El Gobierno se inclina por aumentar la jornada laboral de sus trabajadores

El aumento de la jornada laboral de los funcionarios y empleados del sector público a 37,5 horas semanales se aplicará en Euskadi y afectará a los más de 65.000 trabajadores que dependen del Gobierno autónomo. El Ejecutivo de Vitoria está estudiando esta medida de ahorro que recogen los Presupuestos Generales del Estado, pero reconoce que “hay pocas dudas” al respecto.

Las fuentes consultadas sostienen que esta medida tiene rango de normativa básica y, por tanto, es de obligado cumplimiento para todas las Adminisraciones autonómicas como fue hace meses, por ejemplo, el decreto que obligó a suspender las aportaciones a los planes de pensiones y otras contingencias de los trabajadores públicos. El Gabinete de Patxi López recurrió esta disposición ante los tribunales, pero la está aplicando.

Algo similar va a ocurrir, en principio, con el incremento de la jornada laboral, ya que lo contrario, subrayan las mismas fuentes, serían “caer en la insumisión”. Los Presupuestos fijan esta medida no sólo a los funcionaios, sino también a todos los empleados de organismos autónomos y empresas, consorcios, entes, fundaciones y universidades públicas, aunque sus convenios digan lo contrario. “Queda suspendida la eficacia de las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los acuerdos, pactos y convenios vigentes”, tal y como sentencia el proyecto de ley.

65.000 funcionarios y empleados pasarían a trabajar 37,5 horas semanales

En el caso del Gobierno vasco, afectará a más de 65.000 trabajadores que venían disfrutando desde hace una década de una jornada semanal de 35 horas. Funcionarios y empleados de la Administración General, profesores de centros públicos, trabajadores de Osakidetza y Lanbide o ertzainas trabajarán cuando entre en vigor la ley 37,5 horas.

La aplicación de esta medida no tendrá los mismos efectos en una u otra área del sector público debido a sus diferentes estructuras organizativas y necesidades. Las consecuencias no serán las mismas en Osakidetza, donde muchos empleados trabajan en tres turnos y exigirá, por tanto, una reorganización importante, que en las personas encuadradas en los distintos departamentos de la Administración General.

El Ejecutivo autónomo podrá ahorrar, ya que tendrá que contratar a menos interinos o sustituciones para mantener las plantillas de Osakidetza o pagar menos horas extraordinarias a los ertzainas, pero deberá prescindir de algunos trabajadores, lo que contribuirá a aumentar el número de desempleados.

El Gobierno vasco está estudiando los efectos de la disposición incluida en los Presupuestos del Estado, pero casi nulas posibilidades de eludir su puesta en práctica en Euskadi. Su entrada en vigor no sería efectiva hasta que se aprueben los Presupuestos, si bien la necesidad de reorganización citada obligará al Ejecutivo de Vitoria a preparar el terreno para que su aplicación sea eficaz.

Los sindicatos ya adelantan su oposición frontal si la medida termina materializándose. La central nacionalista, por ejemplo, sostiene que “no va a aceptar que ninguna institución diga que no está de acuerdo con los recortes y, a su vez, los aplique aludiendo a que son cuestiones de competencia básica”.