La privación de cartilla sanitaria para los ilegales arranca sin ninguna incidencia

La nueva medida que entraba en vigor ayer, por la que se priva de cartilla sanitaria a los inmigrantes sin papeles, no ha tenido ninguna incidencia en la red sanitaria catalana. Por tratarse de un fin de semana, solo funcionan los servicios de urgencias, y esta es una atención sanitaria que el Gobierno central aún concede a los inmigrantes en situación irregular. A esto, se suma además el plan presentado el pasado jueves por el consejero de Salud, Boi Ruiz, para asegurar la cobertura médica a los 180.000 inmigrantes sin papeles que residen en Cataluña, según los cálculos del Departamento de Salud. Durante los próximos seis meses, la Generalitat dará una moratoria en la que proporcionará la misma cobertura sanitaria universal que se venía dando hasta ahora.

En este semestre los inmigrantes sin residencia legal en Cataluña tendrán que regularizar su situación: deberán estar empadronados, al menos desde hace tres meses, y tener unos ingresos menores de la renta básica de inclusión y protección social, algo menos de 500 euros mensuales para una persona y 600 para una familia de tres miembros. Si cumplen todos los requisitos tendrán derecho a una tarjeta sanitaria que les asegurará el acceso a la atención urgente y primaria, a programas de interés sanitario para enfermedades crónicas como el VIH y la financiación del gasto farmacéutico del 40%. Al año de tener esta primera tarjeta, sus usuarios podrán recibir además atención especializada, medida con la que la Generalitat pretende hacer frente al posible turismo sanitario. Las personas que no cumplan estos requisitos podrán recibir una autorización especial por parte de un comité para poder ser atendidos por un especialista, una medida que sin embargo podría ralentizar el tratamiento sanitario de estos usuarios.

Para Montserrat Pineda, presidenta del Comité “1º de diciembre”, una plataforma de ONG que trabajan para dar respuesta al SIDA en Cataluña, la creación de estas dos nuevas tarjetas con accesos a diferentes atenciones sanitarias “esconde un globo sonda para tantear a la ciudadanía sobre la posibilidad de que existan diferentes carteras de servicios”. Además, criticó que esto supondrá una vulneración de la privacidad de las personas: “¿Cómo se puede garantizar la confidencialidad de los servicios si según la tarjeta sanitaria ya se puede saber si es un inmigrante en situación irregular?”

Desde esta plataforma también denunciaron la desinformación sufrida por los centros médicos en las últimas semanas, y explican que incluso recibieron llamadas de hospitales “preguntándonos sobre cómo actuar a partir del 1 de septiembre, porque nadie se había puesto en contacto con ellos”. Para Montserrat Pineda, que el Govern catalán haya presentado “sus medidas a última hora es tan sólo con interés político”. Trabajadores del Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) L'Hospitalet y del Centro de Atención Primaria (CAP) La Torrassa, en L’Hospitalet de Llobregat y del CAP Manso, en Barcelona, confirmaron ayer que, hasta ese momento, no habían recibido ninguna indicación por parte de la Consejería de Salud, ni siquiera sobre cómo informar a los usuarios que necesitarán regularizar su situación antes de seis meses para poder seguir recibiendo atención médica. “No nos han dicho nada, el lunes quizá nos envien una circular”, coinciden en afirmar tanto desde el CAP Manso como desde el CUAP L’Hospitalet. “Lo que te interesa es la declaración política, no mejorar la gestión”, denuncian estos últimos. Fuentes del CAP La Torrasa también aseguraban que “no tenemos ninguna instrucción para actuar de forma diferente a lo realizado hasta ahora, nosotros esperaremos y acataremos lo que diga el centro coordinador”.

Lo que parece estar claro para casi todas las partes es que la limitación del acceso a la sanidad de estos inmigrantes traerá consigo tomo tipo de artimañas para poder burlar la nueva normativa. Desde el CUAP L’Hospitalet apuntaron al uso de una misma tarjeta sanitaria de un inmigrante con papeles o con nacionalidad española por más de una persona, algo que ya sucede de forma habitual como apuntan sus trabajadores. La presidenta de la plataforma Primero de Diciembre aseguró que desde muchas ONG se ofrecen diferentes opciones para empadronarse: en la casa de cualquier familiar o conocido o en el propio domicilio de las organizaciones.

Pese a los cambios impuestos por los gobiernos catalán y español, para un trabajador del CUAP L’Hospitalet la situación en los centros de salud y hospitales no variará de la actual. “En la práctica se terminará asistiendo a todo el mundo, porque es difícil evaluar que es urgente. Los médicos de urgencias no van a impedir el paso de los enfermos al siguiente nivel sanitario”, concluyó.