Encierros y protestas por el impago de ayudas a discapacitados y niños autistas

Miembros de una decena de centros que atienden a personas con discapacidad intelectual mantienen desde este miércoles y hasta el próximo sábado un encierro en el Centro Ocupacional La Torre de Valencia en protesta por los impagos del Consell, que les adeuda alrededor de tres millones de euros. Según ha explicado Ana García, portavoz del grupo de encerrados, además de trabajadores de los centros participan en la protesta familiares, personas con discapacidad mental y representantes tanto de las plataformas como de la mesa por la discapacidad.

Cerca de una veintena de personas ha pasado la noche en el centro ocupacional y el encierro se mantendrá hasta mediodía del próximo sábado, ya que confían en que el pago del dinero que les adeudan, el 60% de la ayuda anual que reciben, "no se dilate más de la semana que viene".

Aunque se sigue ofreciendo atención a los cerca de 500 discapacitados mentales que acuden a estos centros, los trabajadores llevan ya sin cobrar cinco meses y tampoco se puede pagar a los proveedores ni a la Seguridad Social. "La situación es insostenible", ha asegurado García. "A fecha de 26 de julio no hemos recibido ni un solo euro y esta situación ha hecho que estemos colapsados a nivel económico", ha añadido.

"Las familias no podemos afrontar el pago"

“Ya no nos quedaba otra que plantarnos ante la puerta de la consejería”. Los impagos de la Generalitat asfixian también a otras entidades que atienden a personas con discapacidad o necesitadas de tratamientos especializados, como es el caso de la Fundación Mira’m, dedicada a la terapia para niños con autismo. Trabajadores y padres y madres de los niños se han manifestado esta mañana ante la sede de Sanidad en Valencia para exigir el pago de la deuda de unos 250.000 euros acumulada desde el año pasado con Mira’m, según datos de la entidad, que atiende a los niños de unas 170 familias.

“Hemos hecho lo posible por solucionarlo y hemos tenido muchas reuniones con la consejería, pero no hay un compromiso real de pago”, ha explicado Rebeca Montes, terapeuta y representante de los 24 trabajadores de los dos centros de la fundación en Valencia y Gandia.

La fundación ofrece servicios de apoyo familiar, formación y asesoramiento, diagnóstico y tratamiento individualizado, así como escolarización de niños autistas. Mira'm depende de la financiación de la Consejería de Sanidad para dar terapia a niños autistas, y el impago de la aportación asignada ha puesto al centro en una situación muy difícil. "La fundación no puede seguir financiando el tratamiento, pero los niños no pueden prescindir de esta intervención", ha señalado Montes.

Padres como Carlos Suárez, con un hijo menor de tres años con autismo, temen el cierre del centro de Mira'm: "Sin la ayuda oficial no es asumible, las familias no podemos afrontar el pago".

Sanidad, preguntada por la situación de la deuda con la fundación, confirma que ha mantenido varias reuniones con los responsables de Mira’m, y asegura que ha acordado el abono "en un breve plazo de tiempo" que no especifica de las anualidades correspondientes a 2011 y 2012. Con ese pago, que no tiene fecha, la consejería afirma que "garantiza que se continuará prestando el servicio a los niños que padecen espectro autista". Sanidad anuncia también que regulará la prestación de este servicio "a través de un concurso público para concertarlo e incluirlo en la cartera de servicios sanitarios prestados a los ciudadanos" de la Comunidad Valenciana.

Denuncia

En relación con los impagos de servicios sociales, entidades que forman parte del comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI-CV) han presentado en Sanidad entre 60 y 70 reclamaciones por el impago de las subvenciones de 2010 y 2011, que suman cerca de 900.000 euros.

Según fuentes del CERMI-CV, entidad que representa a 250 asociaciones agrupadas en 14 federaciones, tras la presentación hoy de las reclamaciones se abre un plazo de tres meses para que la consejería conteste y si no lo hace se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo.

El coordinador de la Comisión de Sanidad del CERMI-CV, Luis Vañó, ha asegurado que más del 80% del tejido asociativo de esta entidad no pudo acogerse al mecanismo de financiación para el pago de a los proveedores.

"Nosotros no somos proveedores, sino prestadores de servicios y facturamos y justificamos con esas facturas las subvenciones que se nos conceden, pero no tenemos el rango de proveedores hacia la Administración", ha precisado. Según Vañó, al no haber podido acogernos a esa línea de pago, no tienen otra salida que interponer reclamaciones previas sobre el impago de dichas subvenciones, como antesala legal a la presentación de recursos judiciales.