Carpetazo al ‘caso Justicia’

El supuesto fraude de 23 millones de euros detectado en la informatización de varios juzgados vascos entre 2000 y 2009 no se investigará en los tribunales. El fiscal superior, Juan Calparsoro, decretó ayer el archivo del caso “al no haberse acreditado hechos constitutivos de delito” durante los casi seis meses de pesquisas y tomas de declaración. El máximo responsable del Ministerio Público en Euskadi, en su escrito de conclusiones, argumentó que los hechos analizados no se ajustan a un delito de malversación de caudales públicos, como tampoco a uno de prevaricación administrativa. Su decisión supone un duro varapalo para la actual consejería de Justicia, que fue la que reveló las irregularidades.

Fue en febrero cuando el departamento remitió a la Fiscalía las pruebas de un supuesto fraude que afectaba a 15 contratos para la informatización de varios juzgados vascos, cuyo importe ascendía a 23 millones de euros. Todos ellos fueron firmados durante los Gobiernos de Ibarretxe, con la consejería en manos de EA, cuando Inmaculada De Miguel y Ana Molina eran las máximas responsables de la informática judicial. Según la investigación interna abierta tras la llegada del PSE al Ejecutivo, los trabajos encargados fueron pagados por la Administración, pese a que no se llevaron a efecto o su ejecución fue defectuosa. Ibermática e Indra fueron las empresas beneficiarias.

Las irregularidades detectadas no son constitutivas de delito

El propio Calparsoro decidió asumir las diligencias de investigación. En el último medio año ha tomado declaración a cargos del actual Gobierno vasco y de los anteriores, así como a peritos y representantes de las empresas afectadas. La viceconsejera de Justicia y responsable última del informe sobre las irregularidades, María Victoria Cinto, fue el viernes una de las últimas en ofrecer su versión de los hechos. Lo hizo durante más de siete horas, en las que se ratificó en las anomalías detectadas. El propio tiempo empleado, sin embargo, apuntaba ya a la incertidumbre sobre un caso que inicialmente parecía un fraude a todas luces.

Las sospechas sobre un posible carpetazo del caso se confirmaron ayer. Calparsoro argumentó que tanto la malversación de caudales públicos, como la prevaricación administrativa, son delitos dolosos, por lo que exigen una comisión a sabiendas de la injusticia. En el segundo de los casos, además, se requiere ánimo de lucro propio a ajeno. Se trata de condiciones que el fiscal considera que no se han podido probar durante la fase de investigación. El máximo responsable del Ministerio Público no niega, en cualquier caso, la existencia de irregularidades en los contratos, pero las ubica en el ámbito de las responsabilidades administrativas y mercantiles, “cuyo cauce de solución debe ser distinto del derecho penal”.

Calparsoro valora el control del dinero público por parte de la actual consejería

El archivo del caso supone un duro varapalo para la imagen del Gobierno, a escasos meses de las autonómicas, y especialmente para el Departamento de Justicia, que había hecho bandera de la causa. El revés, sin embargo, no ha sido completo. Pese a no apreciar indicios de delito, el fiscal superior sí valora en su decreto el “encomiable” esfuerzo realizado por la consejería para lograr un control exhaustivo del uso de los recursos públicos. “Durante los años que se corresponden con los contratos investigados no parece que se actuara con el mismo nivel de exigencia por parte de la Administración responsable, y más en concreto por Inmaculada de Miguel y Ana Molina”, censura Calparsoro.

A través de un escueto comunicado, el Gobierno no se pronunció ayer sobre el fondo de la resolución fiscal. Se limitó a confirmar que “acata la decisión adoptada”, aunque aprovechó para ratificar también que hizo “lo correcto y exigible” al remitir las irregularidades detectadas al Ministerio Público, en vez de “mirar para otro lado”. Además, matizó que, “a diferencia de otros casos”, a los que no hizo referencia, en ningún momento tipificó las anomalías descubiertas ni dirigió la acusación “contra nadie”.