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PLAN DE SEGURIDAD

La Catedral de Santiago cambia las cerraduras y empieza a vigilar sus llaves

El cabildo presenta su plan de seguridad, con un circuito de "más de 40 cámaras"

Cepillo en la Catedral de Santiago.
Cepillo en la Catedral de Santiago.

Algunos fieles ya se han quejado. No les gusta nada que, después de tantos años yendo a misa a diario, la Catedral de Santiago les impida ir al aseo entre rezo y rezo. La culpa, nuevamente, la tiene Manuel Fernández Castiñeiras, Manolo el electricista, que confesó el robo del Códice. Él iba a misa al amanecer en la Capilla de la Comunión, y luego saludaba a unos y otros, y deambulaba por el templo. También solía cruzar la sacristía (donde suele haber alguna monja atendiendo a todo) hacia el edificio claustral, a veces con la excusa de ir al baño. Pero el baño está cerca de esa otra puerta que lleva al Archivo, donde vuelve a dormir el Calixtino después de su secuestro.

Hay otros muchos habituales del templo, pero ajenos a la plantilla y al grupo de canónigos, que entraban y salían con libertad. Nadie les ponía trabas porque son como de la casa. Hasta ahora. El nuevo Plan de Seguridad Integral, aprobado por el cabildo catedralicio en diciembre y puesto ya en buena parte en marcha, fue presentado ayer e incluye, entre sus medidas más llamativas, la obligatoria identificación (mostrando el DNI al guardia de seguridad, que llevará registro de los nombres) de cualquier persona que se mueva por las zonas de acceso restringido de la basílica.

Además, se han instalado “más de 40 cámaras”, explica el director de seguridad, una nueva figura en el templo que ocupa Ricardo Sanz, técnico de ProArPa (Protección de Arte y Patrimonio), la empresa contratada por el cabildo, que ya prestaba servicio en otras 14 diócesis. En adelante, habrá ocho agentes de seguridad privada que cubrirán las 24 horas del día en tres turnos. En principio, uno se dedicará a vigilar el templo y otro permanecerá en el llamado centro de control, un espacio recién habilitado en la sacristía donde se reciben todas las señales de vídeo y de alarma y donde se guardan todas las llaves.

Si alguien (sea empleado de la casa, voluntario que colabora con el culto, sacerdote o trabajador de una empresa externa contratada para una obra) pide cualquier llave del edificio, no solo deberá registrarse, sino que en muchos casos, según Sanz, ni siquiera tocará la llave porque uno de los vigilantes “acompañará” al interesado para abrir y cerrar. La Iglesia está convencida de que así se hará imposible realizar copias, como había hecho durante años Fernández Castiñeiras, que guardaba réplicas para todas las cerraduras que se cuentan en el templo.

La policía se incautó del voluminoso juego de llaves del electricista, pero ante el temor de que circulen más copias que las suyas, el plan de seguridad también obliga a ir reemplazando paulatinamente los cierres. De momento, lo que asegura Ricardo Sanz es que los del Archivo “ya se cambiaron todos”.

El Códice, con otros documentos medievales, está custodiado en el depósito de seguridad de este ángulo del claustro. En otro lugar está la caja fuerte del dinero. En el área de administración se guardan después de contarse los ingresos, que proceden de las colectas, las taquillas de Museo y Cubiertas, y los cobros por arrendamientos de propiedades del Cabildo. Según la catedral, allí dentro se mueve una media de 1,62 millones anuales.

Se ha instalado una central de control con monitores en la sacristía

Ya hace un par de semanas y ayer nuevamente durante la presentación del plan de seguridad, el canónigo fabriquero, Daniel Lorenzo, responsable del mantenimiento del edificio, dijo que ese dinero, a la catedral, no le llega. La colocación de las cámaras disparará el año que viene en 130.000 euros el presupuesto dedicado anualmente a seguridad. El kilométrico cableado debe revestirse con cobre al tratarse de un monumento, y eso, insiste Lorenzo, triplica el precio de la instalación.

Según el fabriquero, el Plan de Conservación Preventiva elaborado para la seo (un proyecto que la Iglesia planea presentar en septiembre y que demandará al año más de 1.500.000 euros) indica que “lo recomendable”, en materia de seguridad, sería gastar 400.000 euros. Sin embargo, de momento se está empleando una media de 103.400.

El plan de seguridad también dedica un apartado a la colaboración de los servicios de emergencias y las fuerzas del orden. Hace un mes, los bomberos, las policías nacional y local y Protección Civil participaron en un simulacro de incendio en el Archivo y un empleado del museo representó un infarto en la basílica. El octubre, explica el director de seguridad, habrá reuniones con todos estos cuerpos, se les facilitará información sobre las complicadas características del edificio, y terminarán conociendo sus laberintos y escondrijos. Después, tendrá lugar un “gran simulacro” de evacuación, mucho más complejo que el anterior, con abundancia de figurantes.

Sin inventario público

El canónigo fabriquero y presidente de la comisión de cultura del cabildo de la Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo, aseguró ayer en la misma rueda de prensa sobre el plan de seguridad que “si tuviera medios”, la basílica haría “un inventario público de su patrimonio”, y añadió que “nunca impidió” a las instituciones su elaboración. En un encuentro anterior con los medios, hace dos semanas, el mismo responsable explicó que, de manera interna, la catedral dispone de un inventario completo de su patrimonio. Según Lorenzo, esta catalogación es muy superior en sus características al registro de bienes que hace un año propuso crear a la Iglesia gallega la fiscalía y que no ha salido adelante porque las diócesis (salvo Astorga) no lo han rubricado.

“Cualquier especialista en arte”, añadió ayer el canónigo, tiene conocimiento “incluso de aquellos objetos que no se exhiben”. La catedral recibió “presupuestos de proyectos y estudios” para la divulgación al público en general de su patrimonio artístico, ideas tales como la elaboración de fichas virtuales sobre las piezas. No obstante, afirmó Lorenzo, “la posibilidad no se afrontó debido a su elevado coste”.

“En otras zonas como Andalucía estos temas los gestiona la propia Administración autonómica, y la Iglesia lo que hace es dar toda clase de facilidades para que se lleven a cabo”, terminó apuntando, antes de insistir en que la institución eclesiástica “puede hacer el inventario con la colaboración pública, pero no sin ella”.