La crisis de la empresa Vieira atrapa inversiones públicas millonarias

La Xunta tiene comprometidas ayudas que suman 10,2 millones en la suspensión de pagos del grupo Eduardo Vieira, una empresa pesquera que nació en Vigo a finales del siglo XIX y que en junio presentó concurso de acreedores. La entrada de dinero público se produjo en el año 2006, con el bipartito en el gobierno gallego, a través de un préstamo participativo de seis millones de euros desde Xesgalicia para apoyar “el plan de negocio”, que la firma iba a desplegar hasta el año 2010. El Igape completó el respaldo con avales sobre préstamos que la empresa solicitó a la banca y que en estos momentos suponen un riesgo para la Administración de otros 4,2 millones de euros.

 La operación se presentaba como un empujón al desarrollo comercial del grupo, que pensaba darle un impulso a “la I+D”, diversificar proveedores y potenciar “el acceso a los productos pesqueros”. La Xunta exigió en aquel momento que se nombrase a un director general en sustitución de Eduardo Vieira, principal accionista, que pasó a ocupar el puesto de consejero delegado. Pocos meses después comenzó el desmantelamiento del equipo comercial: en noviembre de 2006 el grupo despidió al director de exportaciones. Tras él salió el director comercial y comenzó un goteo de despidos que afectó a buena parte del departamento encargado de ventas.

En 2008 los estados de cuentas presentaban un gran deterioro: la firma reconocía un fondo de maniobra negativo de casi un millón de euros, lo que implicaba “dudas sobre la capacidad de la entidad de seguir como empresa en funcionamiento”. Frente a ello se contraponía su larga experiencia en el sector, su capacidad “para generar dividendos” y activos en Argentina, Namibia, Senegal, Chile o Perú. Ese año el préstamo participativo de Xesgalicia se transformó en capital y la Xunta pasó a tener el 9,98% de las acciones del grupo.

El propietario asegura que su intención es superar el concurso

La veintena de filiales y empresas asociadas también sufrieron lo suyo en los últimos años. Vieira Argentina, sociedad que está en trámites de expropiación por el Gobierno de Cristina Kirchner, tuvo que actuar como avalista de la matriz del grupo en un préstamo del ICO de 2,7 millones. Esa misma empresa (incluidos varios de los buques pesqueros que trabajan en sus caladeros) tiene contraídas deudas de 13 millones con el Banco Popular y Novagalicia Banco según las cuentas presentadas por la sociedad en 2010. El 51% de sus acciones están pignoradas (prestadas como garantía) por distintos créditos con la banca. Al menos es lo que figura en los estados contables de 2010, porque Vieirasa no ha presentado en el Registro Mercantil la documentación de 2011. El presidente, Eduardo Vieira, aseguró ayer que todas sus gestiones se encaminan a “salir cuanto antes del concurso de acreedores”, y restó importancia al hecho de que más de la mitad del capital de Vieira Argentina esté virtualmente en manos de la banca: “Es algo habitual en cualquier empresa”.

Sobre el respaldo público, asegura que los préstamos del Igape “están contraavalados por la sociedad”. El grupo tiene varias plantas repartidas por el mundo. En España su mayor activo está en unas naves frigoríficas situadas en terreno de la Autoridad Portuaria de Vigo, en una concesión de 24.350 metros cuadrados bajo el puente de Rande que se renovó en el año 96 por un periodo de 22 años. Para distintas obras en su nave frigorífica la firma recibió ayudas de 2,4 millones de euros. También tiene, en régimen de concesión, terrenos en O Berbés, donde están sus oficinas.

El concurso fue instado por un acreedor, la sociedad de capital riesgo británica CDC Group LPC (con participación pública), que mantiene desde hace años un litigio con el grupo del que era socia en la empresa namibia Cadilu Fishing. En marzo de 2011 ambas firmaron un acuerdo por el que Vieira se comprometía a pagar a CDC Group 1,8 millones de euros mediante una aportación inicial de 150.000 euros y 42 plazos de 43.300 euros. Pero el deterioro de las cuentas continuó hasta la insolvencia actual. En 2010 su fondo de maniobra era negativo en 3,1 millones.