Botella: "Los únicos derribos en la Cañada Real son con orden judicial"

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha mostrado esta mañana su sorpresa por las instrucciones recibidas del Gobierno regional de paralizar los derribos en la Cañada Real, que ha asegura “no entender muy bien” porque, según ha explicado, estos se producen sólo por orden judicial. Botella ha explicado que sigue “a la espera” de que la Comunidad convoque al Ayuntamiento de la capital para solucionar “el problema” de este asentamiento irregular ubicado a caballo de varios municipios. Esta reunión se producirá en las próximas semanas, según han señalado fuentes regionales.

La Cañada Real es una vía pecuaria de 12.891 metros de longitud y un ancho de entre 40 y 80 metros. Discurre por Coslada, Rivas-Vaciamadrid y los distritos madrileños de Vicálvaro y Villa de Vallecas. La mitad (seis kilómetros y medio) corresponden a la capital. En esta franja hay levantadas de forma irregular 2.870 viviendas o locales comerciales, en los que viven 10.564 personas, según los cálculos de la Comunidad hechos públicos esta semana: 1.956 construcciones y 7.104 habitantes son parte de Madrid; 517 y 1.924, de Coslada; y 397 y 1.536, de Rivas.

El consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria (Partido Popular), solicitó ayer a los Ayuntamientos de Madrid (PP), Coslada (PP) y Rivas-Vaciamadrid (Izquierda Unida) que, “como señal de buena voluntad”, “no derriben ninguna vivienda del área salvo que se traten de chabolas y otras infraviviendas o tengan que ver con la venta de droga y fines criminales y por tanto afecten a la seguridad ciudadana”.

El concejal de Urbanismo de Rivas, Fausto Fernández, mostró su malestar al respecto: “Nuestro Ayuntamiento no renuncia a su obligación de aplicar sanciones por irregularidades urbanísticas”. La alcaldesa de Madrid ha añadido hoy su estupor ante la petición del Gobierno regional: “No he entendido muy bien lo que quiere decir la Comunidad, nunca hay un derribo de ningún tipo, sea de la característica que sea la vivienda, sin orden judicial previa. Esto seguirá igual. Y si hay orden, tendrá que ejecutarse a no ser que se suspenda la sentencia. Si hay sentencia, se derribará”.

Efectivamente, los derribos sólo se pueden realizar como consecuencia de un proceso judicial, pero son los ayuntamientos los que inician estos. A eso se refería en concreto el consejero regional. La capital ha limitado estos procesos a chabolas recién construidas, en un intento de que el asentamiento irregular no siga creciendo, pero según fuentes regionales, que citan lo que los vecinos de la Cañada cuentan, el Ayuntamiento de Rivas sí ha iniciado procedimientos judiciales para derribar todo tipo de viviendas en el tramo que pasa por su término municipal.

El Ejecutivo regional presidido por Esperanza Aguirre aprobó una ley en marzo de 2011, con el rechazo de la oposición y de los tres Ayuntamientos afectados, en virtud de la cual, si en un plazo de dos años no se alcanza un acuerdo social entre municipios, delegación del Gobierno y Comunidad, esta última podrá disponer libremente del suelo.

El primer paso en este proceso conjunto de las tres Administraciones fue la encomienda por parte de la Comunidad a los Ayuntamientos de la elaboración de un censo de viviendas y habitantes en sus correspondientes tramos. Madrid (que cuenta con la franja más extensa) lo tiene listo desde julio de 2011, pero el Gobierno regional no se ha decidido a reactivar el proceso hasta esta semana. Y lo ha hecho difundiendo sus propias estimaciones, que difieren del estudio realizado por el Ayuntamiento de Madrid (que ha contado 5.004 habitantes, 1.825 edificios y 88 locales, que dan trabajo a 209 personas). Coslada y Rivas no han difundido sus cálculos.

La Comunidad irrita a Rivas

El consejero regional de Asuntos Sociales mantuvo un encuentro ayer con las asociaciones de vecinos de la Cañada Real, lo que irritó al alcalde de Rivas, José Masa, al entender que se incumplía el compromiso de la Comunidad de reunirse primero con los Ayuntamientos. “Nos ha sorprendido sobremanera cómo [Salvador] Victoria ha incumplido la palabra que nos dio en la reunión que tuvimos con él el 7 de noviembre respecto a dar prioridad a la constitución de la mesa institucional”, señaló el regidor.

Botella ha afirmado: “Estamos dispuestos a colaborar en todo con el Gobierno regional para ir solucionando este problema. En su momento se nos pidió un censo, y lo tenemos confeccionado desde julio de 2011. Estamos esperando a que nos convoquen, creemos que será enseguida”, ha dicho. El consejero regional de Asuntos Sociales se reunirá a partir de la semana que viene con los ayuntamientos implicados, primero uno a uno y por último todos juntos.

Botella no se ha mostrado preocupada por la tranquilidad con la que la Comunidad se está tomando la cuestión, teniendo en cuenta que, si no está solucionada para marzo de 2013, el Gobierno regional dispondrá a voluntad del suelo de la Cañada Real. “Está en plazo, queda un año y pico para esa posible desafectación. Y nos vamos a reunir próximamente”, ha añadido. “Tenemos la voluntad clara de afrontar la situación, y de hacerlo entre todos. Tenemos que dar soluciones. Pero será poco a poco, no de hoy para mañana”, ha concluido.

El Gobierno regional aprobó el pasado mes de marzo la ley 2/2011, que declara el carácter de bien patrimonial de la Cañada Real, que deja así de ser vía pecuaria. La Comunidad podrá “enajenar, ceder, permutar o cualquier otro negocio jurídico, preferentemente a los Ayuntamientos”, según el texto normativo. En caso de no ejercer esa opción preferente, la Comunidad podrá enajenarlos a terceros: los vecinos. Para ello se da un plazo de dos años. “El fin es aportar una seguridad jurídica a los residentes con una antigüedad de hasta 50 años en la zona. Que la mayoría de los propietarios de viviendas puedan ser los propietarios del suelo donde se edificaron, siempre que cumplan una serie de requisitos”, explicó el pasado martes el consejero regional de Asuntos Sociales.