“Se ha vivido fuera de la realidad”

“No tenéis nada que envidiar a los Ayuntamientos de Valencia”. Con esta demoledora sentencia de una empresa auditora se encontró el equipo de gobierno del consistorio de Salvatierra, de Bildu, al poco de tomar las riendas de la localidad alavesa, en junio del pasado año. “Intuíamos que la gestión anterior había sido desordenada y decidimos encargar un informe para fijar un diagnóstico”, rememora Enrique Gainzarain, teniente-alcalde de la corporación. La conclusión de ese análisis, avalada poco después por técnicos de la Diputación alavesa, confirmó las peores sospechas: la deuda local ascendía a 11 millones de euros, tres de los cuales correspondían a facturas impagadas. El goteo por las oficinas municipales de proveedores reclamando el cobro de recibos atrasados, algunos con fecha de 2007, era incesante, asegura Gainzarain.“Se ha vivido fuera de la realidad y ahora todos lo estamos pagando”, resume el ánimo de muchos alcaldes.

Salvatierra es uno de los 17 Ayuntamientos vascos, 12 guipuzcoanos y cinco alaveses, que han solicitado ya auxilio a sus respectivas Diputaciones para oxigenar su complicada situación financiera. Solo del pasado ejercicio, los municipios adeudan en conjunto a las tres instituciones provinciales 128 millones de euros por la diferencia entre lo que recibieron de los fondos forales de financiación y la liquidación real, es decir, lo que les correspondía en función de los ingresos tributarios de las Haciendas.

Diecisiete municipios han solicitado ya auxilio a las Diputaciones

Con este panorama, y dadas las malas previsiones de recaudación para este 2012 —de enero a julio ha habido una caída media de en torno al 2,5%—, Eudel, la asociación que reúne a los 251 consistorios vascos, ha aconsejado a los alcaldes “mucha prudencia en el gasto”. EL PAÍS se ha puesto en contacto con varios Ayuntamientos y todos sus responsables aseguran estar cumpliendo con esta recomendación.

“No nos queda otra. La cosa está muy mal y tiene peor pinta a corto plazo”, señala Joseba Fernández (PNV), primer edil de Kripan, pequeño municipio —200 habitantes— del sur de Álava. Con una deuda de 300.000 euros a pagar en 30 años, las finanzas de esta localidad no sufren, por el momento, serias apreturas, asegura Fernández.

“Cerramos 2011 con 19.000 euros en negativo. Pero no estamos en quiebra como se ha dicho. No hay ni una factura en el cajón. Tenemos para sobrevivir”, asevera. Como medidas de ahorro, el alcalde anuncia recortes en el servicio de limpieza, en el del alguacil, en la biblioteca, que podría cerrarse, y en el presupuesto de fiestas. “También hemos reducido a la mitad el gasto en alumbrado público. Y compartimos con otros Ayuntamientos al administrativo y a la secretaria”, informa. “Intentamos ahorrar para sufrir lo menos posible. Corren malos tiempos”, concluye.

Salvatierra acumula una deuda de tres millones de euros a proveedores

El popular Rubén Garrido, alcalde de Oyón (Álava; 3.500 habitantes), heredó del anterior equipo de gobierno una deuda de 2,2 millones, con otro millón más de pagos pendientes a proveedores. “No había ningún control. Se ha vivido por encima de las posibilidades”, lamenta. Entre otros “desmanes” urbanísticos en el municipio, alude a la construcción de un campo de fútbol por valor de 3,8 millones. “Es una barbaridad”, enfatiza. Tras aplicar “severos” recortes, Garrido presume de no deber, a día de hoy, “nada a nadie”.

En Salvatierra lo están pasando bastante peor. El endeudamiento con el que se encontró en junio de 2011, tras las últimas elecciones municipales y forales, el nuevo ejecutivo local de Bildu se elevaba al 200%, subraya el teniente-alcalde de esta localidad. “Se han desatendido servicios básicos para primar grandes obras que quedan muy bonitas en la foto”, denuncia.

