Un asesor fiscal compromete a Bravo al admitir que pactaron quitas de deudas

El gerente de una asesoría fiscal aseguró ayer en el juicio por el presunto fraude en la Hacienda de Irún que llegó a un acuerdo con José María Bravo, principal imputado en la causa, para saldar deudas de contribuyentes “mediante una quita” y el “fraccionamiento” de los pagos. Según su relato, en uno de los casos negoció con el exdirector de la citada oficina tributaria aplicar una rebaja del 40% de la cantidad impagada y efectuar pagos mensuales “en metálico”. En ese trato se convenía, además, que la parte de la deuda no satisfecha quedaba extinguida.

La quinta sesión del juicio contra Bravo, al también asisten como imputados su exesposa Rosa Cobos y el que fuera su socio Pedro María Atristain, dio ayer paso al testimonio de los primeros testigos propuestos por la Fiscalía. Según las acusaciones, el fraude que se ventila en la Audiencia de Gipuzkoa consistió en el cobro de diversas cantidades de dinero a contribuyentes morosos, en algunos casos con rebajas en las deudas fiscales contraídas, que luego no eran ingresadas en las arcas forales, sino que habrían ido a parar a cuentas corrientes de los inculpados o de sus sociedades mercantiles.

Al tratar de esclarecer cómo se tramitaban en la Hacienda de Irún los expedientes de algunos deudores, las acusaciones y las defensas se encontraron casi siempre con el mismo obstáculo: los vagos recuerdos de los testigos. “No lo recuerdo bien”, “no le puedo precisar”, “no lo sé con seguridad”, fueron algunas de las contestaciones de los comparecientes al ser interrogados por hechos sucedidos, en algunos casos, hace más de 15 años. El abogado de Bravo aprovechó esta circunstancia para intentar que quedaran al descubierto las dudas. Así, no se pudo precisar si, por regla general, era Bravo quien citaba a los deudores o eran estos quienes tomaban la iniciativa para llegar a un arreglo sobre el impago de sus obligaciones. Tampoco quedó meridianamente claro si la propuesta de aplicar una rebaja a la deuda partía del funcionario o del contribuyente.

El citado asesor fiscal tuvo que retrotraerse al año 1992 para dar detalles de uno de los tres expedientes que despachó con Bravo. Durante sus explicaciones, afirmó que en esa época estaba acostumbrado a tramitar deudas de clientes en otras oficinas tributarias de Gipuzkoa, además de la de Irún. A una pregunta del abogado Miguel Alonso, que representa a la acusación particular que ejercen las Juntas Generales y la Diputación de Gipuzkoa, el profesional fue muy claro al contestar que no había negociado una deuda con otro funcionario que no fuera Bravo.

Tras finalizar el interrogatorio de las partes, el presidente del tribunal, Iñaki Subijana, quiso obtener aclaraciones sobre uno de los expedientes que este asesor fiscal trató con el exjefe de la Hacienda de Irún, referido al de una empresa de transportes que tuvo que afrontar por derivación el impago de otra compañía de los mismos propietarios que estaba sin actividad. El testigo admitió que la segunda empresa hubiera podido hacer frente a la totalidad de la deuda de la primera. Pero apuntó que en estos supuestos, según su testimonio, se intenta pagar “lo menos posible”.

El asesor llegó a acuerdos solo con el jefe de la Hacienda de Irún

Unos momentos antes había declarado precisamente la responsable de estas dos empresas, quien explicó que dejó todo en manos de una gestoría y que su responsable le comunicó que había logrado rebajar la cuantía de la deuda y que se podía pagar a plazos. De esta manera abonó 11 millones de pesetas, por los que recibió los correspondientes justificantes firmados por Bravo.

En el caso del dueño de una imprenta de Hondarribia, su responsable expuso que se reunió con Bravo después de recibir un requerimiento de la Hacienda por una deuda superior al millón de pesetas. El exdirector de la agencia tributaria de Irún le propuso que si abonaba 500.000 pesetas “la deuda quedaba condonada”. Al no contar entonces con bienes para hacer frente a esa obligación, tuvo que hacer frente a este pago con un préstamo bancario y obtuvo un “certificado” extendido por Bravo en el que constaba que estaba “al corriente” de pagos con Hacienda.

Otro contribuyente dijo que Bravo le derivó a la gestoría Urdanibia donde trabajaba su hermana, en la que se encargaron de gestionar el pago fiscal a cambio de cobrarle 125.000 pesetas.