La represión moviliza a la izquierda en la calle y en los Parlamentos

El PP se niega a condenar en las instituciones los excesos policiales del lunes

Paula Sánchez de León, Jorge Alarte y Cristina Moreno, esta mañana.
Paula Sánchez de León, Jorge Alarte y Cristina Moreno, esta mañana.CARLES FRANCESC

La represión policial de las protestas estudiantiles del instituto Lluís Vives de Valencia movilizó el martes a la izquierda en la calle y en los Parlamentos.

Los partidos de la oposición, los principales sindicatos y entidades cívicas progresistas, reunidas en la Societat Coral El Micalet, decidieron convocar una manifestación para expresar su solidaridad con los estudiantes y reclamar la dimisión de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León. La marcha tendrá lugar el miércoles entre el instituto Lluís Vives y la Delegación del Gobierno. Asimismo, decidieron coordinar sus recursos jurídicos para defender a los detenidos en las concentraciones y reclamar que se retiren los cargos contra las personas arrestadas.

Además, los partidos de la oposición llevaron a las instituciones resoluciones de condena de la violencia registrada. En la Diputación de Valencia, los populares votaron en contra de la moción propuesta por el socialista Toni Gaspar, que pedía condenar “la violencia” de las cargas policiales contra los estudiantes en Valencia. El popular Juan José Medina admitió que podían “haberse producido excesos en la actuación de la policía” aunque argumentó que no correspondía a su grupo determinar una cuestión que aclarará la Delegación del Gobierno. Compromís y EU votaron la proposición. En la Diputación de Castellón, Francesc Colomer, anunció la presentación de una resolución similar.

El jefe del Consell, Alberto Fabra, evitó entrar en polémicas y dejó el protagonismo a Sánchez de León, aunque otros cargos, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no dudaron en atribuir las manifestaciones “a una estrategia predeterminada de la izquierda”.

El comité de empresa de RTVV acusa a la empresa de manipulación

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, anunció que mañana, antes de la sesión de control al jefe del Consell, los grupos de la oposición mantendrán una reunión conjunta con el presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes de Secundaria, Albert Ordóñez.

Alarte le pidió ayer a la delegada del Gobierno que destituya al jefe superior de policía, Antonio Moreno, y que luego renuncie al cargo. “Ha tardado cinco días en levantar un teléfono”, sentenció el dirigente socialista.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, instó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a “dejar de esconderse y salir en defensa del pueblo agredido” y anunció una moción de urgencia en todos los Ayuntamientos para condenar “la brutal agresión policial”. Por su parte, la coordinadora general de EU, Marga Sanz, reclamó la dimisión del jefe superior de policía, al que acusó de haber “sembrado el terror en las calles”, y de la delegada del Gobierno por la “descontrolada situación”.

En Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), el comité de empresa y numerosos trabajadores protestaron ante la dirección por la manipulación de la información en Canal 9 y Ràdio 9.

Por su parte, el Síndic de Greuges, José Cholbi, decidió investigar las quejas por la represión policial de los estudiantes.

Condena unánime de la actuación policial

Además de los grupos políticos, universidades, centros educativos y hasta Amnistía Internacional condenaron el martesla actuación de la policía en las protestas del lunes en Valencia.

La ONG Amnistía Internacional se dirigió directamente al Ministerio del Interior y a la Delegación de Gobierno para que investiguen el uso “excesivo” de la fuerza por parte de la policía y solicitó que se adopten “medidas disciplinarias y penales” si procediera. Además, la organización exigió que los agentes rindan cuentas a título individual y demuestren que la fuerza que emplearon fue “necesaria y proporcionada”. También alegó que “las fuerzas de seguridad deben seguir escrupulosamente los criterios de legalidad”.

La Universitat Jaume I de Castellón lamentó “profundamente” los incidentes ante “las protestas pacíficas” y rechazó “absolutamente” el uso de la violencia, haciendo una llamada “a la mesura y al diálogo”.

La confederación de AMPAS Gonzalo Anaya exigió la depuración de responsabilidades y expresó su rechazo a la actitud policial “de manera contundente”. La agrupación resaltó que están “totalmente en contra de la violencia y las agresiones” contra “todos los que piden más inversión en educación pública”.

Una gran cantidad de centros de enseñanza, como el propio IES Lluís Vives, o comunidades educativas como la de Picanya expresaron su “repulsa” de los hechos ocurridos y alentaron al Gobierno a “gastar los presupuestos en otras necesidades sociales” como la calefacción o las becas de estudios.

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