El fondo de compensación para los afectados necesita 32 millones anuales

El fondo de compensación para los afectados por el amianto empieza a pasar del estado gaseoso al sólido. Todavía es el inicio del proceso. Apenas si los propios parlamentarios que acuden a la ponencia que estudia su viabilidad se hacen una idea de por donde puede ir la propuesta final, —faltan muchos intervinientes y puntos de vista— pero después del paso de la directora de Osalan, Pilar Collantes, disponen de un panorama global y algunas ideas claras de cómo se está resolviendo ese problema en varios puntos de Europa y Estados Unidos.

La exsecretaria de Acción Sindical de UGT, que intervino ayer en la ponencia como responsable del organismo público vasco de salud laboral, aseguró que la cobertura de todas las patologías asociadas al amianto más el pago de indemnizaciones y recargos a los que podrían acogerse los afectados en Euskadi ascendería a unos 32 millones de euros anuales. Cuatro veces el coste de atender sólo a los afectados por mesoteliomas pleurales, un tipo de cáncer inequívocamente ligado al amianto.

Frente a la opinión de los dirigentes de los sindicatos CC OO, ELA y LAB que pasaron por la ponencia la pasada semana y creen imprescindible la aportación de las empresas en ese fondo, Collantes, defendió que se financie mayoritariamente con cargo a los excedentes de las mutuas.

Collantes financiaría el fondo con excedentes de las mutuas

Las mutuas se financian gracias al dinero que les deriva la Seguridad Social para tratar las enfermedades profesionales de aquellos trabajadores cuyas empresas han contratado sus servicios. Los excedentes —no se pueden denominar beneficios al no ser entidades comerciales— se sumarían a una parte, en torno al 10% que aportaría el Estado para completar el fondo de compensación.

Collantes presentó el primer estudio en profundidad sobre ese material cancerígeno en el que se recogen estimaciones médicas, posibilidades de financiación y las medidas que aplican países como Francia, Bélgica y Holanda. En su opinión, las enfermedades del amianto, que se utilizó de forma masiva en España como aislante del calor y del frío, surgieron hace 40 o 50 años y la mayoría de afectados son trabajadores que ya no están en activo laboralmente.

Por tanto, “establecer un fondo puede ser una oportunidad y una solución para evitar litigios y defender los derechos de estas personas”, declaró minutos antes de la comparecencia. Pese a la gravedad del asunto pidió que se tratara el tema con seriedad, sin caer en el alarmismo: “La mayor parte de los problemas que causa el amianto son benignos” y los de mesoteliomas serían los que se van a desarrollar en los próximos años. En el quinquenio actual (2009-2013), en Euskadi hay contabilizados 149 casos de cáncer de pleura atribuidos al amianto, de los cuales un total de 134 afectan a hombres.

Las patologías crecen a un ritmo del 50%

Collantes explicó que cada quinquenio que pasa ese tipo de patología crece a un ritmo del 50%, aunque posiblemente a partir de 2022 empezarán a bajar porque el amianto fue prohibido en la década de los 90 y principios de la siguiente. El 16% de los cánceres por amianto que se registran en España se circunscriben al País Vasco.

En esta comunidad el mayor número de casos de cáncer por amianto se va a registrar en el período 2018-2022, con 350 casos por mesoteliomas en ese quinquenio. La estimación del coste anual del fondo parte de ese supuesto y del coste del tratamiento de cada uno de esas patologías y del resto de las enfermedades asociadas. Solo para tratar esos mesoteliomas harían falta unos 8 millones de euros anuales. De todos los casos de cáncer de pleura que se registran, el 80% de los hombres afectados y el 20% de las mujeres, desarrollan un mesotelioma. El presupuesto de 32 millones sale si se suma el coste de todas las patologías asociadas y de las no ligadas al ámbito laboral, como las mujeres que se han contaminado al estar en contacto ropa de sus maridos.