Como ejemplo de esa gestión “desordenada”, Gainzarain cita el área deportiva del municipio, en la que se han construido nuevos accesos con ascensor y una zona peatonal. En total, unos dos millones de euros invertidos, de los que solo 500.000 salieron de las arcas de la Diputación.

A lo mejor no hace falta tener abiertos tantos polideportivos”

El anterior alcalde, con una trayectoria de 24 años al frente de la corporación, también ordenó la implantación de un sistema de recogida neumática de basuras con un coste de cuatro millones de euros. “Pero no se contabilizaron como deuda financiada”, apunta Gainzarain, sino que el préstamo se acordó con la empresa en unas condiciones “desastrosas” y a pagar en 30 años, detalla.

Para salir del agujero, Salvatierra se ha acogido a un plan de viabilidad a 15 años auspiciado por la Diputación alavesa, lo que le va a permitir obtener créditos por 3,7 millones de euros. El Ejecutivo foral garantiza a las entidades financieras que recuperarán el dinero prestado. “Con esos ingresos pagaremos todas las facturas”, anota Gainzarain.

De este modo, los responsables municipales podrán centrarse en la gestión del día a día sin las ataduras de los pagos pendientes. Eso sí, nada de empeñarse para hacer obra nueva. Y en el caso de obtener remanente positivo al final del ejercicio, éste deberá destinarse a reducir la deuda.

Ningún alcalde de Bizkaia se ha acogido aún a las ayudas forales

“Los servicios básicos no han corrido peligro, pero cuesta mucho mantenerlos. Nuestra gestión ahora es muy contenida en el gasto”, precisa Gainzarain. Además de Salvatierra, otros cuatro municipios alaveses se han acogido a este plan de viabilidad: Valdegovía, Navaridas, Valle de Arana y Laguardia.

En Gipuzkoa, 12 Ayuntamientos (Altzaga, Aretxabaleta, Ataun, Azkoitia, Elgeta, Gaintza, Hernani, Pasaia, Urretxu, Villabona, Zaldibia y Zumaia) han solicitado créditos a la Caja Rural con condiciones especiales para afrontar el pago de la deuda de 2011. La Diputación ha actuado como mediadora en las negociaciones con la entidad. Como requisito, los alcaldes han tenido que presentar un plan económico viable que ha sido supervisado por el Ejecutivo foral.

Amaia Agirregabiria, alcaldesa de Pasaia, reconoce que las arcas del municipio están “mal” y que la consigna es la contención del gasto. “Somos pobres, pero nuestra deuda no es asfixiante”, comenta. Antes que recortar prestaciones sociales o sueldos de trabajadores, Agirregabiria apuesta por compartir servicios con otras localidades para optimizar recursos. “A lo mejor no hace falta tener abiertos tantos polideportivos”, defiende.

Bizkaia ha aprobado una norma foral que permite a los Ayuntamientos elevar su deuda con créditos especiales para pagar facturas pendientes a proveedores. La Diputación negocia con los bancos y fija el tipo de interés y el plazo de amortización. La previsión foral era que en torno a 30 consistorios se iban a acoger a la medida y que el montante total de la operación ascendería a 30 millones. Sin embargo, níngún alcalde ha reclamado hasta el momento la ayuda.

“Es que piden como condición que presentes un plan de ajuste en el gasto a diez años, una barrabasada. Es como escribir una novela de ciencia ficción”, critica el alcalde de Orduña, Carlos Arranz (Bildu). En su opinión, la medida no ataja la deuda, el “verdadero” problema de los consistorios, y solo sirve “para hacer más grande todavía el agujero”, cree.

Con 4.250 habitantes, Orduña tiene una deuda bancaria de 5,6 millones, lo que le obliga a un pago anual de medio millón, del que la mitad son intereses. Arranz se pregunta por qué no se obliga a los bancos a renunciar a esos intereses, teniendo en cuenta las inyecciones tan importantes de capital público que han recibido. “No nos va llegar el dinero. La cuestión es: ¿quién es el responsable de todo esto? Que no me digan que hay que despedir trabajadores y quitar servicios. Quienes deberían pagar son los verdaderos responsables”, zanja.