La Sindicatura alerta sobre el déficit oculto de los Ayuntamientos

La Sindicatura de Comptes, el órgano fiscalizador de las Administraciones valencianas, hizo este miércoles sonar la alarma sobre las facturas guardadas en los cajones de los 542 Ayuntamientos del territorio. Las facturas ocultas son aquellas obligaciones de pago que se hacen al margen del presupuesto, es decir, sin fondos para hacerles frente. Un “problema crónico de las Administraciones públicas, y especialmente de las entidades locales”, señaló la Sindicatura, que tiene una “repercusión directa en la estabilidad presupuestaria”. Esto es, en el objetivo del control del déficit público en el que está embarcado el conjunto del Estado.

La Sindicatura no se fía de parte de los Ayuntamientos, ni de la libertad que sus interventores cuya función, describe, “se caracteriza por su soledad y dependencia del propio órgano fiscalizado”, para alertar del descontrol en los Consistorios.

El órgano fiscalizador no dispone de una estimación de a cuánto puede ascender este déficit municipal oculto. Fuentes del mismo creen, sin embargo, que pudiendo resultar un problema importante a escala de un Ayuntamiento, no tendrá repercusión en la contabilidad nacional —en el déficit del Estado— como sí la tuvieron hace unos meses las facturas en el cajón que afloró la Generalitat, que obligaron al Gobierno a corregir su dato de déficit y dar explicaciones ante Bruselas.

Los interventores deberán ahora informar trimestralmente de a cuánto ascienden las facturas en el cajón, así como de los reparos que hayan formulado por “actos no ajustados a derecho” y de las decisiones que los Ayuntamientos hayan adoptado en contra del criterio del secretario municipal.

Por grave que fuera el coste en términos de fiabilidad de la Generalitat a raíz del muy tardío reconocimiento —en mayo— de que guardaba 1.842 millones de euros en facturas en el cajón de los años 2011, 2010 y 2009, fuentes de la Sindicatura señalan que el organismo ya venía ofreciendo esos datos, no exactos pero sí similares, en las revisiones que hace cada ejercicio de las cuentas del Gobierno autonómico. El caso de los Ayuntamientos es diferente, entre otras cosas, porque el examen de sus cuentas se hace en un plazo superior. La sindicatura está analizando ahora las cuentas de la Generalitat de 2011, que publicará a final de año. De los Consistorios, en cambio, está revisando el año 2010.

Los reparos formulados por los interventores y los acuerdos que un Ayuntamiento adopta en contra de los informes emitidos por el secretario, además, ni siquiera llegaban a la sindicatura con carácter general, solo en los contados casos de informe específico sobre un municipio que realiza al cabo del año.

El objetivo de la Sindicatura de Comptes con el reporte trimestral es reforzar a los interventores ante sus alcaldes. En principio, estos funcionarios ya cuentan, de entrada, con un blindaje adicional respecto a la mayoría de empleados municipales. Se trata de un cuerpo de habilitación estatal y la resolución, por ejemplo, de las faltas graves y muy graves que se les atribuyan corresponde a la Administración autonómica y no a la local. Una forma de guardar distancia entre el fiscalizado y el fiscalizador.

La institución quiere reforzar a los interventores frente a sus alcaldes

Existen, sin embargo, formas de debilitar su posición. Por ejemplo, estableciendo requisitos muy exigentes a quienes optan al puesto o fijando complementos salariales muy bajos para hacerlo poco atractivo. El resultado es que el cargo de interventor queda desierto. El Gobierno municipal puede nombrar en ese caso a un funcionario local para el cargo de forma interina. Y hay casos, apuntan las mismas fuentes, de municipios valencianos de cierto tamaño donde esa interinidad se alarga durante años. La obligación que ahora introduce la sindicatura pretende fortalecer también la posición de esta clase de interventores provisionales.

Aunque el comunicado de la sindicatura recuerda que los compromisos adquiridos sin consignación presupuestaria son nulos de pleno derecho, existen casos en que pueden considerarse inevitables. Si, por ejemplo, un Ayuntamiento hace una previsión de consumo eléctrico que acaba desviándose en un 4% o 5%, el exceso no podrá afrontarse en ese ejercicio, deberá contabilizarse en el balance como pendiente y pagarse al año siguiente en cuanto sea posible, mediante un reconocimiento extrajudicial de créditos. Hay otro tipo de gastos sin respaldo presupuestario, señalan las mismas fuentes, mucho más difíciles de justificar.

Deberán remitir en noviembre los datos de la primera mitad de 2012

Incluso dentro de las facturas en el cajón hay grados. Puede no pagarse un suministro o servicio por falta de disponibilidad presupuestaria pero, al menos, incluir el gasto dentro de la contabilidad financiera que están obligadas a llevar todas las Administraciones. Pero puede también incumplirse este requisito mínimo y simplemente no contabilizar la factura. En este segundo caso se hallaban, al parecer, parte de las facturas que la Generalitat reconoció en mayo de ejercicios anteriores.

La nueva instrucción que la sindicatura tiene previsto dictar en septiembre, y que es la primera de este tipo en España, dará dos meses de plazo a los interventores para enviar al órgano fiscalizador la información referente a la primera mitad de 2012.

Los recursos de la sindicatura, que la Generalitat ha planteado recientemente reducir, ha crecido poco desde el año 2001. A pesar de que a partir de aquel año su competencia se amplió, incluyendo además de la Administración autonómica, las locales.