La tijera que no corta o el cuento de los concejales

Al grito de “el Estado actual es insostenible”, entre otras razones porque el número de empleados públicos lo es (de Cospedal dixit), el Gobierno que gloriosamente nos rige ha incluido en el plan de ajuste que su presidente acaba de presentar en el Congreso dos propuestas de reforma del sistema administrativo: el traslado a las diputaciones provinciales de las “competencias impropias” que los Ayuntamientos ejercen y, se supone, la gestión de al menos una parte de los servicios municipales obligatorios que el raquitismo de la mayor parte de las administraciones municipales impide prestar adecuadamente, y la reducción en un 30% de los escaños de concejal en todos los Ayuntamientos. Lo que parece va a ahorrar unos 3.500 millones de gasto, se supone que superfluo.

Si se compara con la reducción de casi el 50% de las provincias que acaba de acordar en Italia el gobierno Monti no parece gran cosa, y si se compara con las propuestas de reforma del sistema administrativo avanzadas por UPyD y el PSOE no parece que el juicio pueda ser muy distinto. La razón es muy sencilla: la reforma que se propone es una reforma cosmética y partidistamente sesgada. Veamos. En la actualidad tenemos un sistema administrativo en cuatro niveles: en primer lugar la Administración general del Estado, en la que por cierto el gesto corriente apenas se reduce si dejamos de lado el pato que pagan los empleados públicos; en segundo lugar la Administración autonómica; en tercer lugar un sistema doble de gobierno local: municipios y diputaciones o entes que hacen sus veces (cabildos y consejos insulares). La parte del plan de ajuste que comento se centra en este punto, en el que hay dos niveles de gobierno y Administración en casi todo el país; que esa duplicidad no es indispensable lo indica el hecho que uno de ellos, el provincial, no existe en seis comunidades autónomas de 17.

Nuestro sistema de gobierno local tiene un problema heredado: el minifundismo municipal. Con los datos de 2009, España tenía 8.112 municipios de los cuales 6.808 tenían menos de 5.000 habitantes y 4.860 menos de 1.000. En román paladino eso significa que casi las nueve décimas partes de los municipios que atienden a algo menos del 13% de la población no pueden tener el aparato administrativo, el personal cualificado, los recursos financieros y los medios técnicos que se necesitan para gestionar los asuntos locales, razón por la cual esos municipios necesitan de rodrigones y muletas: las mancomunidades de servicios y las diputaciones provinciales, sin cuyo concurso y medios ni los ayuntamientos puede funcionar (entre otras cosas porque no pueden ni recaudar), ni los servicios prestarse. Lo que implica que hay aquí una considerable bolsa de gasto público ineficiente. Cuando el señor presidente anuncia campanudamente que las diputaciones van a asumir servicios municipales que los ayuntamientos no pueden las más de las veces prestar, no hace si no levantar acta de lo que está sucediendo, y no supone apenas innovación alguna. Por esta parte no se ve cómo se puede recortar significativamente un gasto público ineficiente.

El problema de gasto público local exige la racionalización del mapa municipal. Para hacerse una idea, cuando en 1812 se introdujo en la Constitución de Cádiz la moderna Administración local, se previó que debía haber Ayuntamiento en los pueblo de al menos 1.000 habitantes. A la fecha casi seis de cada diez municipios (el 59,91 para ser exactos) no alcanzan ese tamaño…doscientos años después. Si fijáramos el umbral de viabilidad en el entorno de los 10.000 habitantes solo 750 municipios (el 9,45%) alcanzaban ese tamaño en 2009, aunque, eso sí, cubrían casi ocho de cada diez habitantes (el 78,79 para ser exactos).

Claro que si los ayuntamientos tienen el suficiente tamaño para vivir de lo suyo, ¿para qué el segundo nivel de gobierno local, para qué las diputaciones? Si el paciente puede por si solo andar no necesita muletas. ¿Entonces? Claro que tocar las diputaciones (que por cierto se eligen con un sistema hijo legítimo de la Ley de bases de 1975, tercio municipal) significa poner en cuestión las redes clientelares que se han tejido, y en no pocos casos, los cacicatos mas o menos modernizados que la miseria municipal ha venido a propiciar. Y eso crea no pocos problemas en el partido ¿No es así, Don Mariano?

Si hay un excesivo número de Ayuntamientos no debe sorprender que haya un excesivo número de concejales, al fin y al cabo estos son la consecuencia de aquella causa. El número es tan grande que sencillamente ningún partido tiene capacidad para cubrir con sus candidatos todos los Ayuntamientos. Si tenemos en cuenta que una buena parte de los cargos concejales son honorarios, o poco menos, cabe plantearse qué capacidad de reducción del gasto tiene la supresión de 19.000 concejales más o menos. Hagamos un ejercicio: si cada concejal suprimido cobrara 12.000 euros/año, el ahorro ascendería a 228 millones/año, algo sí como el 0,16% del gasto local total. De esa cifra a 3.500 millones de ahorro anunciado parece haber cierta distancia. ¿A medir en años-luz?

Una reducción que, además, es lineal: no se reduce allí donde el Ayuntamiento es pequeño y tiene pocos recursos, se reduce en todos, y en la misma proporción. No parece muy coherente si de lo que se trata es de disminuir gasto innecesario. Especialmente si de considera que tanto en términos históricos, como comparativos nuestros cuerpos electos tienen un tamaño por debajo de los del pasado y por debajo de la media de los países de la UE de tamaño similar. Claro que si el número de electos baja la proporcionalidad baja, las molestas minorías tendrán más difícil entrar y las listas más votadas tendrán más fácil convertir una minoría electoral en una mayoría en la representación (envenenado regalo que se ofrece al PSOE). Además, como la elección de las diputaciones es indirecta, esa prima se aumentará a la hora de definir la mayoría de la Diputación que se conserva en beneficio del partido mayor, que por feliz casualidad es aquel que dirige quien hace la propuesta. ¿Se dan ustedes cuenta?

Concluyendo: es cierto que hay mucho gasto público improductivo o innecesario en el gobierno local, y que aquí hay campo para racionalizar el gasto. Pero no es menos cierto que lo que se ha venido a anunciar sirve bien poco para resolver el problema porque hacerlo supone afrontar tensiones internas en el partido del Gobierno y eso es lo último que el presidente quiere hacer. La tijera en el sistema de gobierno local es la tijera que no corta.

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU-Cardenal Herrera.