat Valenciana a través de la Consejería de Bienestar Social”.

“O bien no han previsto esta y otras situaciones en el Real Decreto o, desean que las familias que de manera altruista colaboran para mejorar la situación de los menores, sean las que asuman el coste”, advierte el sindicato.

El sindicato exige “responsabilidades", ya que las familias y los técnicos responsables de seguimiento y asesoramiento no han sido avisados por parte de la dirección de general del Menor, de esta situación y no se ha tenido la deferencia de explicarlo y buscar una solución.