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CC OO tacha de “extorsión y chantaje” la política de Rajoy con Andalucía

Carbonero propone un referéndum sobre las actuaciones del Gobierno central

Francisco Carbonero, secretario general de CC OO, este jueves en Córdoba.
Francisco Carbonero, secretario general de CC OO, este jueves en Córdoba.

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Francisco Carbonero, calificó ayer de “extorsión y chantaje” la política ejercida por el Gobierno central con Andalucía y anunció que propondrá a UGT, las organizaciones sociales y los partidos políticos que constituyan comisiones para movilizar a la sociedad y promover un referéndum.

El dirigente sindical consideró que el Ejecutivo “ha engañado” y advirtió, frente a las pretensiones del Gobierno central de rebajar el techo de deuda de la Junta, que “la comunidad andaluza no puede soportar otro recorte de 3.000 millones en los presupuestos del próximo ejercicio”. Según dijo, otro ajuste sería de “extrema gravedad” y supondría un “retroceso en el sistema sanitario, educativo y de protección social”. “Significaría empeorar la condiciones de vida de los andaluces hasta tiempos muy anteriores”, añadió.

Sobre el Plan Prepara, prorrogado tras la gran presión social a favor de mantener las ayudas de 400 euros a los desempleados sin ningún tipo de recursos, Carbonero advirtió también al Gobierno: “No estamos dispuestos a que se utilice ese dinero para nada que no sean los desempleados”. El dirigente de Comisiones Obreras defendió esta prestación que, en su día, se diseñó como una forma de recualificar a los trabajadores que, en un momento de crisis como el actual, necesitan cambiar de sector. “A día de hoy, ese objetivo es un fracaso dado que tanto la formación como la orientación han sufrido recortes económicos importantes”, añadió.

Marcha a Madrid

Carbonero participó en Córdoba en la campaña de información sobre la marcha a Madrid contra los recortes del Gobierno prevista el próximo 15 de septiembre.

Finalmente, el máximo responsable de CC OO en Andalucía defendió a las 6.000 personas que se acogieron en el pasado a prejubilaciones pactadas entre empresas y administración y que están sufriendo impagos porque la aseguradora Generali afirma que no recibe los fondos correspondientes de la Junta.

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Carbonero rechazó este argumento e instó a las empresas que gestionan las prestaciones a que cumplan con sus compromisos y “no se escuden en impagos de la Administración para hacer chantaje y mantener su grandes beneficios”. “Si las aseguradoras tienen problemas con la Junta por impagos que se dirija a los tribunales”.

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