Ley Municipal Vasca

Hace unas semanas ha sido noticia la decisión de fecha 19 de abril de 2012 de la Comisión Arbitral del País Vasco por el que se rechaza todas las cuestiones de competencias, referidas prácticamente en su totalidad sobre la financiación de los municipios vascos, y planteadas por las Diputaciones Forales de Bizkaia y Álava y las Juntas Generales de Álava sobre el articulado del Proyecto de Ley Municipal Vasca del actual Gobierno vasco. Ahora el debate se retoma en el Parlamento vasco.

De todos es sabido que la única comunidad autónoma sin una Ley municipal es la vasca. Lo cual es una paradoja teniendo en cuenta que es la comunidad autónoma con más competencias de todo el territorio español. La paradoja tiene una explicación: el entramado institucional vasco, en el cual conviven el Estado, la Comunidad Autónoma, las Diputaciones Forales (la gran especificidad vasca) y los Ayuntamientos. El meollo de la cuestión, más que una cuestión de qué competencias corresponde o no a los Ayuntamientos, es el tema de la financiación de los mismos, que en nuestra comunidad está bajo la tutela de las Diputaciones Forales , y que va a ser el objeto de este artículo.

La financiación de los Ayuntamientos está definida en la Constitución, art.142 y que se señala que se nutrirá fundamentalmente de sus tributos propios y la participación en los del Estado y en los de las Comunidades Autónomas. Esta financiación es regulada por el Estado, en las Cortes Generales, para todos los municipios españoles, salvo para los vascos y navarros.

En la Comunidad Autónoma Vasca, la situación es muy distinta. Para entender la financiación pública vasca, debemos primero examinar el sistema vasco, muy distinto a la de otras Comunidad Autónomas y que se basa en el Concierto Económico, junto con Navarra.

De acuerdo con el Concierto Económico la Comunidad recauda todos los impuestos, salvo el de Renta de Aduanas, con gran margen de autonomía regulatoria en el caso del IRPF, Sociedades y en otros menores (Sucesiones, Transmisiones…) y con una previsión para este año de 12.117 millones de euros y luego paga al Estado una cantidad en concepto de Cupo por las competencias no asumidas por la Comunidad Autónoma Vasca. (Defensa, Exteriores, Grandes Infraestructuras…). Este cupo supone anualmente alrededor del 10% de la recaudación fiscal del País Vasco, aunque las liquidaciones reales suelen ser más inferiores.

La segunda gran novedad son las Diputaciones Forales. La regulación de esos impuestos, su recaudación no corresponde al Estado, al Gobierno o al Parlamento vasco, sino a los órganos de los Territorios Históricos (Diputaciones Forales y a las Juntas Generales). Y entonces cómo se financia el Gobierno vasco, se preguntará más de uno. Pues mediante un acuerdo con las Diputaciones en el que se fija que porcentaje de la recaudación corresponde al Gobierno vasco, en la actualidad alrededor del 70% excluido el Cupo a pagar. Y ¿cómo se reparte esta carga entre las Diputaciones Forales? En la actualidad, a Gipuzkoa le corresponde un 33%, a Álava el 17% y a Bizkaia el 50%. Además hay otras aportaciones de éstas al Gobierno vasco (Ertzaintza, planes industriales etc…). Dicho acuerdo se logra en un órgano institucional que se llama el Consejo Vasco de Fianzas y en el que están presentes el Gobierno vasco y las Diputaciones Forales.

¿Y cómo queda la financiación municipal? La regulación de la financiación municipal no se aprueba ni en las Cortes Generales ni en el Parlamento, se aprueba en las Juntas Generales. Así la participación en los grandes impuestos generales (IRPF, IVA, etc…) se realiza por los Territorios Históricos mediante un porcentaje sobre la recaudación que le resta a las Diputaciones Forales una vez descontado el pago del Cupo y la aportación al Gobierno vasco. El mínimo es el 54% y en Gipuzkoa está en el 57,5%. Este año supondrá para los Ayuntamientos guipuzcoanos una previsión de 397 millones.

¿Y cuál es el gran cambio del Proyecto de Ley Municipal Vasca? Según dicen algunos los Ayuntamientos se sienten como el pariente pobre. Al final el gran pedazo de la tarta se la reparten entre el Gobierno vasco y las Diputaciones Forales y de lo que queda se da una parte a los Ayuntamientos. Además esta parte lo reparten exclusivamente las Diputaciones Forales.

La gran revolución sería que los Ayuntamientos entrasen en pie de igualdad con las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco, en el gran órgano repartidor, el Consejo Vasco de Finanzas. Allí, con participación de los Ayuntamientos se acordaría que porcentaje de la recaudación se distribuiría a los Ayuntamientos. No solo eso, sino parte de la fórmula de reparto entre ellos, el 50%, que se acordaría allí. El resto quedaría según el criterio de las Diputaciones Forales. Sería el gran sueño de los Ayuntamientos que participarían en pie de igualdad con las otras instituciones del país en el reparto de los ingresos públicos.

Por último, quedaría preguntarnos por las repercusiones prácticas de este nuevo diseño. Pues habría que verlo. En primer lugar, todos sabemos que no es un gran momento para las finanzas públicas y todas las instituciones tienen que apretarse el cinturón. Pero, en segundo lugar y ahí viene la gran cuestión, ya que parece que no hay dinero para que cualquier institución puede hacer lo que quiera (las famosas ineficiencias), el reparto de los ingresos públicos exigiría un análisis cuidadoso de las competencias de cada cual.

Todos sabemos que al Gobierno vasco, le corresponde los grandes servicios públicos: sanidad educación, policía, justicia,…; y lo que hacen los Ayuntamientos (gestionar la ciudad). Lo que no parece tan claro es lo que hacen las Diputaciones Forales o por lo menos da la sensación que en el reparto de los recursos salen favorecidos o como se dice ahora "sobre-financiados". Es por ello, el gran miedo de las Diputaciones Forales, su rechazo rotundo a tramitar este Proyecto de Ley. La primera batalla la han perdido en la Comisión Arbitral. Ahora toca a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Vasco, tomar la última palabra y explicarse ante la ciudadanía. Al final todos vivimos en algún municipio.

(*) Artículo firmado por Rafaela Romero, Julio Astudillo y Mikel Antxon Arrizabalaga son junteros socialistas y miembros de la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales de Gipuzkoa.