Un juzgado investiga la concesión minera de la Xunta a Cementos Cosmos

El relato vecinal comienza en 1970, cuando un consejo de ministros de Franco dio luz verde a la tramitación de un expediente de expropiación urgente de tierras de Triacastela a favor de la empresa gallega que entonces se llamaba Cementos del Noroeste y hoy es Cosmos, del grupo Cimpor. En febrero del 71, supuestamente porque otra firma con más influencia, con minas en Pedrafita, tenía preferencia sobre aquellos montes de entrañas calcáreas, el proceso se paró en seco. Pero de cualquier manera Noroeste, que ya tenía fábrica de cemento en Oural (Sarria), se hizo con el territorio comprando a los particulares. Dejó sentada su titularidad en el registro de la propiedad de Becerreá, en 1978 comenzó a extraer caliza para alimentar la fábrica y en 1986, según los vecinos de la zona, cambió de denominación y “reescrituró todo” a nombre de Cosmos.

Cuarenta y dos años después, siguen escribiéndose los capítulos de una historia sembrada de presuntas irregularidades, y en Triacastela acaban de enterarse (porque dos testigos del proceso terminaron contándolo) de que la Xunta aprobó en 2008 la reclasificación de la licencia de explotación minera a favor de Cosmos “a escondidas”: “Sin anuncio, sin posibilidad de recurso y sin las obligatorias declaraciones de impacto ambiental”. Al frente de Industria, la consellería responsable, estaba el nacionalista Fernando Blanco, ahora también exdiputado imputado en la Operación Campeón por supuestos intercambios de favores con el empresario Jorge Dorribo. Los vecinos denunciaron la situación a la Guardia Civil, creyendo que intervendría el Seprona, pero los agentes consideraron que el caso traspasaba sus fronteras y requería una investigación judicial.

El juzgado de Instrucción de Becerreá ha abierto diligencias previas por un supuesto “delito o falta contra los recursos naturales y el medio ambiente” y ya ha llamado a testificar a vecinos de Triacastela. La juez indaga ahora cómo Cosmos se instaló en el monte que llaman A Pedra y de qué manera obtuvo en Industria la transformación de su elemental permiso de explotación de tipo A, para modestas extracciones de áridos, en una ambiciosa licencia C, que otorga derechos de expropiación forzosa en pro del interés empresarial. A esto se suma la circunstancia de que la licencia anterior, la de sección A, según los denunciantes también se había tramitado (con Fraga, en 2001) sin estudio ambiental ni periodo de alegaciones.

En 2005, Industria inició la reclasificación del permiso de Cosmos. Y optó por la vía convencional, con luz y taquígrafos, con lo que los afectados pudieron reclamar. “Hubo mucha movilización vecinal, tanto Adega como el propio Ayuntamiento presentaron alegaciones, y logramos pararlo a tiempo”, recuerda Marcos Celeiro, presidente de uno de los colectivos que denuncian a Cosmos, la Asociación Cultural O Iribio. Pero “tres años después” la consellería reanudó la tramitación “sin darle publicidad y sin informar a las partes que habían recurrido la concesión”.

Un consejo de ministros de Franco, en 1970, aprobó la expropiación urgente

Desde que a principios de este año supieron lo que había sucedido, según dicen, a sus espaldas, dos colectivos vecinales (la citada Asociación O Iribio y la Asociación Veciñal Monte Caldeirón) y el grupo ecologista Adega solicitaron información sobre la reclasificación de 2008 a la Xunta, pero Minas se la “negó”. Federico Martínez, director de la cementera en Oural, confirmó a este periódico que efectivamente se produjo el cambio de categoría y que existen derechos de expropiación sobre los “prados” vecinos.

Estos derechos se extienden a lo largo y ancho de 11 cuadrículas mineras, que abarcan una superficie mucho mayor (360 hectáreas, informan los vecinos) que el terreno que posee Cosmos en Triacastela (99 hectáreas, según la empresa; más de 120, según los habitantes de la zona). Dentro, además de la Cova Eirós (un yacimiento neandertal para el que Adega acaba de pedir la declaración de BIC), según los afectados caen cinco núcleos de población (Cancelo, Teixo, Castiñeiro, Vilar y Vilavella), un tramo del Camino de Santiago (protegido por la Unesco), una zona de la Red Natura (la empresa lo niega) y un río.

“El alcalde de la época vendió el monte sin consultar a los dueños”

Los afectados recuerdan que estos derechos, sin embargo, no están respaldados por “ninguna licencia municipal”. “No tienen permiso y además no pagan impuestos en el Ayuntamiento”, asegura Celeiro. La alcaldesa, de momento, no quiere hablar. Olga Iglesias (PP), dice que el asunto es complejo “legal y socialmente” y, pese a que está a punto de dar a luz, emplaza a dentro de dos semanas para hacer declaraciones.

Las asociaciones vecinales aseguran que investigaron si había pasado algo en la Administración cuando comprobaron que la empresa había empezado a cortar caminos, a talar y a realizar obras, como “una especie de presa” en el cauce del río. Según estos colectivos, Cosmos tiene autorizado un plan de restauración que proyecta una “balsa de decantación de lodos”, pero la empresa lo niega: No habrá balsa ni presa. Solo se está abriendo un “camino de acceso a un nuevo frente”. Adega denunció hace días que los vecinos de O Castiñeiro “tienen que dar un rodeo de 12 kilómetros” para llegar a Triacastela, cuando antes usaban un atajo de solo cuatro.

Además, dueños de terrenos agrícolas se quejan de que, cantera abajo, el río está seco. “Cosmos argumenta que al comprar las tierras adquirió también los derechos de regadío”, comenta Celeiro, nieto de uno de los vecinos que vendieron en los setenta.Cuando en 1971 el Gobierno paró el expediente de expropiación, representantes de Cementos del Noroeste comenzaron a rondar, “puerta a puerta”, a los vecinos para comprarles prados y leiras. Según Celeiro, “recurrieron a las amenazas, y a alguno que se mostró rebelde le fue por casa la Guardia Civil”. El alcalde franquista, por su parte, ejerció su tutela sobre las comunidades y “vendió a la empresa en nombre de los vecinos, sin consultarlos, 60 hectáreas de monte de dos asociaciones por 2.150.000 pesetas”. Los vecinos de Vilar denunciaron la operación y perdieron el juicio.