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La carrera de fondo de los ERE

La juez Alaya, la fiscalía y el PP se enfrentan a la Junta y las defensas por la legalidad del sistema de ayudas públicas de la Consejería de Empleo

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández en Sevilla.
El exconsejero de Empleo Antonio Fernández en Sevilla.

Cualquier abogado con luces sabe que el caso de los ERE es una carrera de fondo. De años. Al margen del escándalo por el dinero dilapidado en determinadas ayudas a empresas o el pago de prejubilaciones a intrusos (con el añadido de que parte del dinero fue a parar a cocaína o copas), existe un intenso debate jurídico sobre el origen del caso: el fondo para empresas en crisis utilizado por la Junta. El primer asalto del combate jurídico entre la Junta y las defensas por un lado, y la juez Mercedes Alaya, la fiscalía y la acusación del PP por otro, será dentro de tres semanas en la esperada declaración del exconsejero Antonio Fernández.

Cada bando se está armando con argumentos para defender o atacar este fondo que el Gobierno andaluz dotó con 647 millones durante 10 años, y que surgió en 2001 para lograr la "paz social" ante las sucesivas crisis industriales. Mientras que la juez Alaya ha repetido que considera "ilegal" el fondo, el Gobierno andaluz defiende con uñas y dientes el procedimiento.

La clave está en el principio de intervención mínima del Derecho Penal. Es decir, si las supuestas irregularidades administrativas aprobadas y ejecutadas por la cúpula de la Consejería de Empleo, y conocidas por la Consejería de Economía y Hacienda a través de la Intervención General, deben ser consideradas delito.

Las defensas aducen que la Intervención no vio ilegal el procedimiento

"No podemos negar vulneraciones de derecho, pero solo desde una perspectiva administrativa. El procedimiento incurre en desviaciones de derecho, pero estimamos que no de entidad suficiente como para ser considerado infracción penal. No tiene las connotaciones necesarias para ser estimado prevaricador", subraya el letrado Juan Carlos Alférez, que representa a distintos imputados. "Las líneas básicas del procedimiento han sido incorporadas año tras año en las distintas leyes de Presupuestos aprobadas por el Parlamento andaluz y su propia existencia era pública y notoria", añade.

Esta visión alternativa es el contrapeso a la tesis de la juez y sobre ambas decidirá un tribunal profesional cuando la causa llegue a juicio. El procedimiento utilizaba a la agencia pública Idea como ente pagador de Empleo y los filtros legales no eran pocos. Cada año los Presupuestos se aprobaban con la descripción de la partida y la finalidad incluida en su memoria económica y ficha presupuestaria. Estos documentos pasaban, por cierto, por la Comisión Económica del Parlamento, de la que formaban parte todos los partidos, incluido el PP, que ahora ataca con fiereza el procedimiento. Nadie levantó el dedo entonces. La Intervención advirtió en tres informes entre 2005 y 2007 de que el procedimiento no era "adecuado", pero no emitió ningún informe de actuación, lo que hubiera supuesto una alarma roja sobre un posible menoscabo de los fondos públicos. Por esa razón el procedimiento superó los reparos de la Intervención General.

La magistrada ha utilizado términos muy duros sobre la cúpula de la Consejería de Empleo: "Los sucesivos directores generales y sus superiores pudieron advertir la presunta ilegalidad de los expedientes de ayudas iniciados por aquel, no continuando los pagos y en su caso, poniendo en marcha los procedimientos de reintegro, al tratarse (...) de ayudas absolutamente discrecionales, que solamente eran concedidas a entidades próximas a la Administración y al estar completamente huérfanas del procedimiento legalmente establecido". La Junta utilizó para las ayudas millonarias las transferencias de financiación en vez de las subvenciones excepcionales, que exigían un control más estricto.

La acusación del PP habla de una "huida del derecho administrativo"

El último protagonista en incorporarse a la batalla, eso sí, de manera involuntaria, ha sido el bufete Olivencia-Ballester, dirigido por Luis Olivencia, cuñado del presidente del PP andaluz, Javier Arenas. De manera paradójica, Olivencia se posicionó a favor del Ejecutivo de José Antonio Griñán.

"El contenido del compromiso no es en sí ilegal, ni esa ilegalidad ha sido alegada en ningún momento por la Dirección General que, al contrario, ha ratificado y confirmado la procedencia de esos pagos, lejos de pedir la declaración de nulidad o anulabilidad de estos compromisos", expuso el bufete en el conflicto de la huelga de limpieza en Granada para resolver un impago de la Junta con FCC y CESPA.

En 2010, antes de que estallara el caso, el despacho reclamó el dinero, aunque cuando desde la Consejería de Empleo le explicaron que no había expediente para el pago pendiente de 847.000 euros y que fue una iniciativa del ex director general Javier Guerrero abonada mediante el sistema de "pagos cruzados", Olivencia-Ballester desistió. "Era un compromiso aparente hecho por la Junta en el marco de una negociación. Un argumento para poner presión e invitarles a que pagaran. Pero luego desistimos", matizan fuentes del bufete.

El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, no alberga dudas: "La Intervención podía haber emitido el informe de actuación ¿Qué implica que no lo hiciera? Obviamente, que consideraba legal el procedimiento. Tenemos abusos del sistema y delitos, pero el sistema no es una prevaricación continuada. La Intervención fiscalizó y aprobó cada uno de los gastos", expone. La magistrada admitió en un auto que no había razones para presumir que Fernández se hubiera lucrado de manera ilícita.

La acusación que ejerce el PP destaca la "huida del Derecho Administrativo" que ha primado en la inmensa mayoría de las ayudas. Para el abogado Luis García Navarro hay evidencias de que ese fue el propósito de José Antonio Viera (diputado socialista y exconsejero de Empleo) y Antonio Fernández (expresidente del Instituto de Fomento de Andalucía) como firmantes del convenio marco que generó el sistema de ayudas. "Guerrero dejó claro en su declaración que el convenio lo pensaron para evitar los controles de Bruselas y de la Intervención", subraya. Además de Viera y Fernández, de momento están imputados el exviceconsejero Agustín Barberá y tres ex directores generales, incluido el actual, Daniel Rivera.