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EL CASO DEL FRAUDE EN LA HACIENDA DE IRÚN

Un testigo dice que el dinero que pagó a Bravo se lo quedó “alguien en su bolsillo”

Un contribuyente lamenta "qué fundamento de Hacienda es esta" en el juicio ante la Audiencia de Gipuzkoa

Mikel Ormazabal
San Sebastián -

El propietario de una empresa afirmó ayer en la Audiencia de Gipuzkoa que los cerca de nueve millones de pesetas (53.000 euros) que entregó en 2002 al principal acusado en el presunto fraude en la Hacienda de Irún, José María Bravo, se lo quedó “alguien en su bolsillo” porque ese dinero nunca fue ingresado en las arcas forales. Este testigo declaró que en 1999 se reunió “con Víctor Bravo \[director de la Hacienda guipuzcoana\] y más personas” porque recibió un requerimiento del fisco por una deuda que había acumulado la empresa de la que era empleado. Después de casi cuatro años “sin tener noticias” de este asunto, recibió una “cartita” del entonces responsable de la oficina tributaria de Irún exigiéndole el pago de 53.000 euros “para liquidar” la deuda. Pagó la citada cantidad con “un fajo de billetes” y recibió el correspondiente justificante firmado por Bravo, en el que figuraba que la deuda total era de 270.000 euros. Cuando el fiscal le informó de que un mes después se dio de baja por insolvencia de la cantidad total de la deuda, el testigo manifestó que ahora, una vez descubierto este presunto fraude, se le ocurre como explicación que alguien se quedó el dinero “en su bolsillo”.

Otro contribuyente expresó su malestar con el funcionamiento de la Hacienda foral por haberle declarado insolvente después de abonar a Bravo 67.800 euros en metálico y en dos partes. “¡Qué fundamento de Hacienda es esta!”, le exclamó al entonces diputado de Hacienda, Juan José Mujika, cuando le llamó en 2006 tras ser notificado de que su deuda aún estaba sin pagar.

Su expediente fue el que permitió destapar la presunta trama organizada en la Hacienda de Irún. Inicialmente, en 2003 le reclamaron una deuda de 104.000 euros, con la que no estuvo coforme porque “nunca he debido nada a nadie”, afirmó ante el tribunal. Abonó 67.000 euros tras un acuerdo al que llegó su asesor con Bravo. Por eso, le extraño que en 2006 le citaran de nuevo para reclamarle una deuda y advertirle de que figuraba como insolvente. Se puso en contacto con el diputado y ahí comenzó la investigación que permitió descubrir más expedientes irregulares.

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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