Patxi López llevará al Constitucional los recortes a dependientes y funcionarios

El Gobierno vasco llevará finalmente ante el Tribunal Constitucional parte de los últimos recortes decretados por el Ejecutivo central, al considerar que vulneran sus competencias. En concreto, recurrirá la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a los empleados públicos, la reducción de las ayudas a las personas dependientes y la regulación de los horarios comerciales. Además, impugnará la prolongación de la jornada laboral de los funcionarios, así como otros aspectos recogidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que afectan a las políticas de personal.

Tras las advertencias lanzadas al poco de conocerse las últimas medidas de ajuste, el Ejecutivo de Patxi López ha decidido cumplir con su amenaza de acudir al Constitucional. La decisión se adoptó durante el consejo de gobierno, tras analizar y debatir con detalle varios informes que apuntaban hacia un posible abuso del decreto ley y una vulneración de los acuerdos laborales por parte del Gabinete de Mariano Rajoy. Los servicios jurídicos de la Administración autonómica trabajan ya en la presentación de los recursos, aunque antes se convocará una comisión bilateral de negociación para tratar de alcanzar un acuerdo en los próximos meses.

La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha sido la encargada de anunciar unos recursos que, según defendió, pretenden evitar la “invasión” de competencias y la deriva “recentralizadora” de un Ejecutivo, el de Rajoy, que pretende “desnaturalizar”, en su opinión, el Estado autonómico. “Quieren recortar nuestra autonomía y limitar el margen de maniobra para que Euskadi dé una respuesta propia a la crisis, y no lo aceptamos”, ha recriminado la dirigente socialista.

El propio lehendakari, Patxi López, se ha convertido en un férreo opositor a las medidas de ajuste del Ejecutivo central. En una entrevista concedida a Expansión, ha descartado cualquier posibilidad de que la comunidad autónoma tenga que ser intervenida o pueda recurrir al rescate. “Si en vez de imponer, el Gobierno hubiera hablado antes con las autonomías, habríamos podido poner otras cosas sobre la mesa”, ha afirmado.