La juez imputa a Felip y envía a prisión a uno de los implicados en la trama de ONG

La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, que instruye la causa abierta por el fraude en las ayudas de los fondos de cooperación que adjudicó la Generalitat entre 2008 y 2009, ha dejado en libertad con cargos a 13 personas, de un total de 14 detenidos, que han prestado declaración. Solo uno de ellos ha sido enviado a prisión.

Josep Maria Felip, el director general de Cooperación hasta que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, decretó el viernes su cese tras conocer su detención, quedó en libertad a las seis de la mañana, después de prestar declaración ante Molina y el fiscal Jesús Carrasco en una maratoniana jornada judicial que comenzó a las 10.30.

Las declaraciones, que han finalizado a primera hora de la mañana de este domingo, se iniciaron el pasado viernes tras la detención, un día antes, de 14 personas en el marco de la investigación abierta por un presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la extinta Consejería de Solidaridad a distintas fundaciones.

Felip quedó en libertad a las seis de mañana, después de prestar declaración ante la juez y el fiscal

En principio, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana solo informó a mediodía de que habían quedado en libertad los siete detenidos que habían prestado declaración hasta entonces, pero sin dar nombres. También se anunció que “seis de ellos tienen obligación de comparecencia periódica y retirada de pasaporte con prohibición de salida del país”. La séptima persona, también imputada, no tendría así ninguna medida cautelar.

Sin embargo, a última hora de la mañana saltó la noticia de que uno de los detenidos puesto en libertad en la madrugada de ayer fue Josep Maria Felip. Y hasta se llegó a asegurar que Molina había confirmado la noticia. Ayer, pasadas las cuatro de la tarde, cuando la juez y los fiscales hicieron un receso para comer tras casi seis horas de toma de declaraciones, la juez desmintió que hubiera hablado con ningún medio. Y preguntada por si había tomado declaración a Felip, aseguró: “A Felip y a otros siete más”. Quedaba así claro que Felip figuraba entre los que había declarado y, por tanto, entre los que estaban en libertad con cargos.

Al parecer, la noticia de la puesta en libertad de Felip la proporcionó el presidente de la Diputación de Valencia, Afonso Rus, durante un almuerzo de trabajo celebrado en Oliva con alcaldes y portavoces de la comarca de La Safor en el que también estuvo presente el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco. Blasco fue el consejero de Solidaridad y Ciudadanía en la época en la que se tejió en torno a este departamento una red de empresas de asesoría y organizaciones no gubernamentales que obtuvieron cuantiosos fondos de los destinados por Cooperación. Según la denuncia de la oposición, el saqueo de la ayuda al tercer mundo podría haber llegado a los nueve millones de euros.

Tras casi un año de investigaciones secretas, que arrancaron en mayo de 2011 cuando Carrasco llevó ante Molina el caso destapado por las denuncias de las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, el viernes comenzó la fase más agotadora para la juez y el fiscal. El jueves se había detenido a 14 personas, entre ellas tres cargos de la Administración: el mencionado Felip, Alexandre Català, exsubsecretario de Sanidad (también destituido el viernes) y Marc Llinares, jefe de área de Cooperación con Blasco. Y había que tomarles declaración antes de que termine el plazo de 72 horas en que un detenido puede permanecer privado de libertad sin cargos.

Por eso, las jornadas del viernes y del sábado han tenido que ser agotadoras. La del viernes arrancó a las 10.30 de la mañana. “Anoche llegué a mi casa a las seis de la mañana”, aseguró ayer Molina cuando a las 16.15 paró la sesión para comer con los fiscales Carrasco y Vicente Torres, tras otras casi seis horas de declaraciones en una tanda que arrancó de nuevo a las 10.30.

Un imputado declara que se condicionaron ayudas a trabajar con la ONG Hemisferio 

Aunque aún se desconoce el nombre de todos los detenidos el pasado jueves, sí que han ido goteando los nombres de algunos de los imputados en una causa que persigue los delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental. Y el metodo utilizado es una red de empresas y fundaciones que colaboraban y hacían informes para organizaciones no gubernamentales (ONG) que obtenían los fondos de Cooperación de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía en tiempos del consejero Blasco.

Según se apunta en la investigación, la trama estaba dirigida desde la propia consejería, puesto que eran los cargos de la Generalitat imputados los que habrían condicionado las ayudas a las ONG a que estas colaboraran con ciertas empresas. Las detenciones de hombres de confianza de Blasco, las de directivos de empresas que desde el epicentro de la trama cobraban cantidades desorbitadas por informes a las ONG más beneficiadas, y las de los responsables de estas últimas así lo indican.

Molina y Carrasco comenzaron el viernes precisamente a tomar declaración a las personas más alejadas de la trama, los presidentes de las ONG, entre los que figuran Fernando Darder, de Esperanza Sin Fronteras; Christine Bernadette, de Ayuda para la Salud y el Desarrollo de los más Necesitados de África (Asade África); y Rafael Barrera Cuquerella, de la Fundación para el Desarrollo Rural y Salud (Fudersa). Aunque otras ONG como Asamamu o Agrupación Cívica Ceiba han sonado en informes sobre la trama, no se ha filtrado que alguno de sus responsables figure entre los detenidos.

Un ejemplo del modus operandi de la trama sería la compra de dos céntricos pisos en Valencia valorados en 947.000 euros por parte de la Fundación Cultural y Estudios (Cyes) con cargo a los fondos otorgados por la consejería para ayuda en Haití por un total de 1,6 millones.

Ayer por la tarde aún faltaba por tomar declaración a siete detenidos el pasado jueves

Y precisamente Darder, el primero de los detenidos en pasar ante la juez el viernes, apuntó a que la trama funcionaba con directrices de la consejería, según publicó ayer Las Provincias. El diario valenciano explica que en su declaración habría admitido que Llinares, que durante años ha seguido a Blasco en distintos departamentos, fue el que contactó en 2008 con su organización, operativa desde 1986, y le propuso aliarse con la Fundación Hemisferio, antes llamada Fundación Solidaria Entre Pueblos, y que está considerada como la matriz de la trama para saquear los fondos de cooperación de la Generalitat. Esperanzas Sin Fronteras, hasta ese momento con un tamaño para afrontar solo proyectos pequeños, fue la ONG a la que se le adjudicó la dirección y el proyecto de construcción de un hospital en Haití pagado con dinero de la Generalitat que costaría cuatro millones de euros. Un proyecto en principió asignado sin concurso a Hemisferio. Pero la consejería dio marcha atrás y luego lo adjudicó a la organización que preside Darder.

El mensaje que transmitió Llinares a Darder, siempre según la versión que da el diario de las declaraciones de este ante la juez, es que o iba de la mano de Hemisferio o no obtendría subvenciones de la Generalitat. Al parecer, Darder aceptó el trato, aunque se quejó de que la empresa se llevaba el 25% de lo que costaba el proyecto.

Entre los detenidos vinculados con Hemisferio han trascendido los nombres de César Augusto Tauroni, presidente de la fundación, su hermano Arturo, trabajador de la institución, y José Bollaín, secretario.

Otros nombres que tenían que desfilar ante la juez son los de Marcial López, presidente de , y Fernando Cañete, de la empresa Inelme. Hasta completar los 14 detenidos quedarían tres nombres por confirmar, aunque los conocedores del caso apuntan a más representantes de ONG y a otros responsables de Hemisferio.