Fabra espera que Rajoy le diga cómo recortar en sanidad y educación

La sensación de la intervención no sólo viaja de Bruselas a Madrid, sino que esa misma supuesta tutela parece ejercerla el Gobierno central con las comunidades autónomas, o al menos con la Comunidad Valenciana, según se desprende de las declaraciones que ayer realizó el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en una visita a Castellón, ciudad de la que fue alcalde.

A la pregunta de cómo afectarán los recortes que maneja el Gobierno central (y que se darán a conocer esta semana tras cinco días de infarto económico), Fabra manifestó: “De momento hay unos acuerdos a nivel de todo el Estado y se nos dirá dónde se puede reducir en políticas de sanidad y educación”. “A partir de ahí veremos en qué consisten esos ajustes”, zanjó.

Fabra aludía al resultado del encuentro que mantuvo Mariano Rajoy el sábado con los barones regionales del PP, en el que les pidió su apoyo ante los nuevos ajustes que le exige Bruselas (el recorte añadido de unos 10.000 millones de euros, de los que 1.000 podrían salir de la Comunidad Valenciana), pero del que apenas ha trascendido nada por el hermetismo que el presidente del Gobierno exigió a los asistentes, aunque María Dolores de Cospedal lo calificó como un “gran pacto de los Gobiernos del PP con el Gobierno nacional”.

Puig critica el recorte y reivindica una nueva relación con España

El presidente del Consell justificó esos ajustes en sanidad y educación, en los que el Gobierno central le dirá “dónde se puede reducir”, para conseguir la “solidez necesaria” para “poder generar servicios a los ciudadanos” y para “que no se pierdan, como habría ocurrido si el PSOE hubiese permanecido más tiempo en el Gobierno”. Fabra insistió en que los ajustes se justifican en que “los socialistas dejaron temblando las cuentas del Estado”.

La cesión de competencias de Fabra al Gobierno central motivó las críticas del secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, quien en una visita a La Vall d’Uixó afirmó que el presidente de la Generalitat “está más preocupado por actuar de manera sumisa ante Rajoy que de solucionar los problemas de la Comunidad Valenciana”.

El líder de los socialistas valencianos, en declaraciones a Europa Press, afirmó que la “Comunidad Valenciana vive la peor crisis económica, social y política de su historia” y lo achacó a la “irresponsabilidad” de los Gobiernos del PP al frente de la Generalitat en los últimos años. Puig puso énfasis en la contradictoria actuación del PP valenciano, que ha sido muy reivindicativo ante el Gobierno central anterior, “adoptando una postura victimista”, que calificó de irresponsable, y “que ahora se ha tornado en sumisión a la dirección del PP y a Rajoy”.

En ese sentido, mostró su convicción en que la Comunidad Valenciana ha sido solidaria con España y reclamó un gesto recíproco de España hacia la Comunidad Valenciana, ya que “los valencianos no pueden asumir en este momento 1.000 millones más de recorte, ya que eso acabará de con la educación y la sanidad públicas”. “Fabra no puede decir que va asumir eso, porque es sencillamente inasumible”, añadió.

Marga Sanz: “Es una ofensa en toda regla a la voluntad de los valencianos”

Puig vinculó al recorte “un deterioro de la convivencia de los valencianos” y reivindicó la necesidad de plantear “una nueva relación con España”. En ese sentido, afeó a Fabra la retirada del debate de la reforma del Estatut en el Congreso de los Diputados: “Ha perdido la oportunidad de ser el presidente de los valencianos y defender la mejora de la financiación autonómica”. “Ha antepuesto el interés del PP al interés general de los valencianos”, agregó.

En la misma línea, la portavoz de Esquerra Unida (EU) en las Cortes Valencianas y coordinadora de esta formación, Marga Sanz, calificó de “ofensa en toda regla a la voluntad de los valencianos” la disposición que dispensó Fabra a Rajoy a cumplir con los recortes en sanidad y educación. Sanz, en un comunicado, arremetió contra el presidente del Consell, por haber “atacado el autogobierno” y actuar “al margen de las reglas democráticas” en “una reunión de los barones del PP”. “Es la imagen funesta de cómo decide este Gobierno autonómico las cuestiones más esenciales para los ciudadanos”.

La coordinadora EU recordó que la competencia de aprobación de los presupuestos corresponde a las Cortes Valencianas y que cualquier modificación fuera de ellas, “que es precisamente lo que ha hecho Fabra”, supone la quiebra de las reglas democráticas. “El presidente del Consell ha firmado la sentencia de muerte de la educación y la sanidad como los dos pilares fundamentales del Estado del bienestar”, sentenció. Y apuntó la dirección de los recortes: “Las privatizaciones y el copago”.

El Gobierno central exige, asimismo, recortes adicionales a las comunidades que recurran al crédito de 35.000 millones de euros que canalizará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que deberán concretarse el 30 de abril, lo que agrava, más si cabe, la situación de la Generalitat. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, admitió el pasado viernes tras el pleno del Gobierno valenciano que la Generalitat vive “unos momentos de muchísima dificultad”. El Gobierno valenciano tiene que afrontar hasta finales de mayo vencimientos de deuda que superan los 2.500 millones y las medidas de racionalización del gasto público adoptadas en enero apenas han supuesto un ahorro, en los dos primeros meses de 2012, de 67,4 millones.