Los discapacitados reclaman con encierros las deudas del Consell

Los retrasos en el pago de las ayudas del Consell (que suman al menos de 10 millones de euros en lo que va de año) han agotado la paciencia de los colectivos de discapacitados (intelectuales, mentales y autistas) de la Comunidad Valenciana. Familiares, afectados y trabajadores han optado por visualizar la precaria situación de los 41 centros que acogen a más de 3.000 personas con este tipo de discapacidad con encierros en Castellón, Valencia y Alicante.

Según una estimación de Cati Esteban, presidenta de la Federación Empresarial de Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual, la Consejería de Bienestar Social les adeuda unos seis millones de euros a los 41 centros de la Comunidad Valenciana en concepto del 60% de total de ayuda comprometida para este año. “Así no podemos seguir. Está en riesgo la atención a las 3.000 personas que atendemos y unos 2.100 puestos de trabajo”, explicó Esteban.

La Consejería de Bienestar, a través de su gabinete de prensa, admitió que solo al colectivo de discapacitados mentales le adeuda 1,6 millones de las ayudas de 2011 y 3,7 millones de las correspondientes a 2012.

Pero no solo la Consejería de Bienestar Social tiene deudas pendientes con estos colectivos. Los impagos también se extiende a otros departamentos de la Generalitat implicados en la protección a estos colectivos, como Sanidad, Educación y Empleo. Así, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI), registró en la mañana de este jueves en la Consejería de Sanidad un escrito con las reclamaciones previas a la interposición de un recurso contencioso-administrativo por el impago de las subvenciones de correspondientes a 2010 y 2011, en total 900.000 euros.

Trabajadores de los centros llevan cinco meses sin cobrar

“Si no llegan las ayudas en breve no podremos ni abrir los centros”, aseguró Rosa Prades, vicepresidenta de la Fundación Síndrome de Down de Castellón. Prades es una de las más de 30 personas participantes en el encierro que el colectivo protagoniza desde el pasado miércoles en las dependencias del centro de la Asociación Síndrome de Down de la capital de La Plana y que se prolongará hasta el sábado. “Para entonces esperamos tener una respuesta del Consell sobre cómo y cuándo nos van a pagar”, añadió Prades. Este colectivo asegura que el Servef y Educación les adeudan unos 400.000 euros.

“La situación es insostenible. Pero queremos la continuidad de nuestros centros y seguir con los niveles de calidad que ofrecemos a nuestros chavales”, aseguró ayer Ana García, portavoz del grupo de familiares, discapacitados intelectuales y trabajadores encerrados, también desde el miércoles, en el centro ocupacional La Torre, en la ciudad de Valencia. García cifró en tres millones de euros la deuda pendiente de la Generalitat con la decena de centros de Valencia en concepto del 60% de la ayuda global para este ejercicio.

García señaló que los centros siguen prestando servicio a los 500 discapacitados mentales que atienden, aunque puntualizó que los trabajadores llevan ya cinco meses sin cobrar la nómina y también acumulan deudas con proveedores y con la Seguridad Social. Este último aspecto fue resaltado por la portavoz del colectivo encerrado en Castellón. “Es necesario que paguemos a Hacienda y la Seguridad Social, porque para poder acogernos a futuras ayudas nos exigen el certificado de que estamos al corriente de estos pagos”, dijo Rosa Prades.

Los encerrados confían en que finalmente el Consell les pagará, pero exigen al presidente de la Generalitat Valenciana un calendario de pagos concretos y sobre todo un plan extraordinario de la Generalitat para financiar a este tipo de entidades sin ánimo de lucro que les permita organizarse y garantice el futuro del sector.

73.437 dependientes perjudicados por el boicot del Consell, según el PSPV

En el encierro del centro de La Torre en Valencia participan una treintena de personas, a las que en la tarde de este jueves se sumó un grupo de Alicante, que estaban encerrados en el centro de personas autistas. No obstante, según aseguró Cati Esteban, presidenta de los centros que atienen a personas con discapacidad intelectual, en la mañana de ayer optaron por poner fin a la protesta y adherirse a la de Valencia, “porque las instalaciones no reunían las condiciones necesarias, sobre todo para los chavales”.

Los encerrados pasan las horas celebrando debates sobre sus problemas o reuniones con representantes de los partidos políticos y agentes sociales. “Todo ello con el fin difundir y dar a conocer nuestra situación como colectivo”, explico Gloria Cubillos, directora del centro ocupacional La Torre. “Y también organizamos cenas abiertas, como la de esta noche [del jueves] para todo el que quiere solidarizarse con nosotros”.

El grupo tiene previsto llevar este viernes su protesta hasta la playa de la Malva-rosa. “Hacia las 11 de la mañana estaremos en la playa para informar a los ciudadanos sobre nuestra situación y hacer más visible nuestro malestar”, comentó Cubillos.

Por otra parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Cortes Valencianas, Antonio Torres, aseguró  en Alicante que en los cinco años de aplicación de la ley de la Dependencia han sido 73.437 los valencianos que ha quedado excluidos de las ayudas, “debido al boicoteo del Consell a la ley”. “En la actualidad son 40.298 los perjudicados, lo que quiere decir que más de 33.000 han fallecido antes de que el Consell atendiera sus solicitudes”, explicó.