Bruselas certifica la muerte lenta de los estudios Ciudad de la Luz

Ni las visitas de Francis Ford Coppola ni las del mismísimo Astérix han logrado lavar la depauperada imagen de la Ciudad de la Luz de Alicante, más a oscuras que nunca. Bruselas dio este martes la puntilla a lo que ya era un renqueante proyecto cinematográfico, impulsado y financiado íntegramente por la Generalitat valenciana: la Comisión Europea (CE) declaró ilegales las ayudas concedidas, en total 265 millones, para levantar el complejo audiovisual soñado en su día por Luis García Berlanga y materializado por los expresidentes autonómicos Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

La CE considera que esta financiación “distorsiona enormemente la competencia entre los principales estudios de cine europeos”. “No se facilitaron en condiciones de mercado, por lo que tienen que ser devueltos por el beneficiario”, agregó el organismo en un comunicado. Con esta resolución, el responsable de Política de la Competencia, el español Joaquín Almunia, resuelve la denuncia presentada en 2007 por dos empresas del sector audiovisual de dos Estados miembros de la UE.

Bruselas da cuatro meses de plazo para que la Ciudad de la Luz reintegre en las arcas de la Generalitat los 265 millones que esta invirtió, a través de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Fuentes de la CE aseguran que verificarán el cumplimiento de la resolución en el plazo citado y aplicar, en su caso, la correspondiente sanción si no se acata la misma.

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, anunció que recurrirá al Tribunal de Justicia de la UE. Fabra defendió la legalidad de los fondos y remarcó que no suponen competencia desleal. Fuentes de la UE aseguran que la presentación de este recurso no interrumpe el plazo de devolución marcado. La Generalitat declinó entrar en más detalles de cómo se materializará esta devolución.

La decisión llega en un momento especialmente delicado para la Ciudad de la Luz, inmersa en un rosario de procesos judiciales y atrapada en una deuda que supera los 190 millones. El complejo arrancó en 2005, fecha en la que también fue adjudicada su explotación a Aguamarga Gestión de Estudios, SL. Esta sociedad mercantil entró en concurso de acreedores el 16 de diciembre de 2011, entre otros motivos por los impagos del ejecutivo valenciano. Esta deuda es de cuatro millones, según la empresa, y de 2,5 millones para la Generalitat.

Este conflicto más la imparable sangría económica del complejo llevaron a la Generalitat, a principios de año, a plantear su venta o alquiler. Una consultora recibió la adjudicación para buscar posibles compradores o arrendatarios. Ya se han recibido seis ofertas para alquilar.

La Ciudad de la Luz considera que la resolución es “un iceberg” para el proyecto, según su director general, José Antonio Escrivà. Otras fuentes añaden que la decisión complica la posible venta, ya que el precio de salida no podrá ser inferior a los 265 millones a devolver. La CE destaca que el proyecto tampoco ha logrado su objetivo: ser el segundo complejo cinematográfico europeo. Hasta el año pasado se habían rodado 59 producciones, subvencionadas por la Generalitat.