López recurrirá al Constitucional al ver “ninguneadas” sus competencias

El Gobierno vasco ha dado luz verde formalmente en su reunión de esta mañana a la interposición de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra los reales decretos ley del Ejecutivo central que detallan los recortes en materia de sanidad y educación.

La portavoz del Gabinete autónomo, Idoia Mendia, ha señalado que el decreto en el ámbito educativo "ignora las competencias en materia de educación de las comunidades autónomas, que aparecen peligrosamente ninguneadas". Mendia ha reiterado que ambos decretos no se aplicarán en Euskadi. "Se dejan sin efecto", lo que no supone, ha insistido, "insumisión" alguna.

No espera Mendia que el Gobierno central recurra a los tribunales contra esta posición, máxime estando en marcha ya este recurso al Consitucional y, en paralelo, cuando Euskadi pide que se constituya una comisión mixta entre ambas Administraciones para tratar de encontrar un arreglo antes de su formalizar definitivamente su actuación ante el máximo intérperte de la Carta Magna. Esa comisión tendría un plazo de nueve meses para alcanzar un acuerdo.

El Ejecutivo de Patxi López recurrirá en concreto los artículos 3 del decreto educativo, que fija el horario mínimo que deberá impartir el profesorado, y el 4, que suprime las sustituciones de docentes para ausencias inferiores a 10 días lectivos. En ambos casos, el Gobierno vasco considera que se vulnera el artículo 16 del Estatuto de Gernika, que considera competencia de la comunidad autónoma "la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades".

También se recurre el artículo 6, en apartados referidos a la enseñanza universitaria, por considerar que interfire en las facultades que la Ley del Sistema Universitario Vasco atribuya a la consejería de Educación y que vulnera incluso el Concierto Económico, porque no prevé la especificidad del réfimen foral al regular aspectos ligados a la estabilidad presupuestaria.

Respecto del decreto sanitario, el recurso se interpondrá contra sus artículos 1,2, 4 y 10. El Ejecutivo  vasco argumenta que se impone "un sistema centralizado de gestión" que vetaría a las comunidades autónomas "cualquier decisión de reconocimiento del derecho de acceso a la asistencia". Entiende además que la regulación del Gobierno central se interna en el ámbito competencial autónomico al reservar al Estado la elección de las prestaciones sujetas a copago y al atribuirse la regulación de su gestión y los plazos de reintegro.

Idéntico rechazo se hace del reglamento, "sin nigún límite ni parámetro", ha dicho la portavoz, que se habilita para desarrollar el decreto. El decreto "cercena la competencia autonómica" y se "excede" respecto de las que corresponden en aspectos que conciernen al personal.