El euro por receta agita la farmacia

“Ni siquiera tengo aún el disquete para poder contabilizar el euro por receta. Y eso que entra en vigor el sábado”, lamentó ayer una veterana farmacéutica de Barcelona que prefirió mantenerse en el anonimato. No es una voz aislada. Las asociaciones y colectivos de farmacéuticos han mostrado su preocupación por el copago sanitario, aprobado por el Gobierno catalán y que entrará en vigor el día de la verbena de Sant Joan para ingresar 100 millones de euros que ayudarán a reequilibrar el déficit.

El colectivo deplora la tasa porque puede dañar su relación de confianza con los pacientes y porque les obliga a modificar un sistema informático que muchos no tienen implantado. Por su parte, el consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, ha garantizado esta semana que su departamento lo tiene “todo a punto” para la implantación del nuevo copago.

El Colegio de Farmacéuticos de Cataluña intentó sin éxito retrasar una semana la entrada en vigor del euro por receta porque una semana después está previsto que se aplique el otro copago, el del Ministerio de Sanidad que gravará los medicamentos en función de la renta.

Todos los pacientes, salvo los titulares de una pensión no contributiva y los de la renta mínima de inserción (RMI), pagarán un euro por receta por los medicamentos con un precio superior a 1,67 euros y con un tope de 62 recetas por año. A efectos prácticos, no habrá ningún cambio en el proceso de cobro porque toda la información necesaria es la que figura en la base de datos de la Seguridad Social y del Servicio Catalán de Salud (CatSalut). El proceso será automático: un contador restará una cifra cada vez que se adquiera un medicamento y, cuando llegue a cero, el copago quedará anulado para lo que quede de año. Los farmacéuticos no obtendrán ningún beneficio porque la recaudación irá destinará al pago mensual de la Seguridad Social por la compra de medicamentos.

La cuestión es que el sector ha actualizado sus sistemas sin conocer el impacto del segundo copago. Charo, de la farmacia Martínez Mañas del Raval, critica la “incertidumbre” de no saber si deberá actualizar el programa en una semana y la “tardanza” en informarles: “Siempre son así”.

La semana pasada, Charo aún no tenía claro si sería necesario poner un tarro en el mostrador para poder recaudar el euro por cada receta: “Intenté ir a las reuniones informativas del Colegio de Farmacéuticos, pero se acabaron las plazas”, lamenta.

“Me habría gustado haber hecho algún tipo de prueba piloto para que la primera vez que use el programa informático no sea el mismo 23 de junio, que encima cae en sábado y no trabaja el servicio técnico. Puede ser divertidísimo”, ironiza el propietario de la farmacia Antonio Torres, en la calle de Aribau de Barcelona.

Si la ciudadanía no ha aceptado de buen grado la nueva tasa, las asociaciones farmacéuticas tampoco. La Asociación de Farmacéuticos de Cataluña considera que “afectará a la imagen del farmacéutico haciéndole parecer un recaudador en lugar de un profesional sanitario”, según una portavoz. La organización, que representa a todos los profesionales propietarios de una farmacia, defiende que el cobro debería realizarse en los centros de atención primaria (CAP) y alerta de que puede suponer “un freno al acceso de medicamentos”, además de “un agravio al ciudadano catalán con respecto al resto de ciudadanos”. También se muestra muy crítica con que la Generalitat no haya contado con ellos para la elaboración y comunicación de la norma: “Nos habría encantado participar, pero no nos invitaron”.

El Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña ha sido el único interlocutor que ha recibido la llamada de la Generalitat para la puesta a punto del copago. En las últimas semanas ha organizado seis reuniones con farmacéuticos de todas las provincias en las que se ha abordado cómo les afectará el impuesto. Pero también lo rechaza por cómo puede dañar su imagen. La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria considera que “la tasa puede dañar seriamente la relación de confianza entre el farmacéutico y sus pacientes” y se escuda en la Ley 31/1991 de ordenación farmacéutica en Cataluña, que establece las funciones de la oficina de farmacia, siendo todas ellas de marcado carácter sanitario. Y también pide que la Generalitat “explique bien a la ciudadanía que la farmacia no obtendrá ningún beneficio económico con la aplicación de este tributo”.

Al revés que la mayoría de las asociaciones farmacéuticas, Fedefarma no se muestra contraria a la aplicación del euro por receta. “No podemos ponernos en contra de todo lo que se lleve a cabo desde el punto de vista de la racionalización”, apunta Lluís Barenys i de Lacha, presidente de esta agrupación con más de 3.000 socios. La cooperativa que, a diferencia del modelo de sociedad anónima, asegura prestar “menor atención a la rentabilidad y mayor importancia a la distribución desde un punto de vista sanitario”, impartirá varios cursos de formación esta semana en toda la comunidad autónoma empezando hoy en Reus (Baix Camp). Está por ver cuán útiles serán si, finalmente, el 1 de julio el Ejecutivo central introduce el nuevo sistema de tarificación, revolviéndolo todo de nuevo.

El consejero de Sanidad de la Generalitat, Boi Ruiz, ofrecerá mañana una rueda de prensa para explicar la aplicación de la tasa. El Ejecutivo catalán estaba inquieto ante la posibilidad de que el Gobierno central presentara ya el recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta y que pidiera, además, la suspensión cautelar del mismo. Las dos partes están negociando el conflicto de competencias y en principio, si el Gabinete de Rajoy decide apelar, sería más adelante. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, lamentó el martes la falta de información para aplicar el copago del Ministerio.