Botella encajó el golpe en su ajuste de marzo

Cuando la presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP), anunció por primera vez su intención de privatizar el Canal de Isabel II se topó con la oposición del entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), que alegó que el saneamiento y la distribución de aguas eran una competencia municipal. Pidió un dictamen a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, y aportó informes que aún usan los contrarios a la privatización para justificar sus tesis.

Gallardón cambió de idea tras una negociación a cara de perro de su edil de Hacienda, Juan Bravo, con la Comunidad. El Ayuntamiento logró hacerse así con un 10% de la futura sociedad (en un principio, Aguirre no se planteaba ceder nada); otro 10% quedaba en manos del resto de municipios, según su población. El resto, para la Comunidad. Sobre el total, se podría privatizar el 49%, pero los Ayuntamientos debían mantener un 30% de su parte.

La Comunidad no ha desvelado su valoración del Canal, pero el Ayuntamiento lo ha tasado en 3.560 millones de euros. Del 7% que podría poner a la venta, esperaba obtener 245 millones. Merced a esa previsión de ingreso, Bravo pudo cuadrar sus presupuestos de 2012.

Pero es que ya había hecho lo mismo en los dos años anteriores. Cuadró el de 2010 con una previsión de 226 millones por la venta de esas acciones; al no ejecutarse, las cuentas se liquidaron con déficit. Al año siguiente, volvió a tirar del mismo comodín, con el mismo resultado. “Es verdad que ha habido una demora por los tiempos que ha marcado la Comunidad, pero espero que antes de que pasen semanas podamos ver cumplida esa previsión”, dijo Bravo en diciembre de 2010, ante las suspicacias de la Intervención General municipal.

Inasequible al desaliento, volvió a incluir esos ingresos en el presupuesto aprobado en diciembre de 2011. En esta ocasión, por primera vez se trataba de una previsión sólida. Días después, marchó junto a Gallardón al Ministerio de Justicia. Pero antes dejó un plan económico a cinco años que la nueva alcaldesa, Ana Botella (PP), adoptó como su hoja de ruta. En él, mantenía la previsión de la venta para 2012.

El apremio del Gobierno central por eliminar la deuda comercial de autonomías y municipios obligó al Ayuntamiento a preparar otro plan adicional de ajuste en el primer trimestre, ya sin Bravo. En esta ocasión, la venta del Canal dejó de computarse. ¿Qué había cambiado? El Gobierno había endurecido el método contable, obligando a los municipios a computar solo los ingresos cobrados, y les prohibió cerrar el año con déficit, lo que les ha llevado a extremar la precaución con sus previsiones.

Así, la nueva edil de Hacienda, Concepción Dancausa, decidió cubrirse las espaldas, no contar en principio con el dinero del Canal y recortar 160 millones de los gastos previstos para 2012.

Según ha explicado el coordinador general de Hacienda, Luis Martínez-Sicluna, los 245 millones que se dejarán de ingresar por la venta del Canal de Isabel II, más otros 25 millones de ventas de suelos o inmuebles que no son seguras, y los 35 millones que se dejaran de ingresar por el varapalo judicial a la tasa de vados, se compensarán gracias a los ingresos extraordinarios por la subida excepcional del Impuesto de Bienes Inmuebles aprobada por el Gobierno central para 2012 y 2013 (que reportará 35,4 millones este año); la modificación en las bonificaciones al impuesto de plusvalías (46 millones); y la ampliación a 10 años de la devolución de las entregas a cuenta (56 millones).

Además, el Gobierno municipal espera hacer efectivas las deudas que otros ayuntamientos, la Comunidad de Madrid y el Estado tienen con la capital. Son 18 millones de otros municipios, principalmente por el uso del vertedero de Valdemingómez; 38 millones del Estado, mayormente por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles; y 50 millones con la Comunidad, también de carácter tributario